Planas promete al campo una PAC más laxa y reducir la burocracia: fin del cuaderno digital

Luis Planas se arremanga para apagar el fuego del sector agrario y ganadero en la segunda reunión con las organizaciones del ramo en 15 días. El ministro de Agricultura ha ofrecido un paquete de 18 medidas en su reunión con los representantes de Asaja, COAG y UPA centrada en la eliminación de trámites burocráticos y la instauración de mayores inspecciones tanto en la producción como en las importaciones. Para llevar a cabo algunas de las iniciativas propuestas por el Gobierno, Planas tendrá que convencer a sus socios europeos, ya que el plan contempla retoques en la aplicación de la política agraria común (PAC) ya en este año 2024. El ministro participará en dos reuniones en Bruselas, una el 26 de febrero y otra el 16 de marzo, en la que abordará estos asuntos.

"El espíritu es solucionar los problemas que han provocado las movilizaciones", ha admitido Planas en la comparecencia posterior al encuentro, donde los representantes de las organizaciones agrarias han avisado que las protestas ya convocadas se mantendrán hasta el 26 de febrero. Pero la disposición es buena y los representantes de Asaja, COAG y UPA han alabado las propuestas de Agricultura, a pesar de que han advertido que muchas dependen de Europa. Una de las iniciativas más simbólicas y que no debe recibir el visto bueno de Bruselas el fin del cuaderno digital como un requisito obligatorio. Esta medida forzaba a los productores a cambiar el modelo de gestión de las explotaciones y el paso del papel a lo digital, pero su aplicación será voluntaria después de las numerosas quejas de los agricultores y ganaderos.

Agricultura incentivará el uso de esta herramienta, que debería ser obligatoria desde septiembre de este año, pero las "dificultades" en su aplicación y el rechazo del sector ha acabado por convencer al Gobierno, que se compromete e "simplificar la carga administrativa". Muchos de esos trámites, como el propio cuaderno digital, están vinculados a la PAC aprobada para el periodo 2023-2027. Ocurre lo mismo con los llamados ecoesquemas, que son pagos vinculados a la adopción de medidas medioambientales y que serán ampliados para llegar a más beneficiarios. Especialmente en zonas áridas, donde es más difícil cumplir con los requisitos ecológicos.

Planas llegará a Bruselas el próximo día 26, cuando se reúnen los ministros de Agricultura de la UE, con una propuesta para "flexibilidad la condicionalidad de la PAC", es decir, reducir exigencias como la rotación de cultivos en determinados supuestos, la cobertura mínima del suelo o la reserva de superficies no productivas en cultivos de regadíos. También habrá propuestas relacionadas con la agricultura ecológica, pero estos son algunos de los puntos sobre los cuales los agricultores tienen dudas porque el Gobierno puede naufragar si no encuentra aliados en Europa. El propio Pedro Sánchez se ha comprometido a aprovechar su buen cartel en la unión para remar a favor del campo español.

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El ministro de Agricultura, bregado en la negociación europea, tendrá que afanarse para lograr la imposición de las llamadas cláusulas espejo. Con este nombre se conoce a la prohibición de importar productos de terceros países si no cumplen los requisitos medioambientales y sociales que tienen los agricultores y ganaderos de la unión. "No tenemos mayoría", ha admitido Planas, que sí ha destacado que su colega francés sí apoya esta propuesta española. La intención de España es que cualquier producto que tenga el más mínimo residuo de un fitosanitario prohibido por la UE no pueda entrar en España. Para ello, el Ejecutivo instará a "mejorar la eficacia de la unión aduanera".

Las 18 medidas se completan con un refuerzo de los créditos y los avales para la incorporación de jóvenes al campo y una mejora de los seguros agrarios que reclaman las organizaciones. También se mantendrá la bonificación del gasóleo profesional, que tiene un coste de 400 millones de euros anuales, aunque Planas no ha sido capaz de cuantificar el total del gasto que contempla el paquete, ya que hay medidas regulatorias, además de las que deben negociarse en Bruselas. Aquí destaca especialmente la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, que mejorará la competencia de la actual Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y que tendrá que aprobarse por ley.

Según ha dicho Planas, el Gobierno contempla la incorporación de esta agencia a alguna de las normas que se vayan a tramitar en breve, como podrían ser los presupuestos generales del Estado, para acelerar su puesta en marcha. El objetivo es reforzar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, como se comprometió Sánchez en el Congreso hace unos días, y redoblar las inspecciones a las empresas que no cumplan la norma que establece que los productores no pueden trabajar a pérdidas. Con esta intención, el Ejecutivo permitirá acumular las sanciones a las empresas para lograr mayor eficacia en la labor "pedagógica" de la ley. "El daño reputacional es tan grande como una sanción", ha zanjado Planas.

La respuesta de las organizaciones agrarias, pese a las reservas, es positiva y ambas partes se han emplazado a avanzar hacia el acuerdo a partir de la semana próxima. Para ello, se crearán unos grupos de trabajo para abundar en las peticiones del sector primario. Entre los asuntos que se han quedado en el tintero, según los representantes de Asaja, COAG y UPA, está la revisión del acuerdo con Mercosur y la revisión del plan de protección del lobo que ha soliviantado a los ganaderos del norte del país. El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha señalado directamente a Teresa Ribera por este asunto, pero también a Yolanda Díaz por la subida del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que ha pedido al presidente del Gobierno una "mayor coordinación" con sus vicepresidentas.