El problema del campo no es que los productos de fuera sean peores, es que salen más baratos

El campo europeo vive en crisis permanente. Las protestas de los agricultores para pedir nuevas medidas proteccionistas son tan antiguas como la apertura de los mercados de los antiguos Estados-nación; es decir, como el proceso de integración que ha dado lugar a la actual Unión Europea, iniciado hace siete décadas. Esta vez, el sector primario ha encontrado en las elecciones comunitarias del próximo junio el marco perfecto para introducir en la agenda sus reivindicaciones, en un totum revolutum que mezcla cuestiones diferentes (la sequía, las normativas medioambientales, la burocracia de las ayudas, la competencia desleal, la desigualdad en la cadena de valor...), con matices en función de los países, pero que siempre llevan al mismo punto: las dificultades para ganarse la vida con la producción de alimentos.

Como suele ocurrir cada vez que se habla del sector primario, Francia ocupa el centro de todas las protestas, con los productos españoles como chivo expiatorio. Sin embargo, el mismo argumento que se usa al norte de los Pirineos para pedirle al Elíseo que reaccione (en España la regulación es más laxa) también se emplea al sur para presionar a la Moncloa (en España la regulación es demasiado estricta). Los expertos consultados por este periódico coinciden en que en ambos países las normas a las que están sujetos los agricultores resultan muy similares, ya que vienen determinadas por el acervo comunitario. El problema, más bien, es compartido en el conjunto del continente, y tiene que ver con una realidad tan implacable como las reglas del mercado: los productos de fuera son más baratos, porque los costes para producirlos son inferiores.

Una polémica artificial

El mismo dedo acusatorio que en el Valle del Loira se dirige hacia Almería, en Almería señala a Souss-Massa, la región marroquí que, al igual que la provincia española, se ha ido llenando de invernaderos durante las últimas décadas, como refleja la inmensa mancha blanca visible al sur de Agadir en cualquier imagen de satélite. Sin embargo, solo uno de los dos índices tiene argumentos para mantenerse firme. Juan Carlos Pérez Mesa, catedrático de la Universidad de Almería especializado en la investigación del mercado hortofrutícola, pone en cuestión la versión francesa: "No tiene sentido. Se quejan de que las condiciones de calidad no son iguales a las españolas, pero el sistema es idéntico, porque las normas las marca Europa". En nuestro país, en cambio, la supuesta competencial desleal la ejercería Marruecos, que no pertenece al bloque comunitario.

Con los datos en la mano, el relato de los agricultores franceses —avalado por el propio presidente, Emmanuel Macron, y que las declaraciones de la exministra de Medioambiente Segolène Royal sobre la baja calidad de los tomates españoles han llevado al paroxismo— resulta injustificable. Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, el 71% de los tomates importados por Francia en la campaña 2021/2022 procedía del país magrebí, y solo un 16% de España. En todo caso, quien estaría perjudicando la producción gala serían los ejemplares norteafricanos, asegura Mesa.

TE PUEDE INTERESAR

Los agricultores mantienen las protestas: "No podemos seguir con el medioambientalismo"

Carlos Rocha

El experto achaca la agitación de espantajo español a una cuestión de puro interés nacional: Francia estaría reexportando una parte de la producción que recibe de Marruecos a Alemania, lo que explica que los envíos hacia la locomotora europea continúen en invierno, cuando apenas salen tomates del Valle del Loira o cualquier otro departamento. "No tendrían que estar cerrando las fronteras en los Pirineos, sino puertos como Dunkerque, que es por donde entran los productos que hacen competencia al suyo", enfatiza, en referencia a los ataques a los transportistas españoles que llevan la mercancía hacia el norte del continente. El tiro, por tanto, está completamente desviado, lo que no evita, puntualiza el experto, la existencia de algunas pequeñas diferencias entre los países del bloque, que cuentan con sus propias leyes de cadena alimentaria.

Estas normas se han ido endureciendo —tanto en Francia como en España y otros países de la UE— durante los últimos años para proteger al agricultor y evitar lo que se conoce como destrucción de la cadena de valor. Con carácter general, prohíben vender a pérdidas, de tal manera que el coste de la producción se erige como el factor de referencia para establecer los precios que se pagan en origen. Gracias a esta regulación, los intermediarios tienen más difícil aprovecharse de su mayor poder de negociación para imponerles las condiciones a los productores.

Sin embargo, los sindicatos agrarios consideran que su aplicación no está siendo efectiva, como transmitieron, en el caso español, al ministro del ramo, Luis Planas, en la reunión de este viernes. En otras palabras: se quejan, como llevan haciendo los ganaderos del sector lácteo desde hace décadas, de que no les sale a cuenta seguir produciendo. Ese es el verdadero problema, que no tiene que ver con la mayor o menor calidad de un tomate —los expertos consultados aseguran que las propias empresas compradoras imponen requisitos superiores a los legales, que afectan igual al producto nacional y al foráneo—, sino con una dinámica mucho más profunda que se ha acelerado con la globalización.

