juicio por corrupción

Los "ciudadanos" Chaves y Griñán pasan su prueba en los ERE y el PSOE se desentiende

Los expresidentes concluyen su declaración en la Audiencia de Sevilla negando cualquier conocimiento o responsabilidad sobre el presunto fraude

Foto: El expresidente del Gobierno andaluz socialista Antonio Griñán (d), junto al también expresidente Manuel Chaves (i), este lunes en el juicio de los ERE. (EFE)
El expresidente del Gobierno andaluz socialista Antonio Griñán (d), junto al también expresidente Manuel Chaves (i), este lunes en el juicio de los ERE. (EFE)

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán ya han declarado ante el tribunal que juzga el sistema con el que la Junta de Andalucía repartió 741 millones de euros en ayudas sociolaborales desde 2001 a 2010. Unas 10 horas de declaración en el juicio de los ERE entre ambos que supuestamente iban a poner bajo la lupa una manera de hacer política y a sentar dos décadas de socialismo andaluz en el banquillo de los acusados. Un juicio que iba a acorralar al PSOE, pero que no ha tenido, ni de lejos, ese efecto, para frustración del PP, que lanzó en redes la campaña #queEREmoslaverdad.

Mientras que Chaves cerraba la ronda de declaraciones, Susana Díaz visitaba un centro ocupacional para reivindicar la Ley de Dependencia. Y desde Ferraz, Carmen Calvo, a quien nombró consejera de Cultura en 1996, declaraba: “El ciudadano Manuel Chaves está defendiéndose en los tribunales y nadie, tampoco yo, tiene que interferir”. Chaves fue presidente del PSOE entre 2000 y 2012. Griñán presidió el partido de 2012 a 2014.

Ambos expresidentes dejaron la vida pública en 2015, tras ser imputados en el Supremo, y poco después, cuando hubo fecha de juicio oral, se dieron de baja como militantes en el PSOE. Ciudadanos pidió la cabeza de los expresidentes antes de investir a Susana Díaz en la Junta y ambos se lo pusieron fácil.

Durante estos días, ha circulado con mucho éxito entre los principales acusados y la vieja guardia del PSOE un artículo firmado por Rafael Bustos Gisbert en 'Agenda Pública' con el título: “Responsabilidad política y responsabilidad penal: no mezclen”. Ese artículo alertaba de las graves consecuencias de confundir y mezclar ambas responsabilidades, de la judicialización de la vida política y de la politización de la Justicia. En el fondo, la mayoría de los acusados que están ahí sentados creen que ya han pagado con creces políticamente y asumido sus consecuencias con el hundimiento de sus carreras, el desprestigio personal y sus dimisiones. Ahora se dirime la responsabilidad penal, la comisión de un delito.

Nada del 'régimen' socialista

Sentados en el banquillo, a los expresidentes no se les interrogó sobre el relato político de los ERE, sobre la paz social, ni sobre las redes clientelares, ni las supuestas ayudas a los 'amiguetes' socialistas ni sobre la supuesta compra de votos mediante la partida 31.L. Todo esto acorraló al Gobierno socialista durante años. Hace unos días, en la convención nacional del PP, un exdirigente de la formación en Andalucía recordaba con nostalgia aquellos tiempos en los que la instrucción de Mercedes Alaya ahogó al Gobierno andaluz hasta dejarlo casi sin respiración.

Nada de esto forma parte de la responsabilidad penal de la que se examinan. Todo ese relato que la jueza Mercedes Alaya usó en sus autos para llegar a la 'cúspide de la pirámide' no se apreció en el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción ni mucho menos en el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle. Así lo dicta la especificidad del juicio, que analiza el "procedimiento específico", el sistema aprobado para repartir las ayudas y las competencias de cada uno de los 22 ex altos cargos imputados, y que convirtió ambas declaraciones en más técnicas que políticas.

Interrogatorio muy técnico

Griñán tuvo que responder especialmente de su etapa como consejero de Hacienda, sobre los informes de la Intervención y las ampliaciones presupuestarias. En el caso de Chaves, el fiscal anticorrupción se interesó sobre todo por si conoció el sistema arbitrado para repartir las ayudas, sobre si medió directamente en algunos expedientes y sobre sus competencias como presidente. Salió peor parado en la declaración el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que tuvo un ataque de pánico frente al juez en el cierre que le impidió continuar al día siguiente e hizo tambalear los argumentos de su defensa. Para él, la Fiscalía pide ocho años de prisión.

En la pieza política que ahora mismo ocupa a la Audiencia de Sevilla no se juzga el papel del 'exugetista' Juan Lanzas, del que su madre dijo que tenía "dinero para asar una vaca", no se hablará del chófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ‘agraciado’ con ayudas y que contó a Alaya que gastaban 25.000 euros de dinero público al mes en cocaína. No se contará como, según los informes de la Guardia Civil, Guerrero daba las ayudas, en bares, con un 'post it', ni "del programa ‘pormisco", es decir, “por mis cojones”, que utilizaba el ex director general de Trabajo.

Todo ese relato que la jueza Mercedes Alaya usó en sus autos para llegar a la 'cúspide de la pirámide' no se apreció en el interrogatorio de la Fiscalía

Tampoco de las ayudas repartidas en la Sierra Norte de Sevilla, un enclave fundamental para el poder político del PSOE de Sevilla, que aglutinó el 61% de los fondos repartidos. Todo esto se examinará en posteriores juicios. Esta pieza juzga si el procedimiento específico utilizado para repartir las ayudas era legal y el tribunal indagó en si Chaves participó en idear un sistema para eludir los controles de la ley y si Griñán conoció los desajustes presupuestarios y miró para otro lado. Ambos, que llevan años negando estos supuestos, insistieron de nuevo en la Audiencia de Sevilla en su inocencia. Queda aún buena parte del juicio, se cree que finalizará en noviembre y después habrá sentencia.

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