en el ayuntamiento socialista de fuenlabrada

El caso Emperador afloró una guerra interna en UGT: fraudes, chantajes y vídeos sexuales

La trama china ocultó cómo un dirigente del sindicato intentó chantajear al alcalde y a su mujer, también de UGT, con una grabación de un edil socialista mantiendo relaciones con una menor

Foto: Manuel Robles, en el centro, exalcalde socialista de Fuenlabrada.
Manuel Robles, en el centro, exalcalde socialista de Fuenlabrada.

Más de seis años después, la Audiencia Nacional sigue instruyendo el caso Emperador, una trama de corrupción liderada por empresarios chinos cuyo centro de operaciones era el municipio madrileño de Fuenlabrada y que, presuntamente, defraudó millones de euros a Hacienda. El sumario, que salpicó a políticos locales y policías nacionales, oculta también una guerra interna que se libró dentro de este consistorio, gobernado durante 40 años por el PSOE y controlado por su sindicato afín, la UGT, una batalla que incluye supuestos vídeos sexuales con menores, chantajes, denuncias internas y destituciones, con importantes ramificaciones judiciales que no han terminado de dirimirse en los tribunales.

Esta historia comienza a principios del año 2012, cuando el municipio lo gobernaba el alcalde socialista Manolo Robles (actualmente presidente del PSOE de Madrid). Su mujer, Gregoria Ortega López (aunque ella prefiere que la llamen Esther), también tenía mucho poder en el consistorio. Era jefa de unidad de gestión del Patronato de Cultura y responsable de la Unión Comarcal Suroeste del sindicato. Tanto poder, que bautizaron a la pareja como la "familia de secretarios generales". Ese año, la UGT decidió hacer un ERE entre sus trabajadores, en la sede central de Madrid, y uno de los señalados fue el yerno de Robles y Ortega, casado con la hija de ambos.

Un ERE que levantó ampollas. El secretario general de la UGT en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Juan Gálvez, jerárquicamente subalterno de Gregoria Ortega, denunció internamente "el presunto apaño que la familia de secretarios generales había realizado para que el yerno de ambos, trabajador afectado por el ERE, cobrara una indemnización superior a la marcada por la actual legislación laboral y posteriormente volver a ser trabajador de la UGT, en otra federación, a cambio de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobara una subvención al sindicato muy por encima de lo que actualmente se venía aprobando, lo cual supondría un claro fraude de ley". Así rezaba el escrito que elevó al secretario general de la UGT, entonces Cándido Méndez.

La denuncia conllevó consecuencias. La primera, la destitución de Gálvez como secretario general del sindicato en el consistorio, el nombramiento de una gestora en su lugar y el cambio de las cerraduras del local que Gálvez y sus compañeros (la denuncia interna la firmaron cuatro personas) utilizaban para sus funciones sindicales. El argumento utilizado para cargarse a Gálvez fue que no había convocado una asamblea de gestión, que había que celebrar cada dos años y tocaba hacerla en mayo de 2012. También hubo represalias laborales. Gálvez, encargado del servicio de infraestructuras de Tráfico, fue apartado de su puesto y recolocado en otra plaza sin funciones, perdiendo así un plus de responsabilidad mensual de 580 euros.

Gregoria Ortega, con un círculo negro.
Gregoria Ortega, con un círculo negro.

En este escenario, el sumario del caso Emperador revela cómo se libró entonces una batalla soterrada dentro de UGT tras la destitución de Gálvez. Una guerra interna que se pudo conocer porque la Policía Nacional tenía pinchado el teléfono móvil de un concejal socialista, José Borrás, que gestionaba entonces Recursos Humanos y Seguridad. Borrás ha estado imputado en esta causa hasta octubre de 2018. El auto de sobreseimiento destaca que "no se ha concretado en el transcurso de más de cinco años desde la inicial imputación y de siete de investigación, siquiera indiciariamente, la existencia de una conducta penalmente ilícita atribuible a José Borrás".

El 12 de junio de 2012, a las 13:40, Borrás recibe una llamada de una persona que se identifica como Esther, cuyo número de móvil es el que mantiene hoy Gregoria Ortega López. "Esther le dice que necesita verle esta tarde urgentemente, que tiene un documento fortísimo de Juan Gálvez a la organización, a Cándido Méndez y a José Ricardo [se refiere a José Ricardo Martínez, por esas fechas secretario general de UGT de Madrid, condenado después por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid]". Gálvez y sus compañeros ya habían presentado la denuncia interna por los tejemanejes para recolocar al yerno del alcalde Robles y Gregoria Ortega.

