Más enchufes en Fuenlabrada: el hijo de un asesor y la exnúmero dos de Tomás Gómez

El Ayuntamiento madrileño de Fuenlabrada, gobernado por el PSOE con el apoyo de IU-CM, ha creado una bolsa de empleo para contratar nuevos administrativos. Entre los ocho agraciados están el hijo de un exconcejal socialista, que actualmente es asesor del Gobierno local, y una exalcaldesa caída en desgracia, que también es esposa de un asesor del consistorio. Como ya publicó El Confidencial, Fuenlabrada finalizó el año pasado un proceso para hacer funcionaria a la mujer del alcalde, lo que fue denunciado por el sindicato CSIF y judicializado en los tribunales. Podemos Fuenlabrada ha recordado al regidor que "igualdad, mérito y capacidad deben ser los principios constitucionales que deben regir todos los procesos para acceder a un empleo público".

La oposición y algunos sindicatos llevan años denunciando que el ayuntamiento fuenlabreño funciona como una agencia de colocación para enchufar a familiares y amigos del único partido que ha gobernado la localidad en democracia, el PSOE. El último ejemplo es el decreto firmado por el alcalde, Francisco Javier Ayala, el pasado 5 de julio. Tres meses antes, en abril, se habían aprobado las bases para crear una bolsa de empleo temporal para contratar técnicos superiores de la Administración general en su rama jurídica (subgrupo A1). Su salario bruto anual ronda los 50.000 euros.

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David Fernández

El ayuntamiento realizó un proceso selectivo y concretó una bolsa de empleo con ocho seleccionados. En el número dos figura Julio Crespo Gutiérrez, hijo de Julio Crespo Santos, que fue concejal de Presidencia y primer teniente de alcaldía. Hoy es asesor en el Gobierno local. En el número siete aparece Trinidad Rollán Sierra, exalcaldesa socialista de Torrejón de Ardoz (1999-2007) y pareja de Valentín Gómez Lirola, también asesor en el ayuntamiento. Trinidad Rollán llegó a tener mucho peso en el Partido Socialista de Madrid. Fue secretaria de Organización y número dos de Tomás Gómez. Este tuvo que prescindir de ella en enero de 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la condenó a ocho años de inhabilitación por prevaricación. El Supremo la absolvió un año después.

Un portavoz municipal asegura a El Confidencial que esta bolsa de empleo temporal "es una práctica habitual en todas las administraciones públicas, en este caso de técnicos jurídicos, para la cobertura de necesidades específicas y temporales, para sustituir jubilaciones, bajas... En ningún caso son plazas fijas". De hecho, el puesto que se cubre tiene una plazo máximo de tres años. El ayuntamiento explica que "en este caso se trata de un procedimiento público y abierto para licenciados en Derecho que constaba de dos pruebas prácticas eliminatorias y un concurso de méritos".

Desde el consistorio insisten en que durante todo el proceso estuvieron presentes como observadores los sindicatos representados en el ayuntamiento "sin que se presentase alegación, queja u observación alguna al mismo. Tampoco hubo alegación alguna de los candidatos presentados. En todo momento se han garantizado los principios de igualdad, mérito y capacidad, y se ha tratado de un procedimiento transparente y abierto. Los miembros del tribunal son empleados públicos con la titulación exigida, de prestigio, y no acuden en representación de ninguna organización, tal y como obliga el Estatuto Básico del Empleado Público". De momento, el ayuntamiento ya ha contratado a dos personas de las ocho de esta bolsa y, en próximas fechas, se contratará a una tercera. Por la Ley de Protección de Datos, el consistorio no quiere dar los nombres.

Desde CSIF señalan que esta bolsa de empleo es otro sistema más que utiliza el ayuntamiento para colocar afines. "En principio, los contratados a partir de esta bolsa entran para un periodo de tres años y después pasarán a tener un contrato hasta la oferta de empleo público. En esa oferta de empleo estas personas ya partirán con el 40% de nota en la fase de concurso, como ha ocurrido en otros casos, por lo que la posiblidad de que se queden fuera del consistorio a largo plazo es casi nula". Podemos ha enviado un comunicado a sus militantes criticando los procesos de selección del Gobierno socialista en Fuenlabrada.

"Hijos de, cónyuges de, familiares en distinto grado, amigos, responsables políticos de otros municipios, responsables sindicales… Parece que el nepotismo se ha instalado en los recursos humanos municipales y que la duda se cierne sobre los empleados públicos municipales (…) el alcalde debe aportar transparencia a esta situación, y establecer una política de recursos humanos clara y que despeje toda sombra de dudas", señala Podemos. Lo que está claro es que los nombramientos y contrataciones que se están llevando a cabo en Fuenlabrada están generando tensiones internas.

CCOO y UGT han lanzado un duro comunicado criticando a CSIF, al que califican de "lacra sindical" y acusan de acosar a determinados trabajadores del ayuntamiento. Se refieren a María José Sánchez Martín, técnico medio de la empresa pública Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), delegada sindical de UGT y mujer del alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala Ortega. Como publicó este diario el pasado 17 de marzo de 2017, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) formalizó el nombramiento como funcionarios de carrera de 20 trabajadores del CIFE.

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Concluía así un proceso de funcionarización que llevaba años tramitándose en el consistorio. Uno de los nombres de la lista es María José Sánchez Martín, "técnico medio" del CIFE con un salario bruto anual de 51.567 euros. El juzgado de lo contencioso administrativo número 13 de Madrid dirimirá a mediados de octubre si su nombramiento y el de sus 19 compañeros se ajusta a derecho tras la demanda interpuesta por el sindicato CSIF, que habla de proceso "viciado". Para el consistorio, en cambio, "está claro que el proceso se hizo conforme a la ley y no existen irregularidades".