La exjefa de penal de la Abogacía del Estado debuta en el sector privado como defensora de Iberdrola

La que fuera responsable del área penal de la Abogacía General del Estado hasta hace apenas un mes, Rosa María Seoane, ha debutado en el sector privado como defensora de Iberdrola Generación. La Audiencia Nacional enjuicia desde este martes a la compañía eléctrica por el presunto cierre intencionado de embalses para inflar artificialmente el precio de la luz en 2013 y, aunque Seoane no tomó la palabra en esta primera sesión, se la pudo ver sentada en la bancada de las defensas.

Como desveló El Confidencial el pasado agosto, Seoane acaba de fichar por el despacho de José Ángel González Franco, entre cuyos clientes ya figuraba Iberdrola Generación. Ahora llevará su defensa junto a otro compañero para tumbar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que pide que la compañía sea condenada a pagar una multa de 84,9 millones por un delito contra los consumidores y el mercado.

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"Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda", sostiene Anticorrupción. El fiscal también dirige su acusación contra cuatro directivos para los que pide dos años de cárcel: "Ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 euros".

Este martes, en la primera sesión del juicio, declararon dos de los acusados y negaron la presunta manipulación. El martes y el miércoles está previsto que declaren los otros dos directivos y el propio representante de la compañía. Tras ellos, llegará el turno de peritos y testigos, entre los que destaca el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria.

De la sedición a Iberdrola

Seoane ha sido hasta el pasado septiembre la máxima responsable de los procesos penales en los que estaba involucrado el Estado, entre los que destaca el juicio del procés. Durante la vista oral en la que el Tribunal Supremo acabó condenando a Oriol Junqueras y al resto de políticos catalanes vinculados al referéndum del 1-O, defendió la comisión por su parte de un delito de sedición, el mismo que se les acabó atribuyendo.

Está especializada en delitos fiscales y, antes de llevar las riendas del área penal de la Abogacía, fue subdirectora general de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria. También ejerció como abogada del Estado jefa en la Comunidad Autónoma de Madrid y como adjunta ante la Audiencia Nacional.

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En una de sus últimas actuaciones en nombre de la Abogacía antes del verano, se pronunció sobre la adaptación de la reforma penal del Gobierno que eliminó la sedición. Tras entrar en vigor la reforma del Gobierno, el instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, cambió el procesamiento de Carles Puigdemont y, en lugar de sedición y malversación, pasó a atribuirle los delitos de desobediencia y de la nueva malversación agravada que introduce el cambio legislativo.

La Abogacía no coincidió con su análisis y presentó un recurso seis días después. En el mismo, los servicios jurídicos del Estado coincidían con Llarena en la mencionada combinación de malversación agravada y desobediencia, pero iban un paso más allá y pedían sumarle también el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. En el caso de Junqueras y los otros condenados, la postura fue —sin embargo— diferente. La Abogacía reclamaba que debía aplicarse el mencionado delito de desórdenes públicos, pero, en lugar de la malversación agravada a la que se enfrenta ahora Puigdemont, apuntaba al nuevo tipo de malversación, que contempla penas más bajas.