La Justicia obliga al Gobierno a acoger a un testigo de la tragedia de Melilla que Marlaska ubicó "en tierra de nadie"

"Gritaban pidiendo ayuda, pero nadie ayudó. Vi mucha gente morir". Basir sabe lo que pasó aquel 24 de junio de 2022 en la valla de Melilla porque lo vivió en primera persona. Es uno de los supervivientes de la tragedia en la que perdieron la vida decenas de migrantes que trataban de llegar a Europa. La imagen de los cadáveres apilados en el suelo marca el punto más oscuro de la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos. La Audiencia Nacional, en una resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, ha ordenado a España que acoja en su territorio a este testigo de los hechos, abandonado a su suerte en el país magrebí desde entonces. Sus abogados cargan contra Exteriores e Interior por sus mensajes y por obstaculizar la llegada de este sudanés cristiano perseguido en su país. Podría arrojar luz sobre lo acaecido en la frontera española.

Aquel suceso partió de una avalancha mortal en la misma valla de separación que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ubicó “en tierra de nadie”, aunque hay imágenes y testimonios que ponen en duda esa versión y sitúan parte de los hechos y muertos en suelo español. El Gobierno de Pedro Sánchez cerró filas en torno a la gestión de las autoridades de Marruecos. En los primeros compases, cuando todavía no se sabía el alcance de la tragedia, Sánchez despachó la intervención como “bien resuelta”. Hasta ahora, España ni siquiera ha exigido a Rabat una investigación a fondo. A día de hoy, no hay tampoco un dato certero del número de fallecidos. Las autoridades magrebíes se hicieron cargo de los cuerpos.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó un auto el 29 de febrero con el que pone fin a la situación de desamparo en la que se encuentra Basir en Marruecos (nombre ficticio para proteger su integridad) desde hace un año y medio. Los cinco jueces que componen el tribunal han acordado trasladar provisionalmente a España a este solicitante de asilo mientras se resuelve el fondo de su reclamación, pero pasan las semanas y todavía no se ha llevado a cabo.

La resolución va en contra de la voluntad del Gobierno que se opuso a su llegada por medio de la Abogacía del Estado, según recoge el auto. El Confidencial ha consultado acerca de este caso en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Un portavoz del departamento que dirige José Manuel Albares ha eludido ofrecer detalles del caso apelando a la "confidencialidad", pero afirma que "los detalles los conocen los interesados".

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Basir huyó por razones religiosas de su país, donde se enfrenta a la muerte en caso de regresar, según dice. Acudió a la embajada de España en Marruecos en diciembre de 2022, meses después de sobrevivir a la valla de Melilla. En su caso logró salvar la vida y acceder a territorio español, pero fue uno de los cientos de migrantes rechazados en frontera por las autoridades españolas, una actuación que censuró el Defensor del Pueblo. En la delegación diplomática pidió protección internacional en virtud de la Ley de Asilo y sus abogados llevan pleiteando desde entonces.

Con motivo del aniversario de la tragedia concedió una entrevista a El Confidencial donde relató su experiencia: "Por suerte, logré ocultarme bajo los migrantes que estaban tirados en el suelo allí. Así que fui herido, pero no gravemente, gracias a Dios (...) Las autoridades marroquíes nos recibieron de las fuerzas españolas golpeándonos salvajemente, amenazándonos. Otros fueron también apaleados hasta que perdieron la vida. Fue muy, muy terrible. Vi mucha gente morir, allí en el suelo. Cuando fui devuelto del territorio español, fui arrojado sobre el resto de los migrantes que estaban tirados en el suelo, sobre aquellos que ya estaban muertos. Fue una auténtica tragedia".

