El juez de Titella devuelve a José Luis Moreno una pistola que le fue incautada por la Guardia Civil

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a José Luis Moreno por la presunta macroestafa que se investiga en la operación Titella ha acordado devolver al productor televisivo una pistola que le fue incautada por la Guardia Civil durante el operativo inicial.

En una providencia de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, insta a que el Instituto Armado proceda a la devolución a Moreno del arma, que se encuentra depositada en uno de los edificios que la Guardia Civil tiene en Móstoles. Se trata, según detalla el instructor, de una pistola de la marca Smith & Wesson, en concreto, el modelo MP9-MPN 6302.

Cabe recordar que Moreno está acusado de delitos de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública. El ventrílocuo se encuentra en libertad condicional con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado.

La investigación

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", a la falsificación de efectos bancarios como cheques pagarés" y al "blanqueo de capitales", y otra, encabezada por Carlos Brambila, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

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Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre "como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como las destinatarias de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

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Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros, ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico", para lo que contarían con la complicidad de empleados que se llevarían su comisión a cambio de introducir ese dinero en el circuito legal.