La médica que fue consejera de Hacienda y eligió ser escudo de Griñán en los ERE

La exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, es una de las imputadas que peor lo ha pasado en su declaración ante el juez de los ERE. Tras su aparente frialdad o supuesta altanería había “dolor” y “nervios”, señalan quienes saben de su personalidad. Quien no la conozca quizás podría pensar como el magistrado Juan Antonio Calle, que la reprendió por usar “un tono arrogante” en sus respuestas al fiscal, que se trata de una mujer autoritaria o soberbia. Quienes han trabajado con ella codo a codo aseguran que es “todo lo contrario”.

Martínez Aguayo ejemplifica como nadie el grupo de tecnócratas que llegaron con José Antonio Griñán y a los que los ERE no solo les anuló su carrera política sino que les ha truncado su vida profesional. Si hay un yin y un yang en esta pieza política serían Aguayo y el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, al que le sobran tablas y desahogo. La médica es recia, austera, con fama de solvente gestora y quizás la consejera de Hacienda menos política que haya pasado por ese departamento en Andalucía. Sonado fue su enfrentamiento con los funcionarios andaluces por la reordenación del sector público. Todavía muchos le guardan rencor y se lee en los comentarios a las noticias que aluden a ella.

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Isabel Morillo. Sevilla

La exconsejera de Hacienda compareció en el juicio del caso ERE con un mensaje que ya repitió allá por 2011, cuando la jueza Mercedes Alaya empezaba a dejar notar que iba a por la “cúspide de la pirámide”, como escribiría en sus autos. Ya hace siete años, en un llamativo café convocado en una sala de reuniones de la Consejería de Hacienda, confesó, ante los atónitos periodistas, que no trasladó los informes de la Intervención a su entonces jefe, el expresidente José Antonio Griñán, y que ni ella misma los leyó con detenimiento.

Nadie pulsó el botón rojo

Esos informes no alertaban de ninguna ilegalidad ni de menoscabo de fondos públicos, insistió igualmente ante el juez del caso ERE. Solo si se hubiera alertado de un fraude, si se hubiera pulsado el botón rojo en alguno de los 15 informes firmados por la Intervención General, debería haber trasladado el aviso a sus superiores. “Yo nunca he ido contra la ley”, aseguró la exconsejera. No hubo informe de actuación, los que se redactaron no detectaron los intrusos ni hablaron de un fraude. Sí cuestionaron cómo se pagaban los ERE y las transferencias de financiación como fórmula para librar los pagos, eludiendo un control previo de fiscalización.

La lectura de esos informes era cosa de su gabinete técnico y no le avisaron de nada, dijo, porque no se alertaba de ilegalidades. Los ha leído 'a posteriori', una vez incluidos en la causa judicial. Así que ella tampoco avisó a Griñán, entonces su jefe, y hoy sentado en el banquillo de los acusados como ella. Solo comentaban algunas propuestas de mejora de la Intervención pero poco más. Ni se le ocurría, alegó, porque este cuerpo de funcionarios, sostuvo, trabajaba con “total independencia”.

Médica de profesión, con plaza en un ambulatorio de Triana (Sevilla), su perfil técnico y gestor está muy alejado de otros políticos como Guerrero

Martínez Aguayo ejerce hoy como médica de familia en un centro de salud de Triana, en Sevilla. Es una de los médicos más solicitados en ese ambulatorio a pesar de las dudas con las que se incorporó a su plaza de funcionaria en plena vorágine del caso ERE. Nacida en Madrid, licenciada en Medicina, esta galena fue gestora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 1996 y 2000. Antes también había ocupado cargos en el Estado, como gestora del Insalud.

Los tecnócratas vs. los 'pata negra'

Cuando Manuel Chaves repescó a José Antonio Griñán para su gabinete en 2004, posiblemente pensando ya en el banquillo de su sucesión, este se hizo con un equipo atípico. A todos esos perfiles técnicos, muy cualificados, de los que se rodeó el entonces consejero de Hacienda y que alcanzarían cargos de máximo nivel cuando llegó a la presidencia en 2009, los ‘pata negra’ del PSOE los bautizaron como “los tecnócratas”. De fondo había dos formas opuestas de entender la gestión pública e incluso la política.

Claro que entonces Griñán, que después eligió a Susana Díaz como sucesora, aseguraba que lo mejor y lo peor de la política estaba en las Juventudes Socialistas, lamentaba que en la administración andaluza y en las listas se prosperara por los trienios sumados en el carné del PSOE y no por méritos y capacidad y defendía que cualquier cargo debía haber trabajado en lo privado antes de recibir una nómina del erario público.

Griñán ascendió a un grupo de profesionales, muy alejados de la vida orgánica del PSOE andaluz, sin saber que los arrastraba al precipicio de los ERE

A esa tecnocracia que muchos despreciaban, Griñán respondió proponiendo más meritocracia. No podía ni imaginar que estaba arrastrando a reputados profesionales poco avezados en la política, como sería también Antonio Ávila, exconsejero de Economía ya desimputado, o el exdirector general de Presupuestos, Antonio Lozano, hacia el precipicio de los ERE. Con ellos empezaron las primeras fisuras en el caso.

Empleo y Hacienda, dos modelos

Martínez Aguayo fue de las primeras en romper el guion político al asegurar que la responsabilidad política de los ERE estaba “sin duda” en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. La división entre Hacienda y Empleo se hizo evidente. En el juicio todas las defensas han cerrado un pacto de no agresión y evitan echar la pelota a Empleo pero no se sabe si durará. Los bandos siempre han estado ahí, con diferencias importantes. Tantas que los exconsejeros de Empleo culpaban en privado a Griñán de haber dado munición a la jueza Alaya para montar la macroinstrucción.

La convocatoria de Martínez Aguayo en marzo de 2011 sigue siendo inolvidable para la mayoría de periodistas que asistieron. En una sala de reuniones, la entonces consejera de Hacienda defendió que Griñán “ni supo, ni tapó, ni permitió” ninguna irregularidad en los ERE. El PP e IU empezaban a cercar al entonces presidente por su etapa como consejero de Hacienda. Ella lo sucedió como titular de la cartera y antes había sido su viceconsejera. De los 15 informes remitidos por la Intervención, poniendo en cuestión el sistema de ayudas de los ERE, tres fueron en 2005,2006 y 2007, con Aguayo de ‘vice’ y Griñán de consejero.

En 2011, Martínez Aguayo se hizo el harakiri para proteger al presidente Griñán en una convocatoria insólita que los periodistas no olvidan

Ella explicó que nunca había dado traslado a su jefe. “Nunca lo comenté”, dijo. Recibían “unos cien informes al año” y “no se leían al detalle”. A aquella convocatoria con la prensa de hace siete años llegó un carrito de metal cargado de papeles. El carrito de los helados, se comentó en tono jocoso. Eran informes de la Intervención. Los periodistas pudieron leerlos y revisarlos con total normalidad. Nunca antes había pasado algo similar. La intención era dejar claro que los informes eran una montaña de papeles y que no se leían al detalle porque no tenían código rojo, es decir no eran de actuación. Entonces, era difícil imaginar que todos acabarían en el banquillo, Griñán, Aguayo y hasta el interventor, Manuel Gómez.

Su sorprendente actuación, que conllevó que inmediatamente la oposición reclamara su dimisión, se entendió como lo que fue. Martínez Aguayo quiso hacer de escudo protector, cortafuegos o directamente se hizo el harakiri para defender a su jefe. Quienes formaban parte de su equipo entonces aseguran que se lo pidieron desde San Telmo, donde había mucha preocupación por una posible imputación del presidente, y que ella lo hizo encantada. Ante el juez de los ERE fue más cauta pero igualmente protegió a su superior e insistió en que no dio traslado de ningún informe a Griñán.