Feijóo activa un plan con sus CCAA para capitalizar la crisis del campo frente a Sánchez

El hartazgo del campo ha estallado en Francia y asediado la cumbre de los líderes de la UE en Bruselas. Pero también llegará a las calles de España. Las principales entidades agrarias preparan un calendario de movilizaciones en protesta por la maraña burocrática derivada de la regulación europea y su impacto en la escalada de precios en el campo. Mientras el Gobierno trata de sofocar el malestar y evitar que la ola de indignación de los agricultores europeos tenga un efecto contagio, el PP trata de capitalizar ese malestar —sin perder de vista el impacto que puede tener este asunto en las elecciones europeas— y prepara una ofensiva en coordinación con sus territorios para acompañar al sector primario en sus reivindicaciones contra el Ejecutivo.

Génova citará el próximo lunes en la sede nacional del partido a los consejeros de Agricultura de sus 11 comunidades autónomas para armar un frente común ante la nueva crisis del campo, abordar "las respuestas que quiere el sector" y desplegar un "marcaje" total al Gobierno por esta cuestión, también desde el granado poder territorial del partido. La reunión estará liderada por la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, y servirá también para decidir si el partido de Feijóo, desde la dirección nacional a los barones, acompaña en la calle a las entidades agrarias. La formación contempla protestar con el sector primario y abrir, con ello, una nueva vía de desgaste en el Ejecutivo.

"Las peticiones que agricultores y ganaderos han puesto encima de la mesa están más que justificadas. Y la acción que está llevando a cabo el Gobierno está agravando su situación", declara a El Confidencial la responsable del ramo del PP, Paloma Martín, que asegura ver "razonable" el hartazgo del campo y la posibilidad de que salgan a la calle en las próximas semanas. "Somos el partido con mayor tradición rural, el partido del campo", incide, con lo que se comprometen a abanderar una crisis que amenaza con convertirse en un importante factor electoral de cara a las europeas del 9 de junio, en las que el PP se ha propuesto "arrasar" al PSOE.

La ofensiva que el PP ha convertido en prioritaria no solo tiene a Sánchez como objetivo, sino también a Vox. Las reivindicaciones del campo ha sido, hasta ahora, una de las grandes bazas electorales del partido de Santiago Abascal, con mayor penetración en las zonas rurales. La formación ultraconservadora se ha subido también al barco del malestar del sector agrario, aunque mete en la bolsa de culpables tanto al PP como al PSOE por sus políticas "eco-radicales" en Bruselas. Vox da por descontado su apoyo a las posibles protestas, como ya evidenciaron este jueves con la concentración agraria en Bruselas. "Somos el único partido que está a pie de calle apoyando a agricultores y ganaderos", sentencian.

Mientras PP y Vox agitan las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, el Gobierno intenta todo lo contrario: desinflamar el malestar y evitar un nuevo rosario de protestas en las calles. Sánchez sacó pecho este jueves, tras la reunión del Consejo Europeo, del montante de ayudas y reformas legislativas aprobadas durante su mandato para "impulsar un sistema de precios más justo" o adaptar las exportaciones agropecuarias en el "nuevo contexto climático". Defendió el acuerdo de la PAC, que ha disparado el malestar en el sector agrícola y que a juicio del jefe del Ejecutivo ha resultado "muy positivo" para el campo español.

Sánchez aprovechó para condenar también el ataque de la exministra francesa Ségolène Royal a los productos bio españoles, a su juicio "falsos" e "incomibles", una "gran estafa". "El tomate español es imbatible", defendió el presidente del Gobierno, después de que el PP criticase en tromba el "silencio" del Ejecutivo ante los ataques de Francia. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunirá además este viernes con las organizaciones agrarias mayoritarias (Asaja, COAG y UPA) para atender sus peticiones y evitar que ese malestar estalle en la calle.

En el PP apuntan que el titular del ramo "llega días tarde", sobre todo después de que Paloma Martín, junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se reuniese con representantes de las tres organizaciones en Génova el pasado miércoles. Aunque la amnistía es la clave de bóveda de la estrategia de oposición del PP, Génova ha situado la crisis del campo en el centro del debate. Más allá de la reunión del próximo lunes con los consejeros territoriales, los populares han solicitado en Congreso y Senado las comparecencias urgentes de los ministros implicados —Luis Planas, José Manuel Albares y Óscar Puente— e interpelarán al Ejecutivo en los controles parlamentarios de la próxima semana.

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Este jueves, y como parte de esa estrategia, la número dos del PP, Cuca Gamarra, visitó una cooperativa en Almería para cargar contra la inacción del Gobierno; mientras que la vicepresidenta del grupo del PPE, Dolors Montserrat, salió a la calle en Bruselas para apoyar a los representantes del campo español que se habían desplazado hasta la capital comunitaria. En su conversación con este medio, Paloma Martín carga contra la "asfixia regulatoria" derivada de las "leyes ambientales" comunitarias, también contra las propias medidas impuestas por el Ejecutivo que no dependen de Bruselas, como el impuesto al plástico o "el aumento de los costes de producción" por la política energética del Ejecutivo.

El PP trabaja, además, en un conjunto de medidas que perfilará en coordinación con sus comunidades autónomas y que pasan, en primer lugar, por la petición de una convocatoria "urgente" de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural tras el "fiasco" de la última cita en diciembre con el ministro Planas. En línea con el sector primario, el partido de Feijóo defiende la "racionalización" del Pacto Verde Europeo y la revisión y flexibilización del plan estratégico de la PAC, así como la reducción de los costes de energía y combustibles, acompañada de una rebaja fiscal de los productos básicos, o la eliminación del impuesto al plástico, medidas orientadas a reducir la dependencia alimentaria de países como Marruecos.