Las preguntas que Chaves y Griñán deberán responder ante el Tribunal Supremo

El próximo abril, los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, declararán por fin ante el Tribunal Supremo tras cuatro años de instrucción de la macrocausa de los ERE. En uno de sus primeros autos, la magistrada Mercedes Alaya acuñó la metáfora de que estaba dispuesta a llegar hasta “la cúspide de la pirámide”. Tras 271 imputaciones, ese momento ha llegado. Ambos socialistas han pedido acudir a declarar voluntariamente y lo harán en calidad de imputados. Después de que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, los oiga, deberá decidir si archiva o sigue adelante acusándolos de algún delito.

Chaves y Griñán reiterarán la versión que ofrecieron en septiembre de 2012 en la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz y que fue cerrada sin que los partidos fueran capaces de determinar responsabilidades políticas. De sus respuestas a un puñado de preguntas y de los indicios que maneje el instructor depende su futuro. Con los informes de los peritos de la Intervención General del Estado, la Cámara de Cuentas de Andalucía, la investigación de la Guardia Civil, las propias actas de los Consejos de Gobierno y los ‘consejillos’ de viceconsejeros o los informes de los interventores de la Junta, la juez Alaya ha dibujado una hipótesis delictiva de la que, por primera vez en sede judicial, Chaves y Griñán deberán responder.

¿Conocían el sistema de reparto de ayudas de los ERE? ¿Lo autorizaron?

La juez Mercedes Alaya apunta en la exposición razonada que envió al Supremo que es “imposible” que Chaves y Griñán desconocieran que había “un sistema ilegal y opaco para pagar las prejubilaciones” del caso ERE “de forma absolutamente libérrima”. Abunda en la versión que remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde sostiene que el “uso totalmente discrecional” de los fondos permitió al PSOE “engrasar durante años y de esta forma la relaciones con empresarios y sindicatos”. Destaca los“réditos políticos y electorales” que obtuvo “el propio partido del gobierno”.

Tanto Chaves como Griñán han negado conocer el fraude. El primero admitió en sede parlamentaria que en el sistema había “un amplio margen de discrecionalidad” y que hubo “actos corruptos” que deben ser condenados. El segundo sostuvo que jamás le alertaron del menoscabo de fondos públicos.

¿Quién y por qué ideó el llamado “fondo de reptiles”?

La magistrada sostiene que la fórmula de las transferencias de financiación, un vericueto presupuestario que permitió salir del circuito normal de las subvenciones de la Consejería de Empleo y abonar las pólizas a los prejubilados y las ayudas directas a empresas en crisis a través de empresas públicas, primero el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y después la Agencia IDEA, fue un sistema ideado en su origen para delinquir y sortear los controles públicos.

El sistema se creóen 2001 por la Consejería de Empleo, con José Antonio Viera al frente y Antonio Fernández, que después sería consejero, como número dos. Se mantuvo una década. Las actas de los consejos de Gobierno y reuniones previas permitirán delimitar quiénes participaron en su autorización. La cúpula de la Junta ha sostenido siempre que este sistema de ayudas extraordinarias se instauró en una situación de emergencia social y crisis a finales de los 90. Los expresidentes han defendido siempre la legalidad de las transferencias de financiación como fórmula presupuestaria, utilizada también por el Estado. Discrepan de que el fondo 31.L, dotado con 855 millones de euros y que pagó las prejubilaciones de 6.096 trabajadores, 126 intrusos que jamás trabajaron en las empresas cerradas y el resto trabajadores legales que siguen cobrando su póliza, fuera ilegal.

¿Supieron de las advertencias de la Intervención General de la Junta? ¿Qué pasó con esos informes?

El sistema bajo sospecha se prolongó durante una década en manos directamente de un director general, Francisco Javier Guerrero, y hasta cuatro consejeros de Empleo que lo mantuvieron en su cargo. En julio de 2005 llega el primer informe de la Intervención General de la Junta. Advierte del “uso inadecuado” del sistema de reparto de ayudas. En los años sucesivos se acumulan hasta quince informes que iban dirigidos directamente al entonces consejero de Hacienda, Griñán, y que él dice que nunca leyó. Esos informes advertían de las irregularidades del proceso y pedían mejoras y más controles. Nunca se emitió el llamado informe de actuación, que alerta del menoscabo de fondos públicos, ni se frenó el sistema. De hecho, el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, es uno de los 271 imputados en la causa por Alaya. No es hasta 2011, cuando salta la presencia de intrusos en las pólizas al cambiarse el sistema.

¿Son responsables de las dotaciones presupuestarias y de las ampliaciones para cubrir los desfases en ese fondo?

La famosa partida 31.L, el fondo que nutría los ERE, fue incluida religiosamente en el Presupuesto andaluz durante una década, unas cuentas aprobadas por el Parlamento cada año. De hecho, la juez Alaya anduvo un peligroso camino que terminaba en la imputación de los 109 diputados andaluces y dio marcha atrás. Alegó que el lenguaje presupuestario era intencionadamente ininteligible y opaco y que los parlamentarios no sabían lo que aprobaban. Pero la partida fue objeto de ampliaciones presupuestarias. El fondo se había convertido en un agujero negro y las dotaciones iniciales eran insuficientes. Había un desequilibrio que se fue cubriendo con partidas extraordinarias autorizadas por la Consejería de Hacienda. Griñán alega que él, con autorización de la Intervención, autorizaba la ampliación de gastos pero no entraba a dilucidar dónde iba el dinero, el destino de los recursos. ¿A nadie le llamó la atención aquel agujero reiterado? Oficialmente, no. Alrededor del sistema se tejió una red de comisionistas y conseguidores, aseguradoras y sindicalistas, que se embolsaron buena parte del dinero. Las condiciones firmadas por la Junta eran “desorbitadas”.

¿Desviaron dinero o se enriquecieron ilícitamente los expresidentes? ¿Dónde está la raya entre la responsabilidad penal y la política?

Esa es la gran pregunta. Ni a Chaves ni a Griñán se les acusa de haberse llevado dinero de las arcas públicas. Su patrimonio, sus cuentas bancarias y hasta sus teléfonos, según sospechan los afectados, han sido rastreados sin que se haya detectado ningún movimiento relevante en su patrimonio. No hay cuentas en Suiza ni en otros paraísos fiscales, alegan siempre los socialistas. Pero bajo su mando político funcionó un sistema en el que, presuntamente, se defraudó y malversó durante muchos años, al menos, 153 millones, según la Cámara de Cuentas, 12 por los intrusos y el resto por ayudas directas a empresas. Será el juez quien dilucide dónde acaba la responsabilidad política, que se paga con dimisiones, y la penal, que conllevaría penas de cárcel.