El Gobierno andaluz rebaja a 32.000 los inmigrantes irregulares y desmiente a Vox

El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, cifró en el Parlamento en 32.000 los inmigrantes irregulares en la comunidad autónoma. El líder del PP desmintió la cifra de 52.000 que dio Vox, a partir de un informe de un sindicato policial, y que pidió deportar a sus países. La cifra no es definitiva y es un máximo, explicaron fuentes del Gobierno andaluz, "puede que esté inflado", aclararon.

Moreno abordó con el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, una pregunta en la que el partido de ultraderecha le recordó el compromiso firmado de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir la ley y permitir que se inicien expedientes de expulsión de personas en situación irregular. El presidente andaluz aseguró que colaborarán con la Policía "siempre dentro de la ley" y atenderán, apostilló, cualquier requerimiento judicial. Al Gobierno andaluz "no le consta" que hasta ahora ningún cuerpo policial se haya dirigido a la Junta para pedir esas fichas sanitarias.

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El quid está en las tarjetas sanitarias. En septiembre de 2018, entró en vigor una nueva normativa para la tarjeta 85. Los residentes sin papeles tienen derecho en cualquier caso a la asistencia sanitaria pública, pero para recibir la tarjeta deben aportar una serie de datos que la Consejería de Salud, hasta la fecha, ha custodiado sin compartir con la Policía.

Aunque Vox defendió, tras firmar el acuerdo de investidura con el PP, que había pactado expulsar a 52.000 inmigrantes indocumentados, eso nunca figuró en los documentos firmados. Sí se garantizaba, en el punto 27, "cumplir con la legislación vigente" y evitar medidas que contribuyan al "efecto llamada", y, en el 28, "apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Opinión

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Así lo recordó el diputado de Vox Alejandro Hernández al presidente de la Junta, a quien pidió que se cumpla lo firmado y no se alegue que Andalucía no tiene competencias directas en materia de inmigración. "Andalucía es receptora de un elevado número de inmigrantes que arriban a nuestras costas por sus medios y a veces con ayuda oficial", ha señalado el portavoz de Vox, que pidió "una inmigración ordenada supeditada a los intereses nacionales".

"No es posible que haya papeles para todos, no es posible que España pueda absorber millones de africanos, o respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país. Defender las fronteras es también defender los derechos humanos", ha dicho el diputado de Vox en el pleno, dejando claro que no eran palabras de Santiago Abascal sino de Pablo Casado y lamentando que, pese a esas declaraciones, estén al final más pendientes de los comentarios y editoriales de medios de comunicación.

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El presidente andaluz aseguró que sí van a colaborar desde su Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "dentro de la ley". El Gobierno andaluz, desde octubre de 2018, dio instrucciones al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para incluir en el sistema a las personas extranjeras no autorizadas "con el título de aseguramiento 85" que acoge a las "personas extranjeras residentes no registradas ni autorizadas".

Los requisitos son presentar un documento de identidad o pasaporte y estar empadronado. La ley fija que cualquier persona con residencia efectiva en España, aunque no tenga autorización para residir, tenga acceso universal al Sistema Nacional de Salud. A 28 de febrero de 2019, informó la Junta, el número de personas con esa tarjeta 85 son 32.376.

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