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Un informe de la Junta andaluza certifica los “mecanismos defraudatorios” de UGT

El sindicato desvió ayudas públicas imputándose gastos no justificados, alquileres de sedes, obras y duplicando costes, utilizando una fundación y varias sociedades mercantiles

Foto: El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez. (EFE)
El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez. (EFE)

La Junta de Andalucía ha remitido un informe al juzgado que lleva el caso UGT en el que indaga, a petición del juez instructor, sobre las ayudas recibidas por el sindicato dentro de los fondos de formación. El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial y que se unió a las actuaciones el pasado 21 de agosto, certifica el desvío de fondos públicos por parte del sindicato imputándose gastos no justificados, alquileres de sedes, equipos, obras y multiplicando costes de profesores o asesoría legal. En concreto, el informe señala los “mecanismos defraudatorios” empleados por el sindicato ‘hermano’ del PSOE.

La fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente de UGT, y otras sociedades mercantiles como Soralpe I+D S.L brindaron al sindicato la coartada perfecta para supuestamente inflar sus gastos, según recoge esta especie de auditoría.

El informe remitido al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que lleva el caso de las facturas falsas de UGT Andalucía, está elaborado, por orden del instructor, por el interventor delegado de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz destaca la "autonomía" del perito y declinó hacer valoraciones. Este se queja en varias partes del informe de la escasez de recursos para elaborar con rigor este informe pericial. De hecho, concluye, antes del análisis de expedientes de ayudas concretos, que las cantidades supuestamente defraudadas que se señalan son “mínimas a la espera de la cuantificación final”.

Por su parte, UGT-A recuerda que su gestión “fue auditada y recibió el visto bueno”, y limita lo ocurrido a “presuntos errores administrativos” que lamenta se han “judicializado de esta manera, vía penal”.

Cinco millones en 32 expedientes

El análisis de todos los expedientes analizados por la intervención de la Junta eleva a 5,3 millones de euros las cantidades posiblemente defraudadas entre 2009 y 2013. En concreto, el informe, de 130 páginas, aborda 32 expedientes concretos. La pericial se pidió en marzo de 2015 y se ha aportado al juzgado a finales de agosto. El interventor destaca la falta de personal, de ayuda y la ingente documentación que ha tenido que analizar.

Las ayudas analizadas fueron concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo con la orden de formación de 2009. UGT tenía margen para subcontratar a través de su fundación IFES la mayoría de sus actividades formativas. Un convenio articulaba esta subcontrata con claridad. El problema surge cuando el sindicato duplicaba cantidades en sus facturas. Por ejemplo, imputaba gastos de formación o de contratación de profesores como UGT y como IFES. El sindicato solo podría haber ejecutado gastos de supervisión o evaluación de los cursos, pero “no cabe imputar gasto alguno a UGT como beneficiaria”, señala el interventor.

Atendiendo a un ejemplo de expediente concreto, el sindicato recibe una subvención de la Junta de 16,5 millones de euros para montar el curso y se lo subcontrata a su fundación. Era automático. Hasta ahí todo correcto, el problema surge cuando al presentar gastos y facturas imputa a IFES 13,7 millones de euros, y el resto (2,8 millones) aparece como gastos del propio sindicato.

Un informe de la Junta andaluza certifica los “mecanismos defraudatorios” de UGT

En el caso de cursos para ocupados, UGT también subcontrata a otras entidades para que los realicen, lo que no cabría según la ley de subvenciones, pero en ese caso las cuentas son claras. El gasto se imputa al 100% a la entidad contratada.

Gastos de "difícil encaje"

“Aparecen gastos correspondientes a UGT-A en una diversidad propia de los conceptos en categoría de gastos: coste de personal interno y externo, gastos de mantenimiento, de servicios generales (luz, agua, limpieza, etc.), junto a otros de difícil calificación, como gastos de asesoramiento legal o contable, que tienen difícil encaje como gastos subvencionables”, señala el informe pericial.

Es en los gastos de alquileres y sedes donde se detectan las mayores cantidades supuestamente defraudadas. Para ello, UGT contaba con la mercantil Soralpe, a través de la que contrataba, lo que, según el informe, le permitía inflar el coste real de estos alquileres. Según el interventor, todos los gastos imputados a esta sociedad serían en principio “no subvencionables” y además se utilizaban para “elevar los costes”. “Estos gastos de alquileres de aulas e instalaciones han sido uno de los aspectos principales de la investigación. Del entramado de entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, UGT, deriva la práctica de lo que parece ser un aumento innecesario del coste de la subvención”, apunta la intervención de la Junta. Todo apunta a que el sindicato se realquilaba sus propias aulas y equipos como gastos.

En los gastos de alquileres y sedes está uno de los puntos principales de la investigación sobre las 'facturas falsas' de UGT Andalucía, según el informe

El interventor también analiza las fórmulas de rapel y bote, supuestamente utilizadas por UGT para defraudar con determinados proveedores, que aplicaban descuentos que el sindicato se embolsaba. Detecta que las facturas se inflan levemente, a veces no más de un 1%, pero en ocasiones esto supone miles de euros a favor del sindicato. El interventor delegado de la Consejería de Economía no cuantifica la práctica del bote, de la que sí alertó la Guardia Civil.

Desde UGT Andalucía, explican que los abogados de la organización están “analizando la información sobre el informe pericial y estudiando posibles medidas”. “UGT quiere destacar del documento una evidencia que muchos han querido pasar por alto hasta ahora: que las facturas emitidas ponen de manifiesto que IFES ejecutaba los cursos en su totalidad”, alega el sindicato, defendiendo que los cursos se impartían con rigor. “Entendemos que el perito hace interpretaciones no justificadas cuando entiende que los alquileres de equipos y aulas, y la gestión a través de entidades vinculadas al sindicato, derivan en lo que 'parece ser un aumento innecesario del coste de la subvención", defiende el sindicato.

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