Alud de demandas judiciales para dotar de material sanitario a trabajadores esenciales

Diversos colectivos que representan a trabajadores esenciales están acudiendo en masa a la vía judicial para tratar de forzar a las administraciones competentes a que doten del material sanitario necesario a los profesionales expuestos al coronavirus para poder desempeñar sus funciones en condiciones de seguridad.

Así, en los últimos días, decenas de juzgados en España están tramitando una avalancha de demandas por esta causa, en las que se alega que los empleados están trabajando bajo el riesgo de contagio por no disponer del material necesario para su protección.

En la mayoría de los casos, los jueces están estimando en parte las demandas e instando a las diferentes administraciones responsables de las comunidades autónomas a que les provean de forma urgente con "batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, kits PCR diagnóstico Covid-19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos", con el objetivo de "garantizar la efectiva prevención de riesgos laborales de su personal".

Sindicatos médicos, colegios profesionales sanitarios, representantes de los cuerpos policiales, CCOO, UGT e incluso el Sindicato Judicialización del Secretariado Judicial, entre otros, han solicitado medidas cautelarísimas para requerir la provisión inmediata —dan de plazo entre 24 y 72 horas— de material sanitario.

Ya hay más de 30 autos judiciales por esta misma causa. Las reclamaciones proceden de geografías muy diversas: en Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Vitoria, Valladolid, León, Zamora, Salamanca, Palencia, Soria, Segovia, Ávila, Cantabria, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Toledo, Guadalajara, Albacete, Ciudad Real o Plasencia ya se han firmado dictámenes.

Los juzgados de lo social se apresuran a lanzar los autos en los últimos días con las medidas impuestas, aunque algunas administraciones ya están elevando recursos contra dichas medidas cautelarísimas que las instan a proporcionar los equipos de protección sanitaria.

En la gran mayoría de los casos, se requiere a las gerencias de atención sanitaria, así como a las consejerías de Sanidad de las distintas regiones, que pongan remedio a este problema de falta de adecuada protección, que está provocando la infección por coronavirus de muchos profesionales que están en primera línea, algunos de los cuales han fallecido por el agravamiento de la enfermedad.

Autos en Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Vitoria, Valladolid, León, Zamora, Soria, Segovia, Palencia, Salamanca, Ávila...

Aunque la gran mayoría de autos consultados por este medio corresponde a sindicatos médicos, la casuística es mucho más amplia. Por ejemplo, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona ha estimado una solicitud de medidas cautelares provisionalísimas interpuesta por el Sindicat de Policies de Catalunya, por el Collectiu Autonoms de Treballadors Mossos d'Esquadra y por el Sindicat de Mossos d'Esquadra frente al Departament D'Interior de la Generalitat de Catalunya para la provisión de material sanitario.

En esta misma línea, el juzgado de lo social 1 de Vitoria-Gazteiz ha acordado, a solicitud de Euspel (Euskal Polizien lkartasuna), la siguiente medida cautelar: "Requiérase al Gobierno vasco (Departamento de Seguridad del Gobierno) para que provea con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, a todos los centros de trabajo de la Ertzaintza, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso del personal de dicho cuerpo, de mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, guantes de protección desechables, contenedores de residuos infecciosos, material adecuado para la desinfección del equipo personal (toallitas, gel, alcohol, etc.) y para que acuerde se ponga en marcha la aplicación minuciosa de procesos de jurisprudencia de descontaminación y eliminación de los residuos del material utilizado y la desinfección diaria de los centros y vehículos de trabajo".

No todos los cuerpos han gozado de la misma suerte. La Audiencia Nacional ha cerrado la puerta al Sindicato Unificado de Policía (SUP) en su demanda de que el Ministerio del Interior dote con carácter urgente a los policías nacionales de medios de protección frente al coronavirus. El sindicato aún tiene abierta otra vía judicial en la que reclama que los policías nacionales sean considerados colectivo de riesgo ante la pandemia, para la que ya ha anunciado que recurrirá igualmente a la Audiencia Nacional, tras el rechazo del Tribunal Supremo.

Otros que no están encontrando el respaldo de los juzgados son algunas empresas privadas que también dan servicios esenciales. La federación regional de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT (FEMS-UGT Madrid) y el Sindicato de Limpiezas, Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente demandaron a una UTE de Ilunion que trabaja haciendo servicios de limpieza en el Hospital de Fuenlabrada. En su escrito, pedían "medidas cautelarísimas para que se les dotara con carácter urgente material y EPI necesarios e imprescindibles para asegurar su salud frente al posible contagio del Covid-19". Pero el juzgado de lo social 39 de Madrid desestimó en un auto dicha reclamación.

Otro que tampoco ha contado con el apoyo de los jueces es UGT, que reclamó material sanitario para los trabajadores de la subcontrata Clece del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, quienes prestan ayuda a domicilio en la localidad isleña. Sin embargo, el juez dictaminó que esa provisión de mascarillas en el contexto actual es imposible.

Demandas del Sindicato Unificado de Policía (SUP) o de UGT por la falta de material sanitario para personal de Ilunion y Clece han sido desestimadas

Mejor le ha ido al Sindicato de Trabajadores Unidos del Centro de Atención al Dependiente de Sierrallana (Cantabria). Un juzgado de lo social de Santander ha instado al Gobierno de Cantabria y al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) a dotar de protocolos de protección, material de protección y material desinfectante a los empleados de este centro.

Lo mismo han hecho los jueces de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Extremadura, con las diferentes secciones sindicales del Sindicato Médico frente a gerencias de hospitales, centros de atención primaria, de emergencia o de asistencia rural, o directamente la Consejería de Sanidad de estas comunidades autónomas.

Desestimada la demanda contra el Gobierno

Sin embargo, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha tumbado en dos autos judiciales en los últimos días una demanda de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en la que pedía la misma medida cautelarísima al Ministerio de Sanidad: "En cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, se provea con carácter urgente e inmediato, en todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de Atención Primaria, servicios de Emergencias, servicios de Asistencia Rural, centros con pacientes institucionalizados así como todos los demás centros asistenciales del territorio nacional ya sean públicos o privados y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos, siguiendo las recomendaciones de la OMS y los protocolos de protección del propio Ministerio de Sanidad".