La Junta de Andalucía prepara la venta millonaria del monopolio de las ITV

Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), la empresa 100% pública que monopoliza el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) en la comunidad, se prepara para su privatización. En esta clave se interpreta en el sector la decisión del Gobierno andaluz de traspasar Veiasa, hasta ahora dependiente de la agencia Idea integrada en la consejería de Economía, a la consejería de Hacienda.

Consultada esta última sobre el destino de las 70 estaciones de inspección por las que pasan anualmente casi 3,7 millones de vehículos, se confirma que esta nueva adscripción de Veiasa estará en vigor desde enero de 2020, en concreto a la secretaría general de Industria. ¿Un movimiento previo a la venta? Cabe recordar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha señalado que su Gobierno quiere mantener dentro del sector público solo las empresas que tengan un perfil social. Lo que no es el caso con Veiasa. Dicho esto, ni hay a día de hoy ningún proceso de venta abierto ni ofertas sobre la mesa, precisan en Hacienda.

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Varias fuentes del sector consultadas señalan que se espera la privatización de Veiasa como una de las más claras opciones de aligerar el sector público empresarial ya que su rentabilidad (promedio de 20 millones netos al año en esta década) y su posición monopolística la hacen atractiva. ¿El precio? Pues según el régimen de venta, entre 200 y hasta 1.000 millones. El grado de apertura a la competencia o de mantenimiento de exclusividad durante un periodo de tiempo; los compromisos a asumir con los 1.532 empleados, de los que 1.400 son indefinidos; y, en tercer lugar, la decisión de enajenar la red en bloque o por lotes, son factores clave.

El acuerdo alcanzado entre Economía, que dirige Rogelio Velasco (Cs), y Hacienda, en manos del popular Juan Bravo, está también motivado por la reflexión crítica incluida por la Intervención General de la Junta en su revisión operativa del funcionamiento de un puñado de agencias públicas empresariales realizada tras el cambio de Gobierno en Andalucía en diciembre pasado. Los interventores consideraron poco ortodoxo que la agencia Idea se esté autofinanciando con beneficios obtenidos de una participada. Tanto el traspaso de Veiasa, como de la empresa gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada (Cetursa), de Economía a Hacienda se pactó además al conformarse el gobierno de coalición andaluz.

Ahora, tras este pacto entre ambas consejerías, los recursos de Idea llegarán vía presupuesto y se compensa la caída de la financiación que supone la salida de Veiasa del perímetro de Idea. La empresa pública de las ITV forma parte también del grupo de entidades públicas dependientes de la Junta que van a ser objeto de una auditoría completa, no solo de control presupuestario, por parte de empresas privadas lanzada hace unos días por el Ejecutivo andaluz. Veiasa factura unos 120 millones anuales.

Junto a todo ello, la empresa se ha visto envuelta recientemente en una polémica en torno a la donación en 2008 de 14 millones de euros a la Corporación Tecnológica de Andalucía, fundación público-privada de la que es miembro y que ha sido condenada por la Audiencia de Sevilla a devolverle ese dinero por considerar la donación irregular. CTA va a recurrir al Supremo y defiende que el dinero se usó para hacer I+D, que era el objetivo recogido en el convenio que reguló esa donación. El propio consejero Bravo recordó hace dos semanas en el Parlamento esta situación cuando fue interpelado por el exconsejero de Economía Antonio Ramírez, precisamente sobre la posible venta de Veiasa.

Candidatos

Bravo desveló por su parte que, además de esa sentencia de la Audiencia de Sevilla, un informe de la Intervención de la Junta también considera que CTA debe reintegrar esos 14 millones a Veiasa. La empresa de ITV tiene fondos propios de 76 millones. Ramírez señaló además su preocupación por 400 eventuales que trabajan en Veiasa, aunque en su última memoria anual de 2018 la empresa cifra en 150 sus empleados temporales.

Las fuentes del sector, que estuvo semiprivatizado en Andalucía hasta que entre 2004 y 2007 vencieron las concesiones y se revirtió toda la actividad a Veiasa, apuntan a varios candidatos claramente interesados y que ya operan en España. Applus+, TÜV Sud, TÜV Rheinland, Dekra (que compró la antigua empresa pública andaluza At4 Wireless), SGS, Itevelesa o Ivesur.

También Ángel de Haro, el presidente del Betis que estuvo asociado con la firma catalana de ITV Barcel Euro en España y hoy mantiene solo un par de estaciones en Portugal, podría estar interesado. En caso de venta en bloque sin mantenimiento de la exclusividad, es decir permitiendo que otros actores privados entren a competir, la horquilla se sitúa entorno a los 200 millones de euros, según los industriales consultados. Pero si se decide mantener la exclusividad por ejemplo por dos décadas, el precio podría dispararse hasta 1.000 millones.

"La Junta podría pedir lo que quisiera en este caso", resumen los directivos contactados. El Gobierno regional mira fundamentalmente al modelo de Madrid, totalmente liberalizado, lo que hace prever que haya más actores en el futuro mapa andaluz de la revisión técnica de vehículos. Todos esos actores pagarían cánones por esas instalaciones, por lo que además del ingreso inmediato de la venta la Administración se garantizaría la percepción de esas tasas.