TE PUEDE INTERESAR

La agenda verde choca con las 'manifas' de tractores: la cuadratura del círculo de la UE

María Zornoza. Bruselas

El poder del mercado

Al final, el mercado manda. Y el mercado dice que si aumenta la oferta y la demanda se mantiene constante, bajan los precios. Ese miedo ya marcó la constitución de la Comunidad Económica Europea, el antecedente de la UE actual, en 1957. Entonces, el campo francés temía que su mercado natural se viese invadido por productos foráneos a precio de saldo; París, que el descontento de los agricultores cristalizase en un giro reaccionario que devolviese al país a pesadillas pasadas. Aquellos ecos han regresado, como demuestra la politización que la extrema derecha europea está haciendo del conflicto actual de cara a los trascendentales comicios de junio.

El resultado del miedo fue el nacimiento, en 1962, de la Política Agrícola Común (PAC), un instrumento que escalaba el proteccionismo tradicional —lo llevaba del Estado-nación al recién surgido nivel comunitario— y durante décadas se comió más de la mitad del presupuesto de la Unión Europea (ahora supone algo menos del 30%: 53.700 millones en 2024). La filosofía de la PAC consistía, esencialmente, en subvencionar la producción para que el sector primario pudiese obtener ganancias sin que el consumidor notase un alza de precios. Este win-win, sufragado por el contribuyente, provocó una sobreproducción que a lo largo de los años empezó a colocarse a los países en vías de desarrollo a precio de derribo, dificultando que estos, sin músculo presupuestario para subsidiar sus agriculturas nacionales, participasen del mercado en pie de igualdad. La acusación de competencia desleal no es nueva: antes ya funcionó en un sentido opuesto.

El cambio de política comunitario, que se inició en los años noventa —en paralelo al proceso de globalización—, dio un giro a la situación, y se encuentra en la génesis de la crisis perpetua que se vive desde entonces. Por primera vez, la Unión daba pasos para dejar de subvencionar directamente la producción y, por tanto, para dejar de garantizar los precios, esperando que fuese el mercado quien los regulase. La superficie emergía, así, como criterio fundamental del reparto, al considerarse la mejor forma de asegurar la renta agraria (remuneración total de todos los factores productivos: tierra, capital y trabajo). Además, se empezaron a introducir requisitos medioambientales y de calidad. Si alguien piensa que el problema actual surgió con Pedro Sánchez, Emmanuel Macron o Ursula Von der Leyen, es mejor que pregunte por Ray MacSharry, el comisario irlandés que impulsó aquella norma frente a la oposición de los Estados miembros.

Las sucesivas reformas de la PAC han ido orientadas a reforzar el papel del mercado a la hora de asignar los recursos

Desde entonces, las sucesivas reformas han ido orientadas a reforzar el papel del mercado a la hora de asignar los recursos, con la disociación total entre la producción y las ayudas y una creciente condicionalidad de las mismas. Ya no se trata de producir más, sino de producir mejor y de forma más sostenible, generando un impacto positivo en el mundo rural. El resultado es el que denuncian los agricultores: más burocracia y la imposición de unos requisitos medioambientales y de calidad muy estrictos, que incrementan los costes mientras los ingresos no crecen al mismo ritmo, afectados por las caída de las subvenciones directas. Un dato: según los cálculos de Pérez Mesa, los subsidios de la PAC solo representan el 1,3% de la producción final comercializada de frutas y hortalizas en España. "El sector hortofrutícola vive gracias al mercado", sentencia.

Y pese a todo, gana dinero

La huerta española ha sabido explotar su ventaja comparativa, basada en unas condiciones climáticas favorables, para convertirla en una ventaja competitiva, gracias a una tecnificación cada vez más sofisticada y una mano de obra relativamente barata si se contrasta con la de nuestros principales socios. El resultado es que las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres siguen creciendo: el año pasado lo hicieron un 5,2%, hasta superar los 20.000 millones de euros de enero a noviembre, según el último Informe Mensual de Comercio Exterior, elaborado por el Ministerio de Economía.

La renta agraria también se disparó en 2023, un 11,1%, hasta rozar los 32.000 millones de euros, gracias al récord histórico del valor de la producción mientras los costes se reducían. Son datos del Ministerio de Agricultura. Los desplomes de la energía y los fertilizantes, ambos en el entorno del 30%, resultaron claves, tras el encarecimiento del año anterior como consecuencia de la guerra en Ucrania. Asimismo, el Gobierno ha contribuido a esta recuperación en un entorno muy difícil, caracterizado por la escasez de lluvias. Pese a las quejas de los productores, que piden más apoyo, el Ejecutivo ya ha aprobado durante los últimos dos años generososos paquetes de ayudas para hacer frente a la crisis energética y a la sequía.

