El caso UGT carga más la mochila política de Susana Díaz tras los ERE

El PSOE andaluz está, desde la sentencia de los ERE, absorbido por un tornado que no para de centrifugar. La sensación de asfixia es similar a la vivida cuando estalló el caso en manos de la jueza Mercedes Alaya, confiesa un ex alto cargo. Desde el día en que trascendió la condena a la cúpula política del Gobierno andaluz durante casi dos décadas, no hay jornada en la que no haya un nuevo sobresalto para el partido de Susana Díaz. El último, el auto de procesamiento de la anterior ejecutiva de UGT Andalucía por el caso de lasfacturas falsas del sindicato. Un auto que afecta de forma indirecta a su marido, José María Moriche, que cobró sus nóminas como trabajador de dos expedientes donde el juez señala que hubo fraude.

El PP siempre ha denunciado que parte del dinero de los parados saqueado por UGT acabó en casa de Susana Díaz. De forma indirecta, es cierto, aunque ni ella ni su marido podían saberlo. El juez asume, tal y como indicó la Junta en un informe de evaluación que le encargó el propio juzgado, que existían mecanismos diseñados para defraudar dinero de las subvenciones para cursos de formación a parados y trabajadores. El sindicato se abonó a fórmulas como el rapel y el bote, con descuentos que no se registraban y facturas infladas de proveedores, o la financiación ilegal mediante alquileres ficticios de sus propias sedes. Así defraudaron supuestamente desde 2009 a 2013 un total de 40,7 millones de euros.

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Susana Díaz ya dio explicaciones en la comisión de investigación de los cursos de formación en el Parlamento andaluz sobre las nóminas de su marido cuando trabajó como administrativo para UGT y su fundación IFES, Instituto de Formación y Estudios Sociales. Su comparecencia trascendió por una confesión que no fue espontánea, la llevaba preparada, y que sonó así: “Me he casado con un tieso. Sí, y qué pasa”.

"El tieso"

Pasa que el juez incluye entre los 14 expedientes de subvenciones bajo sospecha de fraude dos, que suman 11 de millones de euros, en los que figuran las nóminas del marido de Díaz. En concreto, los expedientes UGT-A 98/2009/M/211 y 98/2009/J/217.

Este ha sido siempre uno de los aspectos que más enervaban y molestaban a Susana Díaz, el intento de vinculación de su marido con el fraude de la formación. El PP es quien más explicaciones ha pedido sobre las relaciones de José María Moriche con la fundación de UGT, Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), clave porque fue supuestamente una de las que más fondos públicos desviaron, cargando a la Junta por presuntas acciones formativas todo tipo de gastos del sindicato.

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Durante la comisión de investigación de los cursos, hubo que esperar cuatro meses y elevar muchas reclamaciones para que llegara al Parlamento andaluz el famoso expediente 98/2009/J/217, por ocho millones de euros en ayudas públicas, donde figuraba el marido de Susana Díaz. Moriche trabajó como administrativo en esta fundación de UGT. Según fuentes del Gobierno andaluz, tuvo un contrato de fijo discontinuo “durante unos ocho años” y lo llamaban de forma puntual “por meses”. Su sueldo, aseguran, era de “mileurista”. Durante mucho tiempo, la Junta limitó la vinculación de Moriche con el sindicato a un año, 2010. Después, se supo que fueron muchos más.

¿Administrativo o tutor?

Según la documentación oficial, al marido de la presidenta se le abonaron nóminas en concepto de “preparación, tutoría y evaluación” para cursos de informática de usuario, operador de cámara, técnico de sistemas microinformáticos y formador ocupacional con cargos a las ayudas dadas al sindicato para cursos. Figuró como empleado del sindicato de 2004 a 2012. Dejó su trabajo justo cuando su esposa ascendió a la presidencia de la Junta de Andalucía. Díaz siempre ha defendido que su empleo era como “auxiliar administrativo” con nóminas “entre 700 y 1.200 euros con pagas prorrateadas”. Mostró sus nóminas en el Parlamento andaluz. El PP apuntó que “200.000 euros” del dinero defraudado de subvenciones para cursos “habían entrado en su casa”.

“Un auxiliar administrativo no tiene que responder si un sindicato como UGT gestionó bien o mal los fondos”, insistió la presidenta cuando declaró ante la oposición en el Parlamento andaluz por este asunto. Nadie ha podido demostrar que Moriche supiera cómo obtenía el sindicato el dinero con el que le pagaban por su trabajo. Como el marido de Díaz, hay muchos otros trabajadores. El mecanismo de fraude instaurado iba destinado a la financiación ilegal del sindicato y con esos fondos se pagaban desde nóminas hasta comilonas en la Feria de Abril de Sevilla.

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El Gobierno andaluz admitió que pasó cinco años, desde 2008 a 2013, sin revisar las subvenciones concedidas al sindicato, que se acogió a las exoneraciones aprobadas y que evitó la comprobación de las subvenciones concedidas durante todo un lustro. El actual Gobierno de PP y Cs reclamó al sindicato la devolución de 18 millones de euros por irregularidades.

Tensión con el sindicato

Desde que Susana Díaz accedió a la presidencia de la Junta, cortó de raíz las relaciones con el sindicato. La causa de los ERE estaba en plena efervescencia y en 2012, ante la aparición de irregularidades, el Gobierno andaluz presidido por José Antonio Griñán decidió suspender todas las ayudas dedicadas a los cursos de formación. Díaz mantuvo esa suspensión cinco años. En 2013, además, activó todas las auditorias internas sobre los expedientes de UGT. La relación con el sindicato hermano se hizo trizas. Nunca un presidente de la Junta había tenido una relación tan mala con el secretario general de UGT-A como la que mantuvieron Susana Díaz y Carmen Castilla. Ya la cosa nació torcida. Un pinchazo telefónico recogió a Castilla diciendo ante la investidura de la socialista: “Tiene cojones que la prensa diga que soy Susana Díaz... Con lo fea que es”. Solo al final del mandato las dos líderes mejoraron algo sus relaciones.

Esta semana, también la Fiscalía ha vuelto a pedir la imputación de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías por la ayuda en 1999 a una industria cárnica de Jaén, Cárnicas Molina, que propició que se pusiera en marcha el fondo de los ERE que ahora la Justicia ha condenado por ser ilegal y repartir ayudas públicas sin control.