ayudas por la crisis del covid-19

Comercio y restauración quedan fuera de la ayuda al alquiler y apelan a un nuevo plan

La batería de medidas que aprobó ayer el Gobierno no ha incluido ninguna para ayuda al pago de la renta de los locales comerciales, que han sido obligados a cerrar o cuyas ventas se han desplomado

Foto: Los comercios han tenido que echar el cierre mayoritariamente por el Covid-19.
Los comercios han tenido que echar el cierre mayoritariamente por el Covid-19.

El plan de ayuda al alquiler que aprobó ayer el Consejo de Ministros ha dejado fuera una de las grandes bolsas de rentas de este país: la correspondiente a los locales comerciales. Aunque en las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que iba a imponerse por ley una quita, la realidad es que al final no ha habido ni quita, ni moratoria ni ningún tipo de ayuda específica en ese sentido.

El Ministerio de Economía ha conseguido inclinar la balanza en favor de su discurso y, al final, en vez de presentarse un plan concreto para las rentas de este colectivo, se ha optado por dotarlo de instrumentos de diverso tipo que le permitan rebajar su factura de gastos total, especialmente en el caso de pymes y autónomos, pero evitando imponer una quita forzada al alquiler, entre otros motivos, porque Justicia ya ha dicho que no se puede obligar por real decreto, y por otra parte, porque ya cuentan con resortes legales para exigírselo al casero.

El razonamiento es el siguiente. Como la mayoría de locales comerciales ha tenido que cerrar desde el pasado 15 de marzo, ya que entonces se prohibió prácticamente toda la actividad comercial y de restauración salvo supermercados, farmacias, estancos, tintorerías y, en un primer momento, peluquerías, todos estos negocios pueden alegar que han echado la persiana por causa de fuerza mayor.

Esta figura, en el caso de los alquileres, según afirman las fuentes jurídicas consultadas, garantiza que si el inquilino recurre a un juez alegando que se ha visto obligado a cerrar su negocio por el coronavirus, este le concederá una quita de, al menos, el 50% de la renta. Fuentes empresariales matizan esta lectura, pero reconocen estar abocados a aplicar condonaciones de rentas en los negocios obligados a cerrar, y a renegociar condiciones en los que siguen abiertos pero están sufriendo un desplome de sus ventas por el confinamiento.

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Ante esta situación, son varias las empresas del sector que están esperando que el Ejecutivo dé seguridad jurídica y establezca algún tipo de marco, como se ha hecho con el alquiler de vivienda. “El Estado tiene, incluso, la obligación de regular, porque despeja incertidumbres. Siempre es mucho mejor tener un marco jurídico al que acogerse, que al menos te diga cuáles son las normas, te gusten o no”, señalan desde una gran empresa de centros comerciales.

La semana pasada, se filtró un borrador en el que se establecía una carencia en el pago de las rentas, mientras dure el confinamiento, ayuda que iba dirigida a todos los negocios obligados a echar la persiana, ya sean una gran empresa o una pequeña, y a autónomos, profesionales y pymes que, debido a la crisis del coronavirus, hayan visto desplomarse sus ingresos, aunque sigan manteniendo algo de actividad.

La semana pasada se filtró un borrador que incluía carencias al pago del alquiler en locales obligados a cerrar o con un desplome de ventas si eran pymes

Fuentes empresariales aseguran que el Ejecutivo no ha renunciado definitivamente a este plan, y señalan al Ministerio de Industria como la cartera que estaría trabajando en un borrador en este sentido. Sin embargo, la ministra Reyes Maroto, en su comparecencia de ayer, no anunció nada en concreto sobre condonación de rentas para comercios y hoteles.

Lo que sí reconoció fue estar trabajando en un plan de relanzamiento del sector turístico, para lo cual convocará el Consejo de Turismo para que plantee propuestas y el refuerzo con 60 millones de euros de la Línea de Garantías para autónomos y pymes afectados por el Covid-19 que sufran caídas de rentas o bajas de personal, gestionada a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).

Esta nueva ayuda se suma a las anunciadas por la ministra de Economía, Nadia Calviño, para autónomos, dentro de esa política de dotarles de diferentes herramientas para abaratar su factura total. En concreto, destaca la devolución de la cuota de marzo a la Seguridad Social para aquellos en cese de actividad, una moratoria de seis meses para el resto a partir de abril y solicitar un aplazamiento de sus deudas también con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.

Además, tanto las pymes como los autónomos podrán reducir parte de sus facturas de luz y gas y aplazar los pagos de los suministros durante la crisis provocada por el coronavirus para dotarse de liquidez, medidas que suman a otras ya aprobadas, como la posibilidad de diferir hasta seis meses el pago de impuestos estatales, con un tope de 30.000, de poder acogerse a ERTE por causa mayor, en el caso de pequeñas empresas obligadas a cerrar, y la posibilidad de acogerse al denominado paro de los autónomos cuando se acredite una caída de los ingresos del 75%.

En el caso concreto de los locales comerciales donde desarrollan muchos de estos profesionales su actividad, sí que se ha incluido la posibilidad de que puedan acogerse a la moratoria hipotecaria, medida que desde algunos frentes se destaca como un triunfo, y desde otros, como un agravio comparativo frente al alquiler que obligará a que también se dé algún tipo de ayuda en este sentido para las rentas.

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