FRAUDE DE AYUDAS PÚBLICAS

Procesan a la excúpula andaluza de UGT por desviar 40 millones para su financiación

El juez sentará en el banquillo a la anterior cúpula del sindicato excepto a Manuel Pastrana, por "incapacidad sobrevenida", y asume que se apropiaron fondos de los cursos

Foto: Francisco Fernández Sevilla. (EFE)
Francisco Fernández Sevilla. (EFE)

El juez de instrucción número 9 de Sevilla ha dictado un nuevo auto en el caso de las facturas falsas de UGT en Andalucía. Procesa al exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla junto a otras 14 personas de la anterior cúpula directiva. Los acusa de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil.

La cantidad que el sindicato podría haber desviado para financiarse de forma ilegal asciende a 40 millones de euros y coincide con el menoscabo en los expedientes con supuestas irregularidades que detectó la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

En el auto el juez archiva de forma provisional la causa para quien fue el hombre clave del sindicato en Andalucía, Manuel Pastrana, por “incapacidad sobrevenida”. Pastrana sufre una grave enfermedad irreversible.

Los hechos investigados se acotan entre 2009 y 2013. El auto señala que se ha demostrado que había “procedimientos concertados” entre los responsables de UGT Andalucía y determinados proveedores para que el sindicato se financiara y pagara “actuaciones propias”. El dinero recibido a través de subvenciones públicas se destinaba a fines distintos a los que debían ir destinados. Las ayudas de las que UGT se lucraba era la que debía destinar a cursos para parados y trabajadores.

En septiembre de 2018, la Junta de Andalucía remitió un informe al juzgado en el que examinaba, a petición del juez instructor, sobre las ayudas recibidas por el sindicato dentro de los fondos de formación. El documento ya certificó el desvío de fondos públicos por parte del sindicato imputándose gastos no justificados, alquileres de sedes, equipos, obras y multiplicando costes de profesores o asesoría legal. En concreto, el informe señala los “mecanismos defraudatorios” empleados por el sindicato ‘hermano’ del PSOE.

La fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente de UGT, y otras sociedades mercantiles como Soralpe I+D S.L brindaron al sindicato la coartada perfecta para supuestamente inflar sus gastos, según recoge esta especie de auditoría.

El auto señala tres vías concretas para el supuesto fraude de las subvenciones públicas. “El mecanismo llamado rappel, por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la administración que otorgaba la correspondiente subvención completa”. “El mecanismo llamado bote, informatizado y controlado a través de un programa informático llamado Spyro, sistema por el que el sindicato se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas; estas facturas no corresponderían a servicio prestado alguno, pero eran imputadas a programas subvencionados”. Como última vía para el fraude, la sentencia apunta a la cesión de inmuebles de las fundaciones dependientes del sindicato UGT, Soralpe e IFES, para prestar los cursos a cambios de elevadas cantidades como una especie de alquiler o para abonar supuestos gastos de mantenimiento. Procedía a alquilarlos "para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable", señala el auto.

En el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor del investigado Federico F. H., Secretario General de Administración, que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica. En esta labor contaba con el apoyo directo del investigado Francisco Fernández Sevilla, Vicesecretario de Organización, de la investigada María C. O., Secretaria de Gestión Económica, y de la investigada María Dolores S. M., responsable del Departamento de Compras.

Para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración de la entidad Soralpe, y en concreto de su consejero delegado el investigado Enrique G. S., la resolución judicial señala una serie de “proveedores que prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude”. Menciona a las empresas Chavsa, Lienzo Gráfico, Servicios de Información y Organización (Siosa), Viajes Macarena, Karonte Nuevos Desarrollos SL, BJ ED San Francisco de Jaén, Carpetas Abadía, Publicar e Imprenta Pineda. Todos sus administradores también están investigados en la causa. El sistema exigía trabajar siempre con las mismas empresas de confianza.

Dentro de la entidad sindical Manuel Pastrana Casado desempeñó la secretaría general hasta mayo de 2013. A partir de mayo de dicho año asumió el cargo Francisco Fernández Sevilla, hasta el 3 de diciembre del mismo año, habiendo desempeñado antes las funciones de Vicesecretario de Organización.

La causa judicial investiga un total de 14 expedientes de subvenciones aprobados por la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía. Señala además que para poder crear el sistema de ‘rappel’ y bote “tuvo especial relevancia la creación por decisión directa de Manuel Pastrana de la Central de Compras en 2006, con la finalidad de centralizar la relación con los proveedores de UGT-A”. El auto repasa expediente a expediente el dinero defraudado por las tres vías puestas en marcha para defraudar y que alcanzaron un importante montante en la época analizada.

Andalucía

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