La doble vara de medir de Sánchez: derecho internacional para Gaza, pero no en el Sáhara

"Israel debe cumplir también con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario". El presidente Pedro Sánchez repitió machaconamente esta frase en cada una de las etapas de su minigira por Oriente Próximo la semana pasada.

Se lo dijo incluso a la cara, el jueves 23 de noviembre, al primer ministro israelí, Benjamín Netanhayu. Se refería a los “ataques indiscriminados”, según él, del Ejército israelí sobre los civiles de Gaza. "La cifra de palestinos muertos es verdaderamente insoportable", recalcó. Esta frase se convirtió en titular de muchas cabeceras del mundo islámico. El número de palestinos muertos rondaba el lunes los 15.000, a los que hay que añadir miles de sepultados debajo de los escombros cuyos cuerpos no han podido ser recuperados.

La invocación al derecho internacional ha estado también presente en todos los discursos de Sánchez desde que, en febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Viajó en tres ocasiones a Kiev para expresar a Volodomir Zelenski su solidaridad. Hasta se desplazó, en febrero, a la ciudad de Bucha y al barrio de Irpin en Kiev, donde se sospecha que el Ejército ruso pudo cometer crímenes de guerra.

Esta preocupación por el derecho internacional en lugares situados a más de 3.500 kilómetros de las fronteras de España contrasta con el desinterés por otro territorio situado a menos de 200 kilómetros de las más orientales de las islas Canarias y que fue colonia española hasta 1975: el Sáhara Occidental.

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Hasta marzo de 2022, la diplomacia española se parapetaba detrás de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara para mantener una postura en apariencia equidistante entre Marruecos, que controla el 80% del territorio, y el Frente Polisario, que circula por el 20% restante. El Sáhara Occidental tiene 266.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la mitad de España.

La equidistancia era más aparente que real, porque en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, Luis Planas, entonces embajador de España en Marruecos, ya ofreció asesoramiento jurídico a los marroquíes para mejorar su plan de autonomía para el Sáhara. Lo presentaron en 2007 para sortear el referéndum de autodeterminación de la población autóctona. Las gestiones de Planas quedaron recogidas en los cables del Departamento de Estado desvelados en 2010 por WikiLeaks.

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La equidistancia se esfumó por completo cuando, el 18 de marzo de 2022, Mohamed VI de Marruecos desveló, en un comunicado, que había recibido una carta de Sánchez. En ella, el presidente consideraba que el plan de autonomía era “la base más seria, realista y creíble” para la resolución del contencioso del Sáhara. Otros países europeos apoyan la propuesta marroquí, pero en términos menos contundentes.

El respaldo a la autonomía se aleja de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La última, aprobada el 30 de octubre, apostaba por enésima vez por “lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que preverá la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.

Aunque Sánchez aplique un doble rasero en sus pronunciamientos, hay un leve paralelismo entre el Sáhara y Palestina. “El conflicto saharaui es como el palestino, solo se solucionará cuando se aborde de raíz”, declaraba, por ejemplo, el sábado Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, al diario El Independiente. “El acuerdo Israel-Marruecos [del 10 de diciembre de 2020] es ocupación a cambio de ocupación”, escribió la escritora Noa Landau en el diario israelí Haaretz.

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Es verdad que la situación en esa antigua colonia española no reviste la misma gravedad que en Ucrania o en Gaza. Así y todo, desde noviembre de 2020 Marruecos y el Polisario libran una guerra de baja intensidad en la que hay muertos militares y civiles por ambos lados. En tres años de hostilidades, Rabat solo ha reconocido uno, un civil el 29 de octubre pasado en Esmara, mientras que el Polisario admitió, oficial u oficiosamente, unos cuantos, los últimos el domingo 19 de noviembre. Ese día, un dron marroquí acabó con la vida de cinco de sus milicianos. Argelia también denunció en 2021 la muerte de tres chóferes argelinos de camiones.

El conflicto sahariano es menos severo, pero España ostenta una responsabilidad de la que carece en Ucrania o Palestina. Es la potencia administradora de jure aunque, en la práctica, no pueda desempeñar ese papel. Solo lo ejerce hoy en día en el espacio aéreo del Sáhara que, 47 años después de su marcha del territorio, sigue bajo su control, a través de la empresa pública Enaire. Solo se libran de él los vuelos militares marroquíes.

Esa responsabilidad quedó, por ejemplo, establecida en el informe que Hans Corell, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Jurídicos, dio a conocer en enero de 2002. En él recuerda que en 1975 España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a Marruecos y Mauritania la condición de potencias administradoras, porque no podía hacerlo unilateralmente.

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La Asamblea General de la ONU aprueba además todos los años una resolución en la que estipula que las potencias administradoras, entre las que figura España, siguen manteniendo sus obligaciones hasta que la propia institución cambie de parecer. “Aunque España no quiera saber nada del territorio”, como afirma el ministro José Manuel Albares, “un Estado solo puede renunciar a sus derechos, pero no a sus obligaciones”, recordaba en El Independiente Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco.

De puertas para adentro, en España, el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional también recalcó en 2014 que la potencia administradora de la antigua colonia seguía siendo la misma. Aquel pleno estuvo además presidido por Fernando Grande-Marlaska, que entonces era uno de sus magistrados y hoy en día es ministro del Interior y uno de los miembros del Gobierno más complacientes con Marruecos, a juzgar por sus declaraciones.

La cerrazón de Sánchez ha ido tan lejos que en la negociación sobre el acuerdo de gobierno con Sumar no se menciona el Sáhara. Ni siquiera se recogen unos párrafos de las resoluciones del Consejo de Seguridad. La excolonia no aparece, mientras que a Ucrania y a Palestina sí les dedica unos párrafos. Es más, apuesta por reconocer al Estado de Palestina.

Opinión

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El entreguismo a Marruecos no se ciñe al Sáhara. Hay otros muchos ejemplos. Quizás uno de los más llamativos haya sido el voto en contra de los eurodiputados socialistas españoles de una resolución del Parlamento Europeo instando a las autoridades marroquíes a excarcelar a tres periodistas influyentes. Solo los socialistas españoles y la extrema derecha francesa se opusieron a la resolución, que fue aprobada, el 19 de enero, por una aplastante mayoría.

La explicación a esta doble vara de medir es Marruecos; es el empeño por mantener a toda costa una relación cordial con un vecino que puede asfixiar aún más a Ceuta y Melilla —las aduanas anunciadas por Sánchez hace casi 20 meses no se han abierto— y que recurre a la inmigración y a la cooperación antiterrorista como instrumentos de presión sobre España. Cuando Albares ensalzó meses atrás la caída de la inmigración gracias a los acuerdos con Rabat, estaba reconociendo que solo cuando el Gobierno español complace a su vecino, este se esfuerza por frenar las llegadas de sin papeles.

Los thinks tanks y los expertos en inmigración de toda Europa han señalado desde hace años a Marruecos como un país que recurre al arma migratoria. El último en analizar a fondo la actuación marroquí es el investigador italiano Costantino Pistilli, que acaba de publicar un libro titulado El gran chantaje. La apertura de fronteras como instrumento de presión política. El caso Marruecos-España (Paesi Edizioni, Roma 2023). En él, demuestra que la inmigración irregular no es solo un problema humanitario, sino que también responde a estrategias políticas de los países emisores.