Sorpresa final

El juez de los ERE entra en acción y pone contra las cuerdas al exconsejero de Empleo

El presidente del tribunal repregunta al exconsejero Fernández por todas aquellas cuestiones que declaró ante la jueza Alaya y que implicarían a la cúpula del Gobierno en el reparto de las ayudas

Foto: El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández (d), uno de los principales implicados en el caso ERE. (EFE)
El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández (d), uno de los principales implicados en el caso ERE. (EFE)

Sorpresa final. El juez de los ERE, Juan Antonio Calle, tomó la palabra para rematar la octava jornada de comparecencia del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, poniéndolo contra las cuerdas en una escena insólita en los cuatro meses que dura ya el juicio. Repitió parte del interrogatorio de la jueza Mercedes Alaya durante la instrucción en 2012, apuntó a las principales contradicciones del acusado en su relato y no permitió que su abogado interviniera para 'salvar' las horas previas de declaración concienzudamente preparada.

Antes de despedir a uno de los principales acusados, en la pieza que juzga el procedimiento diseñado con el que la Junta de Andalucía repartió 741 millones de euros en ayudas sociolaborales durante una década, el presidente del tribunal situó a Fernández en varios momentos contra las cuerdas al preguntarle por algunos de los pasajes más comprometidos de la declaración que realizó ante la jueza Alaya en abril de 2012 y tras la cual ordenó su ingreso en prisión.

El exconsejero optó al arrancar su declaración por, como hicieron también los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, no ratificar sus principales declaraciones ante la instructora. Por petición del PP, dos de las sesiones del juicio se han consumido leyendo las actas de aquella declaración y el tribunal tomó buena nota de algunos de los pasajes. Que los abogados del PP salieran contentos de la sesión mientras que el resto de letrados mostraba en privado su enfado e indignación por lo ocurrido da buena cuenta de las posibles consecuencias del hecho.

"Cuando la voz no me funciona, me funciona mal la cabeza", señaló Fernández, acorralado y pidiendo auxilio, para dejar claro que ya no podía continuar por su afección de garganta, que llevó en su día a posponer su declaración. Por ahí se salvó del nocaut. Solo en ese caso el magistrado decidió suspender la sesión, que continuará este miércoles con Fernández y con el expresidente José Antonio Griñán. Antes, su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, había intentado sin éxito en varias ocasiones pedir un breve receso para hablar en privado con su cliente y había hecho saber que el exconsejero estaba cansado.

El juez lo amonestó y fue muy severo: "El que tiene el uso de la palabra soy yo, y no me interrumpa más". A la salida, el letrado Martínez del Hoyo explicó que elevó varias protestas para hacer ver que su defendido no estaba entendiendo "el plano lógico" desde el que se le estaba interrogando debido al "agotamiento".

Dos de las sesiones del juicio se han consumido leyendo las actas de aquella declaración y el tribunal tomó buena nota de algunos de los pasajes

El magistrado Calle realizó una batería de preguntas muy concretas que evidenció algunas de la contradicciones del imputado. Era la primera vez que lo hacía. Uno de los aspectos en los que fue más duro fue respecto a la orden del Ministerio de Trabajo de 1995 que Fernández alegó durante el juicio como la norma con la que se repartían las ayudas y que, hasta ahora, no había enarbolado como marco normativo.

Las ayudas del Estado eran "absolutamente iguales" a las dadas por el Estado con esa orden del 95, defendió el exconsejero andaluz este lunes. El presidente del tribunal le interpeló sobre "si había o no había desarrollo reglamentario de esa orden" para dar las ayudas en Andalucía, si había o no "vacío normativo" y sobre si las ayudas se dieron con esa orden ministerial o con el reglamento elaborado por la Junta en 2001, evidenciando las dos versiones del exconsejero Fernández al respecto y dejando claro que los requisitos de ambos marcos legales eran "totalmente distintos". "No hay incompatibilidad entre la orden del 95 y el convenio marco", resolvió el exconsejero.

El juez también indagó sobre quién tomó la decisión de elaborar ese convenio que amparó el reparto de ayudas durante una década. Preguntó directamente sobre lo que declaró en su momento asegurando que el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, comentó el sistema operativo con su superior, Manuel Chaves. "No puedo ratificar esa parte tan categórica", dijo. Sobre si dio explicaciones en el Consejo de Gobierno dijo que "probablemente". También dijo que él, Antonio Fernández, como viceconsejero que elaboró en ese momento el convenio marco, sí había llevado este marco legal al 'viceconsejillo', que reunía a todos los números dos bajo el mando del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías.

Fernández podría haberse acogido a su derecho a no declarar, pero fuentes jurídicas admitieron que es "un feo" importante negarse a contestar al presidente del tribunal y su abogado defendió que su voluntad es contestar a todo, insistiendo en que su defendido no entendió "el plano lógico" desde el que se le hicieron las preguntas. Cada vez que el exconsejero decía que no recordaba con exactitud lo dicho en 2012 ante la jueza Alaya, el magistrado le dejaba claro que lo que quería era obtener sus "aclaraciones" sobre determinados asuntos: "Yo no le pido a usted que recuerde lo que le estoy leyendo, sino que ratifique si es así o no".

Antes de que el juez Calle desmontara casi al completo el concienzudo interrogatorio de la defensa, Fernández defendió que en la Junta no eran tan "insensatos" como para mirar "para otro lado de haber visto una ilegalidad". "Nunca era una opción no haber hecho nada", se defendió. También apuntó a que la Cámara de Cuentas no vio nunca fraude al fiscalizar las ayudas y disparó a la Intervención señalando que todas las modificaciones presupuestarias contaban con su "informe favorable". El supuesto pacto de no agresión sellado entre las defensas de los responsables de Empleo y los de Hacienda cada vez está mas cerca de quedar hecho añicos.

Antonio Fernández fue consejero de Empleo desde 2004 a 2010. Antes, desde 1999, fue viceconsejero. Anticorrupción pide penas de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de fondos. Este miércoles acabará sus preguntas el juez y le tocará el turno al expresidente José Antonio Griñán.

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