1.867 millones sin justificar en andalucía

La ministra de Hacienda reta a llevar al Tribunal de Cuentas las arcas andaluzas

La anterior consejera asegura que es falso que Andalucía vaya a perder cada día "500.000 euros" y avisa de que el actual responsable, del PP, debería abrir procedimiento contable

Foto: María Jesús Montero y Susana Díaz. (EFE)
María Jesús Montero y Susana Díaz. (EFE)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intervino este miércoles en Sevilla en un desayuno organizado por la cadena Ser y se refirió a la denuncia destapada por el Gobierno andaluz de PP y Cs, que desveló que hay 1.867 millones de euros en subvenciones sin justificar y fuera de plazo.

Montero, consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía desde 2013 a 2018, cuando se incorporó al Gobierno de Pedro Sánchez, fue muy clara sobre las posibles responsabilidades que asumiría el actual consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, si de verdad permite que prescriban “500.000 euros” cada día en la hacienda autonómica. Ese fue el mensaje que brindó en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, aunque no aparece esa información en el documento de Hacienda al que tuvo acceso este periódico.

El informe de Hacienda alerta de que hay 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas y pendientes de justificar. De esa cantidad, 1.867 millones de euros librados por la Junta están sin justificación y fuera ya de plazo. De estos, 904 millones tienen “alta probabilidad de prescripción”. No significa que todo esto sea fraude, insisten desde Hacienda, pero no hay controles ni garantías de que el dinero público otorgado haya sido bien empleado y hay importantes cantidades próximas a caducar, lo que bloquea la posibilidad del Gobierno andaluz de pedir los reintegros en caso de irregularidades.

En Empleo, donde se adscriben las ayudas para curso de formación, la Junta ha detectado un total de 465 millones de euros con alta probabilidad de prescripción. En 2019, alerta el informe de Hacienda, “si no se acometen las acciones necesarias puede prescribir un montante total de 173 millones de euros”. De esa cantidad 88 millones son de educación y corresponde a las transferencias a la concertada.

Denuncias "falsas"

La ministra Montero consideró que las informaciones que parten del actual Gobierno sobre la situación de las arcas públicas andaluzas son “falsas”. “Intentan dar la impresión de que tienen que poner todo patas arriba para justificar tanto el incumplimiento de promesas, que van cayendo por el camino conforme avanzan los días, como ese relato del caos y del despilfarro de los gobiernos socialistas”.

Montero lamentó “los excesos verbales” y la “ligereza” de algunas advertencias. Al desayuno acudió el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP). Las consecuencias si prescribieran 500.000 euros al día de fondos públicos serían “importantes y graves”. “Como ministra de Hacienda me gustaría que se aclarase”, advirtió.

Desde la Consejería de Hacienda aseguran que los datos sobre importes pendientes de justificar corresponden a cifras oficiales al cierre de 2018

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron que en caso de que esté prescribiendo la posibilidad de reintegro de fondos públicos el consejero estaría obligado a abrir un procedimiento contable para pedir responsabilidades y acudir al Tribunal de Cuentas. Si no lo hace, explican, se le podría volver en contra. Agregan que si la situación fuera tan caótica como denuncia el actual Gobierno andaluz incluso podría plantearse una intervención de las finanzas de la comunidad. Las consecuencias de estos avisos, señalan desde el Ministerio, repercuten también en la imagen y la reputación de Andalucía y pone dificultades a la captación de inversiones.Estas advertencias no son nuevas y vienen produciéndose desde hace años en los informes de la Cámara de Cuentas. La ministra consideró que si los datos que ahora transmite el Gobierno sobre que “la Junta será embargada varias veces al día” durante el próximo año, el anterior Ejecutivo habría sido intervenido por el Gobierno de la nación, donde era ministro Cristóbal Montoro (PP).

Un "plan de choque"

Desde la Consejería de Hacienda aseguran que los datos sobre importes pendientes de justificar y riesgo de prescripción de reintegros corresponde a cifras oficiales al cierre de 2018. Efectivamente, no asumen esa afirmación de que se perderá medio millón de euros al día de fondos públicos porque "se adoptarán medidas", aseguran.

El titular de Hacienda informó al Consejo de Gobierno de la puesta en marcha de un “plan de choque” de manera inmediata para evitar que esa bola de libramientos sin justificación no siga creciendo. La intención es poner orden antes de presentar el nuevo Presupuesto andaluz. Se trabajará en el análisis de tres factores. Se examinará si falta personal funcionario para agilizar las revisiones de documentación justificativa. Se estudiará si los procedimientos aplicados son los correctos o hay que cambiarlos. Y, sobre todo, avisan desde Hacienda, se priorizan los expedientes próximos a la caducidad para detectar si hay fraude y exigir los reintegros con la máxima agilidad posible.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. (EFE)
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. (EFE)

Gran parte de esas subvenciones corresponden a los cursos de formación. El mecanismo permitiría librar de forma inmediata el 75% de los fondos públicos y condicionar el 25% a la justificación del gasto. En 2014, tras saltar la Operación Edu, dirigida por la Policía Nacional y con numerosas detenciones de cargos políticos y funcionarios, la Junta de Andalucía frenó esta línea de subvenciones y ordenó revisar todos los expedientes. Finalmente la pieza política de este caso fue archivada en sede judicial al no apreciarse indicios de responsabilidad penal.

De los 8.505 expedientes examinados de los cursos de formación, con un importe total de 1.613 millones en subvenciones, se habían revisado 6.501 y de estos se pedían reintegros, por irregularidades, en 1.750. En firme, la administración reclama 149 millones de euros.

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