los constructores critican al estado central

El volumen de inversión pública en Andalucía crece un 18% pero aún equivale al de 2001

La patronal Ceacop certifica que los recursos de todas las AAPP para infraestructuras crecen en 2018 por segundo año. La nueva ley de contratos públicos dejó muchos de ellos desiertos

Foto: Obras del metro de Málaga. (EFE)
Obras del metro de Málaga. (EFE)

Cambio de tercio en el objeto de las críticas de los constructores andaluces, que llevan una década reivindicando sin descanso el alza en los presupuestos de obras públicas a todas las administraciones. Si tradicionalmente la patronal independiente Ceacop señalaba a la Junta de Andalucía como administración que menos esfuerzo venía realizando en infraestructuras, ahora es el Estado central quien ha recibido el grueso de las críticas. Todo en un año 2018 en el que, según el ya tradicional informe anual de adjudicaciones de esta asociación, la inversión agregada de todas las administraciones creció por segundo año consecutivo hasta 1.325 millones, un 18% más. Un nivel que, pese a aumentar, es aún bajísimo y equivale al del año 2001.

Es de hecho la tercera cifra más baja desde que arrancó el siglo. El informe, presentado ayer miércoles por la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, sigue señalando al nivel de 2.500 millones anuales incluidas todas las administraciones como cota mínima para generar nuevas infraestructuras y mantener o modernizar las existentes. Un nivel al que no se ha llegado en los últimos ocho años. En concreto, y sobre las inversiones estatales, estas suponen 266 millones y han crecido un 21% respecto a 2017. Pero esa cifra es la tercera más baja de toda la serie desde 2001. Es cierto que Fomento eleva sus adjudicaciones (un 33% hasta 229 millones), pero el resto de departamentos ofrece unas cifras muy reducidas.

Evolución, en euros, de las adjudicaciones totales de infraestructuras en Andalucía. (Ceacop)
Evolución, en euros, de las adjudicaciones totales de infraestructuras en Andalucía. (Ceacop)

"Con un presupuesto ínfimo, el ministerio responsable de las obras medioambientales, el actual ministerio para la Transición Ecológica, destinó 14 millones a las obras de su competencia. Teniendo en cuenta que este ministerio es el responsable de la protección del litoral, la gestión del río Gualdaquivir o de obras de abastecimiento, esta inversión se queda muy por detrás de las necesidades de mejora y desarrollo de estas partidas". Así ejemplifican los constructores la escasa dotación para infraestructuras empleada por el Gobierno central en Andalucía aparte del departamento que dirige José Luis Ábalos. Siete de los nueve departamentos ministeriales que adjudicaron obras en 2018 no llegaron a los 6 millones de euros.

Inversión del Gobierno central en Andalucía en 2018. (Ceacop)
Inversión del Gobierno central en Andalucía en 2018. (Ceacop)

Las administraciones locales, en año preelectoral, han sido las que más han tirado del carro, y se sitúan en primer lugar. "Solo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinado 567,9 millones de euros a obra pública. Y esto a pesar de tener menos competencias en el ámbito de las infraestructuras, y en teoría, menos recursos que los ministerios y consejerías", señala el comunicado que acompaña al informe. Los ayuntamientos de Málaga y Sevilla han sido los que han destinado mayores partidas a la mejora de infraestructuras municipales. En ambas provincias se han adjudicado actuaciones por valor de 160 millones de euros destinados principalmente a la conservación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y mejoras en instalaciones. En el otro extremo se sitúan las provincias de Jaén, Almería y Huelva.

Por lo que respecta a la Junta, varias de cal y varias de arena. En la parte positiva, que el departamento de Fomento casi duplicó la inversión realizada en 2017, aunque se queda en una cifra aún escasa en términos históricos: 142 millones. Sobre el otro gran departamento inversor, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ceacop vuelve a insistir en que se destinen a obras hidráulicas los recursos anuales que recauda la Junta por el canon del agua en todos los recibos.

Daniel Fernández y Ana Chocano, de Ceacop, en la presentación del informe en Sevilla. (Ceacop)
Daniel Fernández y Ana Chocano, de Ceacop, en la presentación del informe en Sevilla. (Ceacop)

"La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone de 120 millones de euros anuales a través del canon del Agua, destinados a ejecutar las 300 obras de interés general incluidas en el Plan de Depuración y Saneamiento de Andalucía. Sin embargo, una parte importante de estos fondos no se están empleando, ya que sta consejería sólo ha adjudicado 83,6 millones de euros que se han repartido tanto entre obras de depuración y saneamiento como de otra tipología: limpieza de cauces, protección de márgenes o arreglo de caminos rurales".

Efecto de la nueva ley de contratos públicos

Junto a las puras cifras, Ceacop también ha evaluado el impacto de la entrada en vigor a inicios de 2018 de la nueva ley de contratos del sector público. El resultado fue, inicialmente y por parte de todas las administraciones, la licitación acelerada de un gran número de contratos antes de esa entrada en vigor. Ello obligó a muchas empresa a elegir a cuál concurrir ante la falta de capacidad económica para asumir las garantías financieras de todos ellos al ser de golpe. "Observamos que el número de obras desiertas se ha triplicado, y el número de contratos desistidos se ha duplicado respecto a 2017. Estas cifras vienen a evidenciar deficiencias en la gestión y la falta de adecuación en los contratos a la nueva normativa". Ceacop ya criticó a inicios del pasado año que se estaba produciendo esa acumulación de licitaciones y del impacto que iba a tener para las pymes.

Además, se critica desde esta patronal no integrada en la CEA (la CEOE andaluza), "la nueva Ley establece una serie demejoras para garantizar la concurrencia de las pymes a los contratos, pero estas nuevas medidas suponen costes añadidos, que deben asumir las empresas, y que dan como resultado que se siga adjudicando en función del precio y no a la mejor relación calidad precio como señala la nueva norma".

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