Los jueces de la Audiencia Nacional corrigen una resolución anterior del 15 de enero en la que le denegaron la medida cautelar de traslado a España al entender que Basir no corre riesgo en Marruecos. El cambio de parecer, según el auto, se debe a una sentencia reciente del Tribunal Supremo del 6 de febrero. El alto tribunal estableció que, para valorar el peligro al que se enfrenta un solicitante de asilo, hay que tener en cuenta las circunstancias en su país de origen y no del lugar en el que realiza los trámites para llegar a España. “Esta Sala, lógicamente, debe aplicar el criterio sentado por el Alto Tribunal”, dicen los jueces.

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“Debemos, por lo expuesto, realizar una nueva valoración de la situación del riesgo del demandante, aplicando los criterios sentados por el Tribunal Supremo. El país de origen del solicitante es Sudan -Kordofán- (aporta documento de identidad). Adjunta un certificado en el que se dice pertenece a la fe cristiana. Realiza un relato extenso de la “persecución” padecida en Sudán alegando ser perseguido por causa de su religión que no puede ser calificado de inverosímil”, dice el auto.

El equipo jurídico de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, que asumió su caso de forma gratuita, relata que a los 15 años perdió a su padre y a su hermano, que fueron asesinados. Él sobrevivió al ataque en Durban, su aldea, e intentó refugiarse a cientos de kilómetros, en la casa de familiares, pero estos intentaron forzarle a convertirse al islam. Basir ha pasado ya por cinco países (Egipto, Libia, Argelia y Marruecos) en los que ha sido víctima de privaciones de libertad, tortura y tratos inhumanos. Tras la tragedia de Melilla, las fuerzas de seguridad de Marruecos le trasladaron forzosamente a más de 600 kilómetros de la frontera.

Sus abogados reciben la noticia con una sensación agridulce porque a día de hoy siguen sin respuesta del Gobierno español para hacer efectivo el traslado. El auto lo deja en manos de la administración: “Procede, por lo tanto, adoptar la medida cautelar positiva instada, con el fin de que por la Administración se realicen las actuaciones oportunas el orden a promover el traslado a España del solicitante de asilo. Será la Administración la que debe valorar el medio más idóneo para hacer efectiva esta decisión y dará cuenta a la Sala de lo realizado para su cumplimiento”. Contra esta decisión cabe recurso ante el propio Tribunal Supremo.

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DEMOS explica que el 4 de marzo interpusieron una petición a la Audiencia Nacional para que ordenara al órgano administrativo correspondiente “el cumplimiento inmediato” del auto. Dos días después, la Audiencia Nacional ordenó que se notificara su decisión al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada de España en Marruecos. Desde entonces, los abogados de Basir ha realizado dos peticiones más a la Audiencia Nacional en el mismo sentido. “A pesar de ello, las administraciones concernidas han continuado incumpliendo la resolución judicial”, denuncian.

A juicio de los letrados Arsenio G. Cores y Adilia de las Mercedes, esto “demuestra los obstáculos interpuestos por el Ministerio de Asuntos Exteriores contra los derechos de las personas refugiadas africanas negras” y acusan al Gobierno de “racismo”. “Que el Gobierno ignore una resolución de la Audiencia Nacional es una demostración más de que no existen vías efectivas de acceso al derecho de asilo para las personas africanas negras, como ha afirmado el ministro Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo”, añaden.

Este caso resucita las críticas vertidas por diversas ONG y colectivos en defensa de los derechos de migrantes. Su tesis es que a estas personas no les queda más remedio que jugarse la vida en la valla o cruzando el mar porque la burocracia a la hora de solicitar asilo no es una opción viable. España da asilo a un 90% de sudaneses como los que murieron en la valla de Melilla, pero para ello tendrían que haber tenido acceso a ello o armarse de paciencia como en el caso de Basir.

Las muertes en la valla fronteriza de Melilla fueron objeto de estudio por parte de la Fiscalía, pero archivó sus pesquisas tras seis meses sin hallar ningún responsable en la tragedia ni indicios de delito. Sin embargo, la Fiscalía advirtió al Gobierno de su obligación de poner en marcha medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, “a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder al país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido”.