El comisario de confianza de Marlaska confiesa que Interior contrató a la trama tras hablar con Koldo

El comisario de mayor confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió a los investigadores del caso Koldo que mantuvo contactos con el asesor de José Luis Ábalos antes de adjudicar a la trama un contrato por valor de 3,4 millones de euros. Así consta en el acta de su declaración como testigo a la que ha tenido acceso El Confidencial. Este comisario es el responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, uno de los cargos más cercanos al ministro. El comisario admitió que “es muy posible” que Koldo le hablase en esos contactos de la empresa investigada por beneficiarse ante varias administraciones socialistas.

Ofreció más detalles de esa relación a los investigadores. Les dijo que Koldo le dio el contacto de una persona que se llamaba “Íñigo”. En la declaración ante la UCO, este alto mando de Interior facilitó a los investigadores el número de teléfono de esta persona, 625XXX470. Ese número se corresponde con el Íñigo Rotaeche, según ha podido acreditar este periódico a partir de la documentación que obra en el sumario. Es uno de los investigados en el caso porque era el director de proyectos de la empresa Soluciones de Gestión, que se embolsó 53 millones en contratos públicos durante la pandemia y que luego presuntamente repartió comisiones, entre otros, a Koldo García por hacer de conseguidor.

Este alto mando del Ministerio del Interior declaró que “a través de Koldo sabían que tenían una ventana de oportunidad para traer mascarillas desde China” y que una vez en España “serían compradas por la Secretaría de Estado de Seguridad a través de un contrato de emergencia”. Ni conocía a la empresa ni hicieron comprobaciones previas para acreditar su experiencia, pero también reconoció que él fue la persona que contactó con la empresa para “indagar si era factible el suministro de mascarillas”.

Un protegido de Grande-Marlaska

La situación actual de José Antonio Rodríguez acredita el nivel de confianza de la que goza por parte del ministro, que le considera una persona imprescindible que le ha acompañado a lo largo de sus seis años de mandato, el más largo de un ministro del Interior en toda la democracia. José Antonio Rodríguez ocupaba un puesto de subdirector general, al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios. Lo hacía como funcionario de carrera al ser comisario de la Policía Nacional.

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La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 66.2 que los directores generales de los ministerios deben ser funcionarios de carrera y que esa norma general (para alejar de la política ese nivel de dirección) solo puede tener excepciones motivadas cuando se aprueba el real decreto de estructura de cada departamento ministerial. El comisario Rodríguez se jubiló en marzo de 2021, por lo que ya no podía ocupar el puesto de director del Gabinete de Coordinación y Estudios, reservado para funcionarios.

Para poder seguir contando con él le hicieron una estructura a medida. Primero, crearon la nueva Dirección General de Coordinación y Estudios, cambiando la estructura de Interior y elevando el rango del hasta ese momento Gabinete de Coordinación y Estudios. Y segundo, a través de un real decreto, exceptuaron a esa nueva dirección general de la necesidad de que fuese ocupada por un funcionario de carrera, de tal forma que José Antonio Rodríguez ya no tuviese el impedimento por estar jubilado.

Señalado por un subordinado

El cargo del Ministerio del Interior que tramitó el papeleo para la adjudicación a la trama también declaró como testigo ante la Guardia Civil y abundó en que la indicación de contratar con la empresa investigada le vino del mando de la máxima confianza del ministro. La UCO de la Guardia Civil obtuvo esta revelación en la declaración del subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Su nombre es Daniel Belmar Prieto y suya era la competencia de ejecutar la burocracia con las empresas a las que se adjudicaban contratos para adquirir material sanitario durante la pandemia.

A los pocos días de que el Gobierno declarase el confinamiento, el 20 de abril de 2020, Interior recurrió a la empresa de la trama de Koldo García, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. para lo que le pagó 3,4 millones de euros. La trama tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, pero se extendió a otras administraciones socialistas como Interior o los Gobiernos de Canarias y Baleares. Una de las preguntas de la Guardia Civil fue para aclarar quién dio la orden en Interior de contratar a esta empresa y no otra.

A este respecto, la UCO recoge la declaración de comisario Belmar: “Ha manifestado que en relación con Soluciones de Gestión, a él se lo comunican a través del Gabinete de Coordinación y Estudios”. Belmar señaló expresamente al mando de confianza de Grande-Marlaska: “En la misma declaración, puntualiza que José Antonio Rodríguez era el titular de dicho gabinete en el aquel momento y la persona que le hizo partícipe de la información”.

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No es la primera vez que el nombre de Belmar aparece en un informe de la UCO. En otra parte del sumario al que ha tenido acceso El Confidencial le acusan de poner trabas a la investigación. La Guardia Civil dice que les impidió leer un documento en su despacho cuando les dijo que existía un acta de la reunión entre ministerios en la que se decidió contratar a esta empresa.

Por parte de Interior, a esa reunión acudió el departamento que todavía hoy dirige José Antonio Rodríguez. Su llegada a Interior provocó un terremoto en el siempre complejo equilibrio entre la Policía y la Guardia Civil. El Gabinete de Coordinación y Estudios es una plaza muy sensible en el Ministerio y tiene mucha influencia en la estrategia de seguridad a largo plazo de las fuerzas de seguridad. Históricamente, había estado en manos de un guardia civil –el coronel Diego Pérez de los Cobos es uno de los mandos que desempeñó antes esa función en el pasado-. Pero Grande-Marlaska alteró ese statu quo y le dio el mando al comisario de la Policía Nacional José Antonio Rodríguez, a quien se le apodaba comisario Lenin en algunos ambientes policiales por presunta su cercanía al PSOE.