Los letrados del Congreso avalan tramitar la amnistía y Vox amenaza con querellarse por prevaricación

Los letrados del Congreso de los Diputados han dado luz verde este lunes a tramitar la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE, toda vez que no encuentran defectos de forma que aconsejen lo contrario. Según fuentes parlamentarias, esta proposición de ley no persigue un indulto general encubierto, a diferencia de la norma registrada en 2021 por ERC y Junts. Los servicios jurídicos, dirigidos por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, y cuyos informes no son vinculantes, han marcado distancias entre esta norma y el texto que presentaron los grupos independentistas hace dos años. En este caso, no aprecian una "contradicción palmaria" con lo dispuesto en la Carta Magna, como se aprecia en el informe al que ha tenido acceso El Confidencial.

En 2021, con Carlos Gutiérrez Vicen como letrado mayor, recomendaron no tramitarla, por considerarla contraria a lo dispuesto en la Carta Magna. Vox amenaza con querellarse contra los letrados que rubrican el informe por supuestos delitos de prevaricación, y con extender estas acciones a los miembros de la Mesa que voten a favor de iniciar su tramitación. La Mesa la calificará este martes, y después corresponderá a la Junta de Portavoces, aún por convocar, fijar una fecha para su debate de admisión a trámite en pleno. "Todos los que colaboren con el golpe tienen que saber que deberán asumir las consecuencias", escribió el líder del partido ultraderechista, Santiago Abascal, en la red social X, antes Twitter.

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Según los letrados, la admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias que llegan a la Mesa no debe funcionar como una suerte de "primera instancia judicial". Esto es, como un filtro o "control previo de constitucionalidad", y abogan porque todas sean admitidas y debatidas siempre y cuando cumplan con los requisitos y criterios formales. "Los supuestos en los que la Mesa ha inadmitido a trámite iniciativas, fundamentalmente legislativas, por contradicción palmaria y evidente con la Constitución son muy reducidos, y así, en líneas generales, se limitan a casos en los que se ha pretendido incidir sobre instituciones básicas del Estado en un sentido contrario al previsto en el texto constitucional", reza el texto.

En este caso, aseguran que la iniciativa "carece de defectos formales que imposibiliten su admisión a trámite", y ahondan en las diferencias con la norma registrada en 2021. El texto abunda en que la ley registrada hace apenas una semana "cuenta con elementos que la diferencian" de la iniciativa rubricada por ERC y Junts en la pasada legislatura.

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En este caso, aprecian que el nuevo redactado no enmascara un indulto general, prohibido por la Constitución en su artículo 62, a diferencia de la norma registrada entonces. En sus conclusiones, los letrados advierten también de que no pueden descartar que la norma contenga preceptos que incumplan la Carta Magna, pero recuerdan que pronunciarse al respecto le corresponde únicamente al Tribunal Constitucional.

Si hubiera posibles motivos de inconstitucionalidad, aseguran, "no se derivarían de una lectura directa de ningún precepto de la Constitución, sino de una interpretación de los mismos aplicados a la figura de la amnistía que debería llevar a cabo el Tribunal Constitucional". Esta doctrina, recuerdan, "no se ha dictado aún", ya que ni siquiera ha comenzado la tramitación de la ley, y, por tanto, aún no ha sido posible interponer recursos ante la norma.

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"No parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes para determinar", abundan, si la norma contradice lo dispuesto en la Constitución. Los letrados señalan refuerzan así que es la Mesa quien debe tomar una decisión, aunque no planteen objeción alguna a que eche a andar la maquinaria del Congreso para tramitar esta norma.

Hace apenas una semana, el órgano de gobierno de la Cámara Baja, controlado por PSOE y Sumar, admitió a trámite una proposición de ley de Vox para ilegalizar partidos políticos. Entonces, las formaciones de la mayoría se escudaron en que no podían hurtar al pleno la posibilidad de debatir las iniciativas presentadas por los grupos, aunque a todas luces no tuvieran encaje legal. La diferencia es que, en el caso de la norma de Vox, no existe la menor opción de que pase el primer filtro del pleno, mientras que el Gobierno y sus aliados ya tienen atados los apoyos para aprobar la ley de amnistía.