UGT reaccionó cesándole y montando una gestora en la sección sindical del ayuntamiento. Pero Gálvez no se quedó quieto, según revelan las conversaciones grabadas. Días después, el 19 de junio de 2012, el edil Borrás recibe la llamada de otra persona que acaba de mantener una conversación con un tal Carmelo —se refiere a Carmelo Ruiz, miembro de la ejecutiva de UGT Madrid—, que al parecer "se ha puesto muy nervioso". ¿Por qué esos nervios dentro del sindicato? "El hombre le dice [a Borrás] que Juanito [Juan Gálvez] está jugando muy fuerte, hasta el extremo de que tiene una cinta grabada que involucra a un concejal, pero no dice a quién. José le dice qué dice la cinta. El hombre le dice que el concejal se está follando a una menor, que lo pone encima de la mesa como chantaje".

Juan Gálvez no ha querido atender a El Confidencial, pero este diario ha podido saber que tras ser cesado en junio de 2012, el propio Gálvez y los compañeros que denunciaron los favores al yerno del alcalde se hicieron con una cinta, grabada en un local de alterne controlado por empresarios chinos, en la que se veía a un concejal del equipo de Robles manteniendo relaciones con una chica oriental, al parecer menor. El edil ya no está en el actual equipo de Gobierno local. Gálvez utilizó esa cinta, que le enseñó otro ex alto cargo del ayuntamiento, para presionar dentro de UGT y contrarrestar su cese.

El exconcejal socialista José Borrás.
El exconcejal socialista José Borrás.

La llamada telefónica a Borrás prosigue. Su interlocutor señala "que ha oído la cinta, que ha ido al comité con la cinta. El hombre le dice que para echar mierda. José le dice que la organización tiene que tomar sus decisiones, que eso no puede servir de extorsión para la organización", señala la transcripción hecha por la Policía Nacional. "José [Borrás] le dice que vale, que la semana que viene harán una comida con Carmelo y quien tenga responsabilidad que asuma, que una persona puede caer, pero que la organización, no. El hombre le dice que hay que tener cuidado con ese tío, que graba. José le dice que si tiene huevos, que la saque".

Las presiones de Gálvez no sirvieron. Al final, nunca utilizó esa cinta y perdió la batalla dentro de UGT. Otra llamada, producida el 26 de junio, entre José Borrás y Gregoria Ortega, anuncia cómo la mujer del alcalde "va a montar una gestora en la sección sindical y necesita las llaves a partir de las dos y media, que se cambien bombines y seguramente protección policial. José le dice que se pone al habla con Cano [se refiere a Francisco Cano de la Vega, entonces jefe de la Policía Local y hoy imputado en otro caso de corrupción, el caso Enredadera]. La mujer le dice que con total discreción, que no quiere que saquen papeles ni nada". UGT castigó a los denunciantes, Gálvez y sus compañeros, apartándoles de la dirección sindical del ayuntamiento y prohibiéndoles entrar en el local que tenían para reunirse. Incluso se cambiaron las cerraduras.

Gálvez tiene hoy solo 53 años y lleva de baja permanente desde finales de 2014. En su casa, cobrando una pensión, pero apartado del ayuntamiento. La guerra interna no acabó ahí. Gregoria Ortega le metió dos denuncias. En la primera, acusó a Gálvez de mandarle vídeos con contenido ofensivo y pornográfico y de enviarle anónimos escritos con amenazas de muerte hacia ella y su familia. El juicio tuvo lugar en diciembre de 2012 y el juzgado de instrucción número 1 de Fuenlabrada absolvió a Gálvez. La segunda fue por injurias y calumnias, por la denuncia interna sobre su yerno. Un juzgado penal de Móstoles volvió a fallar a favor de Gálvez en mayo de 2017.

En conversación telefónica con este periódico, Gregoria Ortega recalca que sus problemas con Gálvez nada tienen que ver con el caso Emperador y que "todo se debió a que el objetivo de Juan Gálvez siempre fue mantener el poder". No quiere dar detalles sobre las denuncias que puso y asegura que actualmente hay en un juzgado una tercera denuncia contra él. "Chantajearon a UGT y a mi familia. Y nosotros somos una familia honrada", señala.

Madrid

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