Las reuniones de Reynés en el Villamagna con el futuro de Naturgy (y de medio Ibex) en juego

Septiembre empezó el viernes, pero el curso corporativo arranca oficialmente este lunes y el cajón de deberes pendientes está a rebosar. Tareas internas y movimientos corporativos que quedaron por resolver en un Ibex 35 expectante por ver cómo se resuelve el impasse político pos 23-J, y que influye como nunca en cualquier decisión que se tome en los consejos de administración.

Así, Iberdrola está pendiente de conocer si Estados Unidos, ese país que para su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, es más fiable que España, va a autorizar la adquisición de PNM Resources por cerca de 11.000 millones de dólares, deuda incluida. Una operación que cambiará sin duda la cuenta de resultados de la eléctrica con sede en el Bilbao de un PNV que da largas a Alberto Núñez Feijóo para hacerle ojitos a Pedro Sánchez, con quien el presidente del grupo energético mantiene un enfrentamiento público. De conseguirlo, tres años después de su anuncio, con una demora récord, Galán lograría, por fin, depender cada vez menos del inquilino de la Moncloa, fuera del color que fuera, para llevar Iberdrola al liderazgo mundial de las eléctricas verdes. ¿El futuro? Algo parecido a lo que ha ocurrido con Ferrovial, cuya cuenta de resultados solo depende en un 10% del BOE y en un 90% del resto del mundo.

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Agustín Marco

En Telefónica, están con un ojo en Bruselas, para saber si autorizará y con qué condiciones la operación Orange-MásMóvil, fusión que tendrá repercusión en el mercado español, sobre todo en las tarifas y, por tanto, en los ingresos de los operadores. Es, sin duda, la principal causa de preocupación de un José María Álvarez-Pallete que adelantó su regreso a Madrid para afinar el diseño del plan estratégico que presentará el 8 de noviembre, 12 años después de no tener un investor day en profundidad. Un examen en el que el presidente de la teleco sabe que se juega mucho. Y todo, a pocos meses de iniciar la celebración del centenario de la compañía.

Pero si Pallete se ha arremangado pronto, más lo ha hecho aún Francisco Reynés, presidente de Naturgy, que esta semana tuvo varias reuniones importantes en el Villamagna de Madrid, el hotel de lujo situado en el paseo de la Castellana. El primer ejecutivo de la gasista se vio allí por la mañana y por la tarde con algunos banqueros de inversión. Entre ellos, Donato González, jefe en España de Société Générale, que sabe que la guerra de gobernanza que Isidro Fainé (26% del capital a través de CriteriaCaixa) frenó en seco el pasado 12 de julio al salir en defensa de su delfín ante la rebelión de dos de los mayores accionistas de la energética tendrá capítulos nuevos.

El presidente, al que quisieron imponer un CEO en verano, se reúne con banqueros para analizar alternativas a la presión de sus accionistas

Reynés, listo como pocos, se fía lo justo de CVC Capital Partners (20% del capital), de Global Infraestructure Partners (otro 20%) y de los australianos de IFM (14%), quienes antes del verano le quisieron imponer un consejero delegado apenas un par de meses después de que le ratificaran en junta general por cuatro años más y con plenos poderes. Tenían hasta el sucesor enfilado, Nacho Gutiérrez-Orrantía, el banquero de Citi, a quien le habían garantizado galones de mando y que, tras su fichaje frustrado, no pasó por el Villamagna la pasada semana. Por eso, el mallorquín le da el valor justo al comunicado que la propia Naturgy envió el 12 de julio en el que aseguraba que "todos los representantes de los accionistas han querido ratificar su firme compromiso con el proyecto industrial y su total confianza en el equipo directivo".

En ese documento, la gasista mejoraba sus expectativas de resultados para los próximos años y elevaba el pago del dividendo, condicionado, eso sí, al mantenimiento del rating o nivel de solvencia. Para esto último, vital en un escenario con tipos de interés ascendentes, Reynés tiene dos alternativas. Una, llevar a cabo, por fin, la división del grupo en dos compañías, el conocido como Proyecto Géminis, al que se opone el actual Gobierno en funciones y con el que CVC y GIP querían hacer caja después de cinco y siete años invertidos, respectivamente. Aunque Naturgy reiteró en julio su confianza en poder resucitarlo año y medio después del anuncio inicial, su ejecución dependerá de quién ande por la Moncloa a finales de año, algo que en estos momentos, con permiso de las quinielas y negociaciones varias, sigue siendo una incógnita. La operación no parece estar entre las exigencias de los independentistas de Cataluña, de la que Naturgy salió —se llevó la sede social a Madrid por seguridad jurídica— cuando emergió el 1-O.

La otra vía es vender activos, especialmente los de Latinoamérica, sometidos a una volatilidad continuada en el precio de las divisas y, sobre todo, a una crispación política incontrolable, incluso en países como Chile, donde Naturgy sigue teniendo un tesoro a explotar. Argentina, México y hasta Brasil son negocios de los que la española podría prescindir —ya recibió ofertas no hace mucho tiempo— para garantizar la remuneración a los accionistas hasta 2025 y tranquilizar a IFM, CVC y GIP.

GIP, el inversor con más ganas de encontrar una solución a Naturgy, busca dinero en España para levantar su quinto fondo de 25.000 M

Este último, el fondo estadounidense dirigido por Adebayo Ogunlesi, tenía y tiene todavía una prisa especial por salir de Naturgy. El éxito de esa inversión es una de las principales cartas de presentación que quiere utilizar para levantar su nuevo vehículo de inversión, que anunció a principios de 2022. En aquel momento, GIP Infraestructure aseguró que salía al mercado para conseguir 25.000 millones de dólares con los que seguir su actividad inversora. Pero, año y medio después, Ogunlesi, buen amigo de Fainé, cuenta solamente con 15.000 millones, afectado por un escenario de tipos de interés que complica la rentabilidad de proyectos que, en la época del dinero gratis, era como rematar a puerta vacía: invertir el dinero de terceros que conseguía prestado de la banca casi al 0%, a cambio de sugerentes comisiones de gestión.

GIP, que hasta la fecha ha dado un retorno a sus inversores del 22,4% en sus cuatro fondos anteriores, ha pedido a sus senior advisors que echen una mano para llegar a los 25.000 millones o acercarse lo máximo posible a esa cifra. Su referente en España es Mario Armero, un especialista en consejos de administración, exejecutivo de General Electric, que este verano se ha puesto en contacto con varias de las grandes fortunas españolas para que suscriban el nuevo vehículo del fondo estadounidense. Así lo confirman algunos de los family offices a los que se ha dirigido Armero, que les asegura que más pronto que tarde habrá una solución accionarial en Naturgy.

Repsol, a quien se dirigieron algunos accionistas de Naturgy meses atrás, aparece como opción para alinear los intereses de todas las partes

Banqueros expertos en el sector energético, próximos también a Reynés, no descartan que Repsol aparezca como alternativa a las prisas de CVC y GIP —IFM apenas lleva dos años en el capital—, ya que, entre las cuestiones de la nueva temporada otoño-invierno también está resolver la incógnita de la petrolera con pretensiones de convertirse en una empresa de energías renovables. Antonio Brufau, que renovó a los 75 años como presidente de Repsol el pasado mes de mayo tras amagar con irse, desea poner el sello a su carrera de casi veinte años al frene del grupo con un último movimiento corporativo.

Una guinda al pastel, que ahora sería más fácil dadas las reconducidas relaciones con Fainé, las mismas que hace poco más de cinco años provocaron que Repsol vendiera el 20% de lo que se llamaba Gas Natural a CVC por 3.800 millones. Obviamente, la ahora Naturgy es más verde, color que Brufau y Josu Jon Imaz, su consejero delegado, quieren coger ante la inapetencia cada vez mayor de los inversores por poner su dinero en empresas fósiles. Ni al de Mollerusa ni al expolítico del PNV les cuadra que Repsol cotice a poco más de 14 euros con el petróleo a casi 90.

Pero todas estas operaciones requieren, en última instancia, la aprobación de una Moncloa cuyo inquilino dependerá de las reivindicaciones de los partidos nacionalistas e independentistas, que, además de dinero para sus regiones, también quieren su cuota de poder. En los próximos meses, el Ibex se juega mucho en un tablero político, el español, pendiente de definición.