En ese contexto, los márgenes sobre ventas de la agricultura ya están más de un 20% por encima de los niveles previos a la pandemia, según el observatorio gestionado por el Gobierno, la Agencia Tributaria y el Banco de España. Aunque el último informe advierte de que es pronto para sacar conclusiones, dada la variabilidad de los datos en un sector muy afectado por la estacionalidad y las condiciones climatológicas, lo cierto es que ya van dos trimestres consecutivos en que la recuperación de los márgenes del productor supera a la de los del distribuidor, en la diana durante la espiral inflacionista por haberse lucrado, supuestamente, de la situación. Según Eurostat, los agricultores españoles lideran las subidas de precios en la Unión Europea tras la crisis energética, como se detalla en este artículo.

Se pueden dar más datos, pero todos apuntan en la misma dirección: en un mercado crecientemente liberalizado, el quid de la cuestión no es que la agricultura no sea rentable, sino que algunas producciones no lo son. La barrera que separa el éxito y el fracaso no se halla en los Pirineos, ni en los controles de calidad, sino en la oferta y la demanda, que, como en cualquier otro sector, son las que marcan los precios. Tanto, que los agricultores almerienses han tenido que pasarse a los tomates ecológicos denostados por Royal—pese a que pasan los mismos filtros que los franceses— ante la creciente competencia marroquí, favorecida por sus menores costes, pero que durante décadas estuvo excluida de los mercados europeos por la política proteccionista comunitaria. Incluso los propios productores de Souss-Massa están reconvirtiendo sus invernaderos para el cultivo de frutos rojos, que son mucho más rentables que los tomates.

Emilio Gil Moya, catedrático de Ingeniería Agroalimentaria en la Universidad Politécnica de Cataluña, compara el proceso de integración de mercados que está viviendo el sector primario con el que en su día afrontó el secundario: "Con la agricultura pasa lo mismo que con las deslocalizaciones industriales". El experto, que ha recorrido explotaciones agrícolas de todo el mundo, destaca la importancia de la mano de obra: en Perú, por ejemplo, se paga el jornal a unos cuatro dólares, unos salarios con los que la agricultura europea no puede competir, y que ya están provocando traslados de la producción a terceros países, especialmente en los negocios dominados por los fondos de inversión.

La soberanía alimentaria que proponen los agricultores franceses supondría el regreso al proteccionismo 'de vieja escuela'

La primacía de la eficiencia constituye la seña de indentidad de la globalización, aunque el covid y la guerra de Ucrania la han puesto en cuestión. En ese sentido, la seguridad alimentaria se antoja como el reverso sectorial de la autonomía estratégica que propugna la Unión Europea: igual que no fue buena idea depender del gas ruso, tampoco lo es que casi todo nuestro suministro de cereal proceda de Ucrania, argumentan sus defensores. Los agricultores franceses van más allá y proponen caminar hacia la soberanía alimentaria, un concepto más ligado a a producción local y que, en la práctica, supondría el regreso al proteccionismo de vieja escuela, incluso previo a la construcción europea; de ahí su crítica a la suspensión del arancel al grano ucraniano como apoyo frente a la invasión rusa.

¿Es Europa el problema?

Europa, en definitiva, ya no constituye la solución intervencionista que muchos añoran para resolver sus problemas de rentabilidad, pero, ¿realmente se ha convertido la intervención europea en el problema? El nuevo giro del discurso de los agricultores va por ahí. Ya no se trata de demandar más intervención, sino menos. En definitiva: de competir en pie de igualdad con los productos de otros países que, consideran, no están sometidos a los mismos controles que los autóctonos.

El campo europeo ha sido uno de los grandes perdedores de la globalización, caracterizada por la creciente competitividad de los países emergentes (le venía mejor el modelo poscolonial del siglo pasado para colocar los excedentes subvencionados). Y no quiere serlo de la transición ecológica, de la que ya se siente víctima. Europa, que representa en torno al 8% de las emisiones mundiales de CO2 —son datos del proyecto científico Global Carbon Budget— se ha erigido en paladín de las políticas climáticas. José Manuel Cebollada, vicepresiente de la asociación agraria Asaja, lo resumía enfáticamente tras la reunión de este viernes con Planas: "Somos más papistas que el Papa".

TE PUEDE INTERESAR

Los agricultores españoles lideran las subidas de precios en la Unión Europea

Javier Jorrín

Los sindicatos piden que se eliminen los ecorregímenes, una de las principales novedades de la PAC para este quinquenio (2023-2027), y que consiste en pagos directos, con periordicidad anual, a los agricultores que acepten voluntariamente la adopción de prácticas medioambientales. Pero, sobre todo, que se suavicen los requisitos de sostenibilidad que debe seguir cualquier producción en suelo europeo. La reducción, año tras año, de la lista de productos químicos que se pueden utilizar constituye el principal caballo de batalla. El propio Pérez Mesa lo reconoce, y atribuye en parte a este hecho el progresivo abandono del cultivo tradicional en favor del ecológico en la zona de Almería: "Están bajando las productividades. Hay mas afecciones de plagas, no puedes combatir contra ellas".

Los agricultores denuncian que estos requisitos no se les exigen a los productores foráneos, que se han beneficiado de los tratados de libre comercio firmados por la Unión Europea para introducir su mercancía en el mercado único, en un acto de competencia desleal. Según Gil Moya, el sector tiene bastante razón en este punto: "El Pacto Verde ha supuesto una presión enorme a los agricultores para producir de forma sostenible, reducir el uso de fitosanitarios y residuos, pero cuando entran los productos de fuera no se les exige esa normativa". Más allá de lo que permitan los diferentes acuerdos de libre comercio, existe un hecho cierto: a diferencia de las calidades, es muy difícil que la trazabilidad de un producto permita asegurar al 100% que este fue producido con todos los estándares exigidos. Para que la igualdad entre la mercancía europea y la de países terceros fuera total, habría que mandar burócratas de Bruselas a escudriñar los invernaderos de Agadir.

La respuesta de Bruselas

Existen dificultades técnicas insalvables, pero también un malestar social muy fuerte que no entiende de matices, y podría tornarse en malestar político de cara a las elecciones comunitarias de junio. Durante el Consejo Europeo de esta semana, la controversia estuvo presente en toda su gravedad: 1.300 tractores bloquearon el barrio europeo de la capital, a solamente unos cientos de metros de donde se reunieron los líderes. Olaf Scholz, en la primera economía de la moneda única, se enfrenta a un partido de extrema derecha como Alternativa para Alemania (AfD), que trata de capitalizar las protestas, mientras en Francia, la formación de Marine Le Pen, Reagrupación Nacional, apoya abiertamente la revuelta, contraponiendo su ADN proteccionista con el liberalismo del presidente Macron.

El actual sistema, al que ahora se señala como culpable, fue aprobado hace pocos años con el voto prácticamente unánime de los Estados

Para conjurar este desafío, los dirigentes de la UE han reaccionado rápido. La presidenta de la Comisión, que se llegó a reunir con algunos manifestantes, ha abierto un "diálogo estratégico", criticado por algunos en la capital comunitaria al participar en él fundamentalmente las grandes asociaciones y lobbies, que no siempre representan los intereses de los pequeños agricultores. El próximo 26 de febrero se celebrará una reunión de ministros de Agricultura para abordar posibles medidas a escala continental.

Aunque Von der Leyen no note directamente la presión de los agricultores, como sí hacen Macron o Scholz, son muchos los dedos que apuntan a Bruselas. Entre ellos, y cada vez de manera más agresiva, los del Gobierno francés, a pesar de que el país es el máximo receptor de la PAC. El actual sistema, al que ahora se señala como culpable, fue aprobado hace pocos años con el voto prácticamente unánime de los Estados miembros, pero el Elíseo no dudará en agitar la bandera del proteccionismo si resulta necesario para aplacar las protestas.

De hecho, uno de sus últimos movimientos ha sido disparar contra el acuerdo comercial que la Unión Europea y Mercosur, el bloque comercial conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, llevan negociando desde hace dos décadas. París y Dublín bloquean el pacto escudándose en cuestiones medioambientales, aunque su principal preocupación son los sectores cárnicos nacionales. "No estoy en contra de los acuerdos comerciales por definición. Simplemente estoy en contra del libre intercambio cuando es la ley de la jungla. No es mi visión de las cosas", explicó Macron tras el Consejo Europeo.

El presidente francés incluso apoya la imposición de controles sanitarios más estrictos dentro del propio mercado único. El asunto resulta muy delicado políticamente, pero los discursos no cambian la realidad: el problema del campo no es que el tomate de fuera sea peor, sino que sale más barato. Asi en el Valle del Loira como en Almería.

Freno a la agenda verde

La legislación climática europea ha sido una de las principales causas señaladas por los agricultores como culpables de la situación actual. Si ya a lo largo de 2023 se extendió la idea de que se debía iniciar una “pausa regulatoria” en la agenda verde, un discurso que asumió como propio el Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece Von der Leyen, ahora esa pausa parece innegociable.

La Comisión Europea quiere proponer un recorte del 90% de las emisiones para el año 2040, y dentro del PPE ya hay rumores de motín. Además, según las encuestas, el próximo Parlamento Europeo tendrá una masa crítica muy importante contra la agenda climática, debido al auge de la extrema derecha, que se convertirá en una mayoría absoluta cada vez que el PPE decida no respaldar nuevas leyes verdes.