El juicio de los ERE llega a 'la cúspide de la pirámide': Griñán y Chaves, ante el juez

El primer juicio de los ERE, que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla, llega esta semana a “la cúspide de la pirámide”, como metafóricamente dejó escrito la jueza Mercedes Alaya en sus autos. Está previsto que tras el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, este martes le toque el turno al expresidente andaluz José Antonio Griñán y después, quizás una semana más tarde, a Manuel Chaves.

Ambos expresidentes ponen el punto y final a las declaraciones de los ex 22 altos cargos imputados en esta pieza política que juzga si el procedimiento con el que la Junta de Andalucía repartió, según el escrito de la Fiscalía, 741 millones de euros durante una década, desde 2000 a 2010, era legal o se diseñó para permitir el fraude. La jueza Alaya siempre ha mantenido que sirvió para tejer una red clientelar con la que se ayudó el PSOE para ganar los gobiernos de Andalucía. Después, llegará el turno de los 150 testigos y se prevé que la vista se alargue hasta finales de noviembre.

Es la tercera vez que Chaves y Griñán acuden ante el juez. La primera vez que comparecieron por el caso ERE fue en septiembre de 2012 en la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz. Hacía un año que había estallado el caso. Griñán era presidente de Andalucía y Chaves, diputado nacional. La relación de estrecha amistad que los unía ya había saltado por los aires por la gestión política del escándalo.

Fallos, pero no fraude

En sede parlamentaria, Chaves admitió que el convenio que reguló el reparto de ayudas era “sucinto, sí, escueto, sí, y con amplio margen de discrecionalidad, también lo reconozco, pero era legal”. “El Consejo de Gobierno no avaló ni aprobó medidas o actos ilegales”, sostuvo. En la misma línea, Griñán admitió que el procedimiento era “manifiestamente mejorable”, pero insistió en que “nunca toleró una irregularidad” ni supo de “una mala utilización de recursos públicos”.

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Chaves se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La Audiencia de Sevilla negó la asociación ilícita, por lo que no afronta pena de cárcel. En peor situación está Griñán, acusado de prevaricación pero también de malversación, por lo se enfrenta a una posible pena de hasta seis años de cárcel y 30 de inhabilitación. Ninguno está acusado de haberse llevado dinero público, pero sí de haber permitido el presunto fraude.

El expresidente andaluz, que ocupó 19 años la presidencia de Andalucía, se sienta en el banquillo como máximo responsable político del Ejecutivo que aprobó el sistema de los ERE en el año 2000. Eran años de dura crisis económica. Durante toda esa década, el PSOE gobernó en Andalucía, primero de la mano del PA. En 2004 Chaves recuperaría, con Rodríguez Zapatero en Madrid, la mayoría absoluta, que mantendría en 2008. El presidente cedería el testigo a Griñán en 2009 para ocupar un ministerio. El caso ERE estallaría dos años más tarde.

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Griñán responde por su etapa como consejero de Hacienda. Regresó al Gobierno andaluz en 2004 y ocupó esa cartera hasta llegar a la presidencia cinco años más tarde. Durante esa etapa hubo varios informes de la Intervención General de la Junta advirtiendo de irregularidades en la partida presupuestaria 31.L, que nutría las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Nunca se pulsó el botón rojo ni se alertó de menoscabo de fondos públicos. También se autorizaron varias ampliaciones presupuestarias para cubrir el agujero en esa partida, ya que se gastaba más de lo previsto.

No se alertó de menoscabo

El expresidente expuso en el Supremo, donde declaró ya en su condición de senador en abril de 2015, que nunca conoció esos informes, que no se los trasladó su viceconsejera, y que si había déficit en las cuentas era también misión de los interventores retener el gasto. Todas las ampliaciones presupuestarias tuvieron el visto bueno de la Intervención y todas las partidas 31.L recibieron el apoyo del Parlamento en los Presupuestos de la Junta de Andalucía. La jueza Alaya siempre defendió que era “imposible que no conociera esos desajustes presupuestarios”.

A su salida del Supremo, Griñán realizó una afirmación que encendió a otros acusados: “No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude”. Chaves defendió sus 19 años en la Junta, aseguró que nunca cometió irregularidades y que en ningún momento adoptó "una decisión basada en la ilegalidad". Hasta entonces, había abanderado la teoría de “los cuatro golfos” para explicar el caso. “Los jueces dirán si hubo un fraude y si fue grande o pequeño”, corrigió a Griñán.

Los expresidentes, históricos del PSOE, finalizaron su vida pública en 2015, cuando fueron imputados por el Supremo

Cuando fueron imputados en el Supremo, ambos expresidentes dimitieron. Griñán entregó su acta de senador y Chaves renunció a su escaño de diputado. Sus largas carreras políticas, era 2015, se acabaron. Lo hicieron antes de lo que marcaba el código ético del PSOE, que situaba su renuncia cuando hubiera apertura de juicio oral, y después de que Susana Díaz se adelantara a pedir sus dimisiones en caso de que fueran imputados. Era una condición insalvable de Ciudadanos para permitir su investidura. Ellos siempre lamentan, en privado, que ya llevan años de ‘condena de telediario’.

Griñán tiene sus bienes embargados y vive con una pequeña pensión. Chaves también ha pasado momentos de gran dificultad, aunque psicológicamente siempre ha aparentado estar más fuerte que su sucesor. En 2016, antes de que se dictara el auto de procesamiento, ambos expresidentes volvieron a comparecer ante el juez Álvaro Martín.

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Ante el juez Juan Antonio Calle será la última vez que declaren. Aquí acabará para ellos el caso ERE a la espera de sentencia, casi siete años después de que Alaya iniciara la instrucción. La Audiencia admitió que los ex altos cargos solo se juzgaran una vez en la pieza política. Queda juzgar las presuntas sobrecomisiones que se adjudicaron despachos de abogados y ‘conseguidores’ y la presencia de intrusos en las pólizas.

Habrá unos 270 juicios, uno por cada ayuda concedida. La jueza Alaya siempre se negó a dividir la macrocausa, y tenía claro que el presunto fraude tenía “estructura piramidal” y era indisoluble. Su sucesora, la jueza María Núñez Bolaños, aceptó la división en noviembre de 2015, como pedía la Audiencia por agilidad. La Fiscalía teme ahora que esto diluya las posibles penas y pidió, sin éxito, que no se excluyera a los ex altos cargos de cada una de las piezas que se juzgue.