El caso de financiación ilegal de UGT Andalucía topa con el Estado de México

Roberto Macías está imputado en conexión con el caso de presunta financiación ilegal de UGT Andalucía que investiga un juzgado de Sevilla. Está acusado por el sindicato, en otro tribunal sevillano, por filtración y revelación de secretos.

La cúpula sindical lo señala por haber sido supuestamente quien destapó sus tejemanejes contables. Las prácticas de ‘rapel’ y bote, con las que el sindicato pudo haber desviado fondos públicos, entre otros numerosas ayudas para cursos de formación, hacia gastos propios, comilonas, regalos, fiestas... A Macías lo acusan de haberse llevado, en noviembre de 2012, en un ‘pen drive’ más de 20.000 archivos confidenciales de compras. Un mes después, fue despedido.

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La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel. La dirección de UGT Andalucía lo acusa de haber pasado decenas de capturas de pantalla con facturas y extractos bancarios que revelarían la financiación ilegal. Macías, padre de dos hijos, teme acabar en la cárcel. Su situación económica admite que es “desde hace unos años muy precaria” y tiene serias dificultades para afrontar su defensa. La Fiscalía pide también contra él 60.000 euros de multa. Macías declaró ante la Guardia Civil en 2014 como un testigo clave en la investigación del destino de millones de euros de dinero público.

La dirección acusa a Macías de haber pasado capturas de pantalla con facturas y extractos bancarios que revelarían la financiación ilegal

El ex administrativo formó parte de la plantilla del sindicato seis años y fue acusado de revelación de secretos por supuestamente haber filtrado documentos a la prensa. Entre otros, jugosos datos bancarios que demostrarían la buena vida de los dirigentes ‘ugetistas’ a cuenta de la VISA del sindicato. Viajes, hoteles, comidas... Él lo niega. Asegura que ni lo hizo ni hay pruebas concluyentes.

El milagro de Guadalajara

Hace un año llegó a su vida el abogado mexicano Raúl Padilla. Se conocieron en Guadalajara (México). Roberto se desplazó a su país, donde impartió varias conferencias en la universidad sobre corrupción. Una amiga común les hizo de enlace y el abogado se comprometió a defender su caso sin una remuneración económica a cambio. “Desde ese momento lleva mi asunto de forma totalmente solidaria. Un milagro porque sin él no hubiera sido imposible”, explica Macías.

El abogado mexicano Raúl Padilla se ha encargado gratuitamente del caso en México y alucinó con la "indefensión" del acusado de UGT

Con un café de por medio este abogado alucinó con la situación de indefensión en la que estaba su compatriota. Tras el registro en su domicilio, Macías había acudido a pedir protección al consulado de México en España. Su sorpresa fue que la embajada se lavó las manos. Prefirió no actuar. Alegó que cuando la Policía tomó declaración al imputado éste se declaró ciudadano español y había renunciado así a su nacionalidad mexicana y al apoyo de su país.

El abogado Raúl Padilla no lo entendió así. Emprendió una pelea en los tribunales de su país que, por fin, han traído buenas noticias al que fue trabajador de UGT de 2006 a 2012. El fallo judicial, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que sí debería haberse dado protección consular a Macías como él mismo solicitó y “conforme a los dispuesto en artículo 36 de la Convención de Viena”. El fallo se muestra a favor de “brindar al quejoso como connacional mexicano una asesoría y representación legal ante los tribunales y autoridades del Estado receptor, sin pretextar que el quejoso se ha ostentado como ciudadano español”.

Pagar el abogado

El Estado mexicano se equivocó a la luz del nuevo fallo judicial. Negó protección a Macías porque gozaba de doble nacionalidad y porque no consideraban que debían intervenir si su compatriota no estaba detenido. “El fallo judicial ordena a las autoridades a emitir un nuevo oficio de contestación a la solicitud de Roberto y contestarle en sentido positivo. Es decir no sólo que se le brinde asesoría sino que inclusive se le represente ante los tribunales españoles”, explica el letrado en conversación con este periódico. “Las autoridades tienen la obligación de asistirle y protegerle desde el momento que se inicia el proceso penal en su contra y no cuando es privado de su libertad”, añade Padilla. Las autoridades mexicanas tienen diez días para interponer un recurso y después, si no recurre, tres para ejecutar el fallo.

En marzo de 2017, el imputado por revelación de secretos seguía pidiendo auxilio a la embajada sin éxito, según la sentencia

Macías se dirigió al cónsul de México en Madrid, Bernardo Córdova, nombrado en 2013 por el presidente Peña Nieto y desde julio embajador en Turquía. Su primer escrito fue en 2014. La sentencia acredita que, en marzo de 2017, el imputado por revelación de secretos seguía pidiendo auxilio a la embajada sin éxito. También sus padres y su hermana se dirigieron a pedir amparo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, equivalente al Defensor del Pueblo español, y no lograron nada.

Ahora, la suerte de este miembro de la Plataforma por la Honestidad, que en abril es encadenó desesperado a la sede de UGT en Madrid para denunciar su situación, puede cambiar. El Estado de México tiene que prestarle abogado y defender a su compatriota ante uno de los principales sindicatos de España.