Juicio de los ERE, suma y sigue: del "fue otro" al "no recuerdo nada"

"¿Usted se refería al 31L como el programa de Javier Guerrero?". "En términos coloquiales, puede ser". Así respondía a la Fiscalía Anticorrupción Antonio Fernández, que fue viceconsejero de Empleo desde 1994 a 2004 y consejero desde ese año hasta 2010. Es uno de los principales imputados en el caso ERE, se enfrenta a penas de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación. Su declaración depositó casi toda la responsabilidad en su ex alto cargo, por más que el fiscal le preguntara por reuniones con el expresidente Manuel Chaves o por órdenes directas para resolver conflictos dadas por su jefe de gabinete. Él solo supo de grandes conflictos como Delphi o Santana, esgrimió, el resto eran cosa de Guerrero.

"No podía haber una norma y no la había. No todo es igual. Cada situación de crisis es diferente" o "no existía una norma porque no se puede nombrar lo desigual o distinto", replicó Fernández interrogado sobre el llamado "procedimiento específico", que es lo que se juzga en esta primera pieza política, que analiza si hubo delito penal en el sistema creado para repartir 850 millones de euros en una década a trabajadores despedidos y empresas en crisis.

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El Confidencial

"Usted me pregunta por un tema que no domino, como es el tema de los dineros", sostuvo en otro momento. Fernández es el único político de primera fila, exconsejeros y expresidentes, que conoce la cárcel. Pasó por prisión cuando la jueza Mercedes Alaya lo envió en abril de 2012 y pasaría entre rejas cuatro meses. Salió tras abonar una fianza de 450.000 euros que consiguió en una colecta de amigos y familiares, según detalló su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

Fernández formaba parte del PSOE de Cádiz que en tiempos de Luis Pizarro, el hombre fuerte de Manuel Chaves en el partido, era un clan tan poderoso o más que el que aglutinaba Gaspar Zarrías. No es uno cualquiera y por eso sus dos jornadas de declaración ante el juez Juan Antonio Calle, que posiblemente se prorrogará tras Semana Santa, se están siguiendo con una atención especial. Y eso que a veces, la "afonía incapacitante" que padece y que llevó a posponer su declaración dificulta la comprensión de sus palabras. Después vendrán los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En su primera jornada de declaración, el exconsejero de Empleo, que diseñó como 'vice' el sistema de los ERE, negó que tratara de eludir controles y depositó en "los técnicos" y los funcionarios el peso de las decisiones administrativas sobre este sistema, afirmando que "no se entretenía" en leer contenidos. En su segunda sesión, Fernández cargó el peso de todas las decisiones sobre el reparto de ayudas en quien fue su director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

El exconsejero de Empleo defendió que "la gestión de cada caso correspondía a la dirección general", y en otro momento aseguró que "dos crisis no son iguales y dos plantillas afectadas no son iguales, se resuelven en función de edades, de 'invalideces'... La decisión la toma el director general sobre la marcha y no la consulta al consejero. Ningún director general pregunta qué tiene que hacer, lo hace bajo su responsabilidad y con la libertad de gestión que tiene igual que otros directores generales".

Fernández tuvo que responder sobre las ayudas directas a empresas en crisis y presumió de un modelo de "éxito" valiéndose de las empresas de Puleva y Alhambra, como firmas que sobrevivieron gracias a estas ayudas. Nada que ver con las partidas por las que preguntó el ministerio público, aquellas destinadas por ejemplo a ferias de los pueblos de productos tradicionales y que se celebraron con cargo al 31L. "Después se han demostrado como un gran éxito y algunas incluso siguen celebrándose", defendió el exconsejero de Empleo.

"Nunca me han pedido dinero"

"El despacho de Garrigues en dos o tres ocasiones fue a verme antes de algunos ERE de gran impacto socioeconómico, como fue el tema de Delphi, pero nunca ningún gabinete de despacho me ha pedido dinero ni me ha venido en nombre de empresas a pedir ayudas", declaró en otro momento. Su memoria se mostró frágil al asegurar que no recordaba ninguna de las supuestas reuniones celebradas con el expresidente Chaves para tratar crisis de empresas concretas. "Recordar no, pero era, me imagino que puede ser, porque era el consejero de Empleo, pero la reunión como tal no la recuerdo", fue el tono de sus respuestas.

"¿Usted recuerda haber departido con el presidente o algún otro consejero? Sobre Novo, Delphi, Santana...", preguntó el juez. "Sí, sobre los grandes conflictos que tenían incidencia económica, social y territorial, lógicamente el Gobierno los conocía y trataba de hacer política de amortiguación", fue lo máximo que logró el fiscal como concreción.

Fernández defendió no tener "conciencia de haber recibido ni física ni verbalmente escritos solicitando ayudas". Sobre alguna nota interna firmada por su jefe de gabinete pidiendo que se librara con urgencia el pago de algunas ayudas, el exconsejero sostuvo que es una "simple comunicación interna habitual con el latiguillo o frase rutinaria 'por indicación de', que se utiliza para darle curso a la comunicación".

Fernández apareció en 2008 en una póliza del ERE de González Byass, donde fue trabajador antes de recalar en la política, como afectado por el ERE, y beneficiario de una ayuda de 386.000 euros. El exconsejero renunció una vez que se conoció su imputación. Sobre este asunto aún no ha llegado a rendir cuentas en el juicio en marcha.