Iberdrola, Naturgy y Engie cargan contra el nuevo impuesto verde de PP y Vox en Aragón

Ofensiva de las grandes eléctricas contra el impuesto que tramita el Gobierno de Aragón para gravar las renovables. Multinacionales como Iberdrola, Naturgy y Engie están advirtiendo al Ejecutivo de PP y Vox de los efectos económicos contraproducentes que puede generar este nuevo tributo.

Lejos de frenar el anteproyecto legislativo que esbozó el Ejecutivo socialista de Javier Lambán, el nuevo Gobierno autonómico, presidido por Jorge Azcón, ha recogido el guante de su antecesor y está avanzando en la aprobación de este nuevo impuesto medioambiental por el impacto que generan los parques de energía solar fotovoltaica y eólica, que están viviendo un boom en dicha región. Pese a las promesas de rebajas de impuestos antes de las elecciones del 28 de mayo, la nueva Dirección General de Tributos del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón también pretende gravar las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Este nuevo tributo se da con una creciente animadversión de asociaciones locales contra los grandes proyectos de renovables en todo el territorio nacional. Pero en este contexto, Iberdrola avisa de que "la creación de nuevos impuestos reducirá la creación de empleo y riqueza en Aragón. El impuesto supone un coste añadido muy significativo que reduce la rentabilidad de las instalaciones y desincentivará la inversión en eólica y fotovoltaica en Aragón".

En este sentido, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán cree que la comunidad autónoma perderá atractivo para empresas que se quieran ubicar allí porque se encarecerá el precio de la luz: "Afecta al resto de la industria, ya que encarece los PPA firmados con productores renovables. Aragón es una comunidad atractiva para la inversión y parte de ese atractivo puede derivarse de la posibilidad de acceder a precios energéticos competitivos mediante el uso de grandes instalaciones de autoconsumo onsite. Sin embargo, la creación de impuestos a la fotovoltaica resulta un freno para la realización de este tipo de proyectos y, por tanto, para la atracción de industria a la comunidad".

En la misma línea se expresa Naturgy, que cree que no se tienen en cuenta "los beneficios sociales, ambientales y económicos que también conllevan las instalaciones renovables". "La creación de una nueva figura fiscal no homogénea con el resto que comunidades autónomas podría ser discriminatoria y llevar a una desventaja competitiva de unos territorios frente a otros", añade la multinacional presidida por Francisco Reynés, aunque reconoce que ya existen figuras similares como el canon eólico de Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha.

Iberdrola: "La creación de impuestos a la fotovoltaica resulta un freno para la realización de este tipo de proyectos"

Este mismo argumento es recogido por la multinacional francesa Engie: "El nuevo impuesto a las renovables que afectará al parque renovable en Aragón puede romper el equilibrio de mercado y generar asimetrías entre comunidades autónomas". La empresa liderada en España por Loreto Ordóñez cree que "la carga fiscal a la que actualmente hacen frente las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ya es elevada, fomentando el desarrollo de la actividad económica de las zonas donde se encuentran instaladas. Entre otras cargas: impuestos locales —impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), impuesto sobre actividades económicas (IAE), impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), impuestos estatales (impuesto sobre sociedades)—".

Tanto Iberdrola como Naturgy dudan del carácter medioambiental de este tributo y argumentan que las concesiones de impacto ambiental que dan las administraciones ya son un filtro que criba las instalaciones válidas de aquellas que no lo fueran. Otro argumento esgrimido por Engie e Iberdrola es que un tributo de este tipo puede poner en cuestión el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que este mismo año ha aumentado la ambición en instalación de renovables durante esta década. Iberdrola pide a Azcón una reforma más profunda para que paguen más otras tecnologías emisoras bajo el principio de "quien contamina paga".

Naturgy: "La creación de una nueva figura fiscal no homogénea con el resto que comunidades autónomas podría ser discriminatoria"

Hay otras reivindicaciones al Gobierno de Aragón. Los pequeños propietarios de parques renovables con primas a la inversión piden que se les excluya de este gravamen, ya que se podría poner en cuestión la rentabilidad que se les garantizó por ley, señala la asociación Anpier. Incluso la plataforma de crowdfunding renovable Fundeen, participada por el Estado a través del IDAE, pide que se evite a los pequeños propietarios de instalaciones que invierten a través de esta compañía este gravamen, ya que, según justifican, se estaría gravando en muchos casos a los ciudadanos del territorio que han apostado por estas instalaciones con sus ahorros.

El nuevo impuesto, con el que el Ejecutivo de Aragón pretende recaudar 30 millones al año, no solo afecta a las anteriores empresas. Firmas como Repsol, Endesa, Bruc o Forestalia están haciendo una fortísima apuesta inversora en esta región. Precisamente la empresa liderada por Fernando Samper fue acusada antes de elecciones de conflictos de interés con el Gobierno de Aragón liderado por Lambán para lograr autorizaciones. Unas acusaciones que, según fuentes del sector, fueron agitadas por la oposición al anterior Gobierno del PSOE en Aragón con el objeto de desgastarlo para propiciar un cambio de color en el Ejecutivo, como finalmente así se produjo.

Las quejas de grandes empresas como Iberdrola o Naturgy —con gran influencia en sus territorios de origen, País Vasco o Cataluña, respectivamente— frente a un Gobierno de signo popular se dan en pleno intento de Pedro Sánchez de recabar apoyos de los partidos nacionalistas e independentistas para formar Gobierno.