El PSOE se somete al viacrucis final de Puigdemont: "Trabajamos sin fecha"

Con Carles Puigdemont nunca se sabe. El temor a una espantada como la que protagonizó en 2017, cuando declaró la independencia en lugar de convocar elecciones, como se había comprometido, está en la cabeza de muchos dirigentes socialistas desde la misma noche electoral. El expresident parece ahora determinado a respaldar a Pedro Sánchez, sin giros inesperados de guion. Pero es consciente de que sus votos valen su peso en oro y en los últimos días ha sometido el PSOE a un calvario que aún no tiene final.

Sánchez ha logrado firmar un programa de Gobierno con Sumar, un pacto prácticamente de legislatura con ERC, atar el apoyo de Bildu, el BNG y tal vez también el de Coalición Canaria. Le falta cerrar con el PNV, algo que podría suceder este mismo lunes. La planificación de Moncloa se ha cumplido de forma escrupulosa, pero está fallando con Junts. El partido con quien los socialistas han pasado más tiempo amasando un acuerdo no se siente aún satisfecho con la ley de amnistía. Puigdemont frustró el jueves poner punto y final a la negociación. Y lo volvió a hacer el viernes, a pesar de que existe un documento acordado que el grupo socialista pensaba registrar en el Congreso cualquiera de estos dos días.

Las conversaciones prosiguen con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entre Madrid y Bruselas, en contacto con Puigdemont. No se han parado. Pero los socialistas ya no se sienten en condiciones de afirmar cuándo acabarán. "Trabajamos sin fechas", aseguran ahora en el PSOE. "Puede ser en un día o en cuatro". "En cualquier momento", insisten. Puigdemont ha arrastrado al PSOE a un viacrucis final que, mayoritariamente, se interpreta como una teatralización ante ERC, un intento de acaparar la atención, después de que Oriol Junqueras y Pere Aragonès hayan conseguido, además de la amnistía, una mesa de partidos con un verificador para obligar a los socialistas a discutir sobre un referéndum, el traspaso de las Rodalies (Cercanías) y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda.

Si hay ya redactada una ley de amnistía es porque se ha pactado con ERC y, en teoría, con Junts. Pero en el PSOE sostienen que son "negociaciones con partidos distintos". Y con Puigdemont se está complicando, a pesar de que se daba casi por finiquitada. Las conversaciones entre Santos Cerdán y el expresidente fueron este viernes muy intensas. No se reunieron de manera presencial, como inicialmente se transmitió, pero estuvieron conectados por vía telemática, cada uno con sus asesores. Las líneas permanecerán abiertas con Bruselas y con Barcelona. El secretario general de Junts, Jordi Turrull, ha sido otro de los interlocutores del Gobierno, sobre todo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Tanto él como la portavoz del Congreso, Míriam Nogueras, se encontraban ayer con Puigdemont en el Parlamento europeo, mientras él negociaba con el número tres del PSOE.

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Al parecer, existen problemas "cualitativos", con "elementos técnicos y políticos no resueltos", sobre a quiénes alcanza la amnistía. El expresidente fugado no quiere que nadie de su círculo y de su partido se quede fuera. Amnistía total. "De amplio espectro", dijo en su intervención a principios de septiembre en Bruselas, en la que fijó públicamente sus condiciones. PSOE y Junts se siguen intercambiando documentos, pero se trata, explican fuentes socialistas, de discusiones "muy complejas" y ha sido necesaria la intervención de juristas por ambas partes. Los textos están "avanzados" pero no "cerrados".

A pesar de que Puigdemont no levanta el pie con sus exigencias, los dos partidos mantienen que el pacto es posible. "Posibilidades hay", aseguran en el PSOE. En Junts mantienen que ellos tienen voluntad. La prueba es que las conversaciones prosiguen, aunque cada vez con reclamaciones más duras para los socialistas, que quieren vender que la amnistía es un nuevo paso para la pacificación de Cataluña y ese discurso chirriaría si se incluyen delitos ajenos a los hechos del procés.

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En esta fase última, casi en tiempo de descuento, los dos partidos han renovado sus votos de discreción. Los socialistas defienden que no se ponen "fecha" ni actúan bajo "presión". La realidad es que el tiempo apremia. Que antes del 27 de noviembre se debe producir la investidura de Sánchez, porque si no, las Cortes se disolverán automáticamente y habrá unas nuevas elecciones el 14 de enero. Y que el PSOE se ve obligado a gestionar este momento tan angustioso con Puigdemont, cuando su previsión era que el pleno para elegir presidente a Sánchez se realizara los días 8 y 9 de noviembre. Como la incertidumbre es absoluta, la Mesa del Congreso ha habilitado todos los festivos y los fines de semana para encajar la sesión en cuanto se pueda. Estirando al máximo, aún quedan tres semanas. El momento Puigdemont se alarga.