El PSOE dilata la investidura tras constatar que Junts "sigue en posiciones de máximos"

El horizonte para la investidura de Pedro Sánchez se sitúa en el mes de noviembre. Tanto en Ferraz como en la Moncloa asumen que la fecha se dilatará más de lo previsto y de lo que les gustaría. No fijan ningún día concreto en el calendario, pero sí descartan que se produzca a lo largo del mes de octubre. Más cerca de la fecha tope para la disolución automática de las Cortes si antes no hay una investidura exitosa, el 27 de noviembre, que de la fecha del encargo del Rey al presidente en funciones. "No está en nuestra mano", aseguran fuentes directas del comité negociador con cierta resignación. Los tiempos dependen del avance de las conversaciones. En este sentido, las mismas fuentes reconocen la "complejidad" para llegar a un acuerdo con Junts.

Por todas estas razones y tras hablar con Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha evitado fijar una fecha para la investidura. Su decisión de esperar hasta que la situación esté "lo suficientemente madura" ha generado fuertes protestas en el PP. Alberto Núñez Feijóo expresó su malestar este miércoles en una entrevista en Onda Cero, acusando a la presidenta de actuar como una "militante" del PSOE y de pactar con la Moncloa tanto su fecha de investidura como la dilación de la Sánchez. Fuentes cercanas a Armengol aseguran que la fecha para la investidura de Feijóo se fijó mutuo acuerdo y que el presidente del PP solicitó por carta un plazo como el que finalmente se concedió, como ya adelantó este diario.

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"Me permito recordarle los precedentes, muy especialmente los de las últimas legislaturas (XII, XIII y XIV) en las que entre la primera propuesta de candidato formulada por SM el Rey y la celebración del Pleno de investidura transcurrieron 33, 46 y 24 días respectivamente", argumentaba la carta firmada por Feijóo. Unos precedentes que ponía sobre la mesa tras manifestar que "creo que es necesario disponer de un tiempo prudencial para poder realizar esas negociaciones y esos encuentros con la debida diligencia".

En 2019, la entonces presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, optó también por no poner un plazo a la investidura, aunque entonces no se había activado la cuanta atrás como ahora con la investidura de Feijóo. En aquel momento, trascurrieron 20 días desde que Sánchez recibió el encargo del Rey hasta que se fijó la fecha de investidura para una semana después. Entre medias, el presidente del Gobierno en funciones cerró el pacto de coalición con Unidas Podemos y negoció la indispensable abstención de ERC.

Posiciones de "máximos"

Los socialistas han constatado que los partidos independentistas "siguen en posiciones de máximos". Lo primero pasa por sacar el referéndum de la ecuación, incluyendo las declaraciones públicas. "No precipitarnos en comentarios que pongan en riesgo la negociación", avisan fuentes de la dirección del PSOE. Lo segundo, por moldear o directamente renunciar a algunas de las exigencias manifestadas por el propio Carles Puigdemont, como el "cumplimiento de los compromisos por adelantado" o "la creación de un mecanismo de mediación y verificación". Tras todo ello, el asunto más complejo es el encaje de una ley de amnistía "dentro del marco de la Constitución", que satisfaga las aspiraciones de los independentistas en cuestiones cómo el número de encausados que se beneficiarían y afinar la técnica jurídica para evitar un revolcón por parte del poder judicial.

El propio Sánchez reconoció en su comparecencia de este martes, tras recibir el encargo del Rey, que sobre cualquier acuerdo "se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional". En la dirección del PSOE justifican que priorizan tener un preacuerdo antes de fijar una fecha para la investidura. "No voy a una investidura postiza", sino a una "de verdad", se justificaba Sánchez para no fijar fecha después de reprochar a Alberto Núñez Feijóo su "pérdida de tiempo" por contar con más de un mes para su investidura desde que recibió el encargo del jefe del Estado. En este contexto, el denominado cuarto espacio independentista, crítico con la apertura de negociaciones, ha forzado una votación en el seno del Consell de la República, entre el 17 y el 23 de octubre, para decidir sobre si hay que bloquear la investidura. Una consulta que no vincula a Junts.

Pese a no haber perdido el tiempo durante las últimas semanas, con conversaciones discretas, a varias bandas y diferentes niveles, en Ferraz entienden que hará falta más tiempo del previsto para llegar a un pacto. El acuerdo ahora mismo no está maduro ni lo estará en el plazo de un mes. Un miembro de la cúpula del partido que participa en el equipo negociador se refería ya hace unos días a que Junts necesitaría más tiempo porque "tienen que girar un transatlántico". Pasar de las posiciones rupturistas y el bloqueo a negociar y llegar a acuerdos, lo que de por sí siempre implica renuncias por ambas partes.

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ERC ya ha asumido que el calendario, por mucho que se estire la fecha de investidura, impide que se pueda aprobar una ley de amnistía antes de la investidura. Otra cuestión es que pueda registrarse antes. Fuentes cercanas a las conversaciones entienden que daría tiempo a redactar la ley de amnistía en el plazo de un mes y que está sobre la mesa la posibilidad de cursar su registro en el Congreso antes de la investidura. Fuentes de la mayoría de la Mesa del Congreso, que controlan PSOE y Sumar, insisten en cerrar la puerta a la celebración de plenos antes de la investidura. Tampoco sesiones de control, aunque los populares están presionando para que se celebren.

En lo que respecta a la figura del mecanismo "de mediación y verificación", los socialistas son reacios por la inestabilidad que podría generar a lo largo de la legislatura. Con todo, es una exigencia genérica sin apelar directamente a la figura de un relator ni tampoco a la condición de un perfil internacional. Precisamente, la demanda de un relator internacional en la mesa de diálogo fue lo que hizo saltar por los aires la aprobación de los primeros presupuestos del Gobierno de Sánchez, tras acceder a la Moncloa vía moción de censura, y provocó la convocatoria de elecciones adelantadas. Para el Ejecutivo es una prioridad vincular la investidura a los presupuestos e intentar garantizar con ello una legislatura completa. Una gobernabilidad que se vería sometida a las presiones de un mediador externo en el que pudieran apoyarse los independentistas para condicionar su apoyo a las cuentas a la consumación de determinados compromisos.

Tres semanas para el pacto de coalición

PSOE y Sumar han situado la primera meta volante para avanzar hacia la investidura a finales de octubre. Es el plazo que manejan para avanzar en el acuerdo de coalición y poder sellarlo a finales de este mes. El escenario más plausible, ya que los acuerdos con los partidos soberanistas serