Chaves, en los ERE: "Sabía que se daban ayudas para grandes crisis, pero no cómo"

Poco después de las diez de la mañana, el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, arrancó su declaración en el juicio de los ERE que analiza el sistema puesto en marcha bajo el que el Gobierno andaluz repartió 741 millones de euros de 2001 a 2010. Chaves, jubilado desde 2015, está imputado por prevaricación administrativa y se enfrenta a una pena de diez años de inhabilitación. Con él, 19 años de gobiernos socialistas rinden cuentas ante un juez en un gran caso de supuesta corrupción política.

"No quiero dar la idea de que no asumo mi responsabilidad", "no es dejación de funciones pero correspondía a otros ponerlas en marcha" (las ayudas) o "no es que queramos esconder nuestra responsabilidad", sostuvo en su declaración de casi cuatro horas. Chaves, que ocupó durante años la presidencia del PSOE y siempre ha sido una persona muy influyente en las filas socialistas, se retiró de la vida pública en 2015 tras ser imputado por el Supremo, renunció a su escaño en el Congreso y después se daría de baja como militante en el partido. Pese a este importante currículum político, mientras comparecía ante el juez la portavoz del PSOE, Carmen Calvo, se refería a él en Ferraz como "el ciudadano Chaves" y evitaba valoraciones para "no interferir en la justicia". Esa distancia de Ferraz es especialmente llamativa teniendo en cuenta que Calvo entró en política como independiente cuando, precisamente Chaves, la nombró consejera de Cultura en 1996.

La sesión terminó pasadas las dos de la tarde. Chaves puso el acento en dos ideas clave. La primera que no conocía el detalle de las ayudas sociolaborales, ni cómo se repartían ni con qué norma o bajo cuáles criterios. La segunda que jamás imaginó que ninguna consejería trabajara cometiendo ilegalidades. "Que se daban ayudas sí lo conocía, cuál era el procedimiento, cómo se articulaban, cuáles eran las exigencias, no entraba en mi ámbito de decisión. No lo conocía y no tenía por qué conocerlo", sostuvo en varios momentos de su comparecencia. "En eso no entraba. Pertenecía a otro ámbito político", insistió. Chaves explicó que su gobierno funcionaba con una "estructura de confianza" y que para él "era muy difícil pensar que se pudiera establecer un procedimiento ilegal conscientemente o que se hiciera para burlar la ley".

Admitió, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que "en el consejo de Gobierno se hablaba de Santana, San Carlos, astilleros y Delphi", aludiendo a las grandes crisis empresariales durante su mandato. "No sólo se debatía desde una perspectiva política de cómo afrontar esa situación, tenía repercusiones sociales y políticas, estaba en los medios y en el Parlamento, y nos preocupaba la situación de los trabajadores afectados por esas crisis y sus familias. También lo debatía con los consejeros correspondientes", sostuvo.

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"Cualquier conflicto con repercusiones políticas globales se hablaba", defendió Chaves ante el ministerio público. "Yo hablaba con los sindicatos de las grandes empresas, era mi responsabilidad como presidente del gobierno y era un acto de normalidad democrática. Lo anormal sería que el presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi", explicó. Aseguró que siempre exigía como condición que los dos secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía aprobaran la reunión y asistieran. "Yo me inicié como sindicalista en mi trayectoria política. Un comité de empresa tiene un reconocimiento legal y los sindicatos forman parte de la estructura democrática de este país", defendió.

El expresidente andaluz también defendió que la atención a las empresas en crisis formaban parte de su programa de gobierno y defendió la importancia de los grandes acuerdos de concertación sellados durante décadas con sindicatos y patronal en Andalucía, que estaba recogidos, aseguró, en el Estatuto de Autonomía y se debatían en el Parlamento andaluz.

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Chaves dijo desconocer las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1994 y 1995, que algunas defensas alegan ahora como el marco normativo bajo el que se daban en Andalucía ayudas discrecionales iguales a las del Estado, y confesó que supo del convenio marco de 2001 que regulaba exactamente el fondo andaluz cuando preparó, allá por 2012, su comparecencia en la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz.

A preguntas del presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, que le formuló la misma cuestión a Griñán retomando un extracto de la declaración del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, ante la juez Mercedes Alaya, que "cada consejero conocía sus partidas, sus programas presupuestarios pero en el Consejo de Gobierno no se debatían y no se podía conocer el destino de las transferencias presupuestarias". Chaves sí ratificó su declaración ante el Supremo, en 2015.

El "índice verde"

Sobre las ampliaciones presupuestarias aprobadas para nutrir la partida 31.L, que disponía las ayudas a trabajadores y empresas en crisis, el expresidente insistió en varios momentos en que se aprobaban porque venían con el visto bueno de la Intervención General de la Junta, sin leerlas ni discutirlas. "Venían con el índice verde, directamente para que se aprobaran", sostuvo defendiendo que es una técnica presupuestaria muy común. "Si me hubiera dedicado a leer esas cosas me habría pasado todo el tiempo de mi presidencia leyendo", agregó. "Por definición una ley no puede ser ilegal y las transferencias estaban en la ley", defendió, remitiendo a que este fondo estaba incluido en los presupuestos que se aprobaban en el Parlamento anualmente. Igual que también pasaban por la Cámara todos los acuerdos de concertación, apuntó.

Ni el fiscal ni el presidente del tribunal preguntaron por aquellas ayudas concretas, más allá de los grandes casos, en las que podría entenderse que Chaves tuvo algún papel concreto por diferentes razones, como las concedidas a Bilore, Novo Link o a las mineros de Huelva. Sobre la carta enviada a colectivos de prejubilados con el encabezamiento "por indicación del Excelentísimo señor presidente", Chaves aseguró que se trababa sólo de "una fórmula protocolaria" para las cartas que salían de su oficina y negó su mediación en cualquier ayuda. "No me reunía nunca ni con viceconsejeros ni con directores generales", sostuvo. Tampoco hubo ninguna pregunta ni alusión a la información difundida por el PP un día antes de su comparecencia que indicaba que Chaves veraneó en el chalé de un empresario que recibió una ayuda, en concreto de una empresa relevante en su ámbito como es Fundiciones Caetano.