Ayudas de los ERE por “afinidad familiar, política o amistad”, según la guardia civil

El juicio de los ERE en la Audiencia de Sevilla acogió este lunes la declaración como testigo de otro comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que insistió en las tesis de sus compañeros que ya han comparecido. El atestado que dirigió este agente concluyó que el Consejo de Gobierno sí conocía el sistema de concesión de ayudas y su funcionamiento. Un total de 22 ex altos cargos de la Junta se sientan en el banquillo acusados de prevaricación y malversación como responsables de haber ideado o conocido el “procedimiento específico” que permitió repartir en una década, desde 2001 a 2010, un total de 741 millones de euros presuntamente saltándose los controles y con opacidad.

El agente de la Guardia Civil destacó además que, durante la investigación —el atestado se entregó en mayo de 2012—, les “llamó la atención”que la mayoría de los intrusos en los ERE, personas que nunca habían trabajado en la empresa en liquidación, eran “familiares”, “amigos” o tenían “afinidad con el PSOE”. Bajo su relato, no había norma ni procedimiento que regularan las ayudas, y los beneficiarios tenían en muchas ocasiones nexos con los responsables del reparto de fondos públicos o con el PSOE. Respecto a la depuración e investigación interna que hizo la Junta cuando estalló el caso, que concluyó que no había más que una treintena de intrusos en más de 6.300 ayudas, consideró que no reúne “los requisitos mínimos para ser tenida en cuenta por la Policía Judicial”.

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Sobre este asunto, el agente señaló la inclusión de familiares del conseguidor y exugetista Juan Lanzas, del exchófer de Javier Guerrero, de familiares del propio ex director general de Trabajo, de un exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla) o de quien fuera delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Dinero para cocaína

El agente de la UCO ratificó que parte del dinero, a través de dos ayudas a empresas, que recibió quien fuera chófer del ex director general de Trabajo, Juan Francisco Trujillo, lo destinaron a “consumo personal”, haciendo referencia a la propia declaración del aludido, que aseguró que él y Guerrero gastaron hasta “25.000 euros al mes” en cocaína.

Otra de las partes llamativas de la declaración del comandante de la Guardia Civil, que pertenecía al grupo de delitos financieros, puso el acento en que la intervención general de la Junta debería, a su juicio, haber elevado sus actuaciones y emitido un informe de actuación, lo que hubiera supuesto pulsar el botón de alarma ante casos de presunto menoscabo de fondos públicos. A este respecto, la tesis de los investigadores es que “el menoscabo de fondos públicos se da” y que los reiterados incumplimientos de IFA e IDEA, las empresas públicas encargadas de los pagos de los ERE, deberían haber obligado a “un informe de cumplimiento”.

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El testigo reiteró, como hiciera hace días otro compañero, que las ayudas se daban con “una falta total de procedimiento desde el punto de vista administrativo en la gestión de ayudas”. Su atestado concluye que el Consejo de Gobierno conocía el sistema atendiendo sobre todo a las declaraciones que hicieron en fase de instrucción el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exinterventor de la Junta Manuel Gómez, ambos ahora imputados en la causa. Además, señalan que no solo Empleo estaba concernida sino también Economía y Hacienda, donde se dirigían los informes del interventor, e Innovación, que pasó a ser responsable de la Agencia IDEA, pagadora de las ayudas.

Zarrías, presente

En cuanto al Consejo de Gobierno, su declaración volvió a apuntar al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que presidía la reunión semanal de viceconsejeros, llamada ‘consejillo’. Fue el exconsejero de Empleo Antonio Fernández quien en su declaración aseguró que este foro sí conocía el sistema de ayudas y que Zarrías estaba “presente” cuando fue tratado y “objeto de debate”.

El responsable del atestado describió que detectaron hasta 13 irregularidades en el sistema de concesión de ayudas y señaló tres como las más flagrantes, puesto que ni el director general era competente para repartir estos fondos, ni había solicitudes ni se justificaba la concesión de ayudas a los trabajadores, siempre según su descripción de los hechos ante el juez Juan Antonio Calle. De hecho, señaló que la plantilla de Empleo responsable de repartir las ayudas era “muy escasa, poco preparada y cualificada, y con pocos recursos”.

La Guardia Civil cree que la Junta manipuló expedientes para completarlos y retiró papeles "comprometidos o de interés" para la investigación

En otro momento, el agente de la UCO sostuvo que en 2010, cuando se dirigieron a la Junta de Andalucía para hacer acopio de documentación dentro de la instrucción, se encontraron con que el entonces director de Trabajo, Daniel Rivera, desimputado por la Audiencia en esta pieza política y por tanto libre de cualquier presunto delito, ordenó “un esfuerzo” para “completar” los expedientes que la guardia civil quería requisar. El agente negó, como se dijo en otras ocasiones, que se destruyeran documentos, pero sí describió que “se retiró documentación que podría haber resultado comprometida o de interés” para la investigación.

Otros pasajes interesantes de la declaración de este guardia civil llevaron a preguntarse por qué nunca la Junta hizo un estudio de mercado para encontrar las aseguradores que ofrecieran mejores precios. “La Junta debía velar por el buen uso de fondos públicos”, señaló. Subrayando además que el conseguidor Juan Lanzas se dirigía a las empresas ofreciendo ‘packs completos’, incluyendo a las aseguradoras y mediadoras directamente al proponer la ayuda. También puso el foco en lo ocurrido en la Sierra Norte de Sevilla, área de influencia política clave para el PSOE sevillano, donde se concentró más del 65% de los fondos repartidos para toda Andalucía, 56 de 85 millones de euros destinados a empresas en crisis. Esta comarca tiene una pieza separada que también será juzgada dentro del macrocaso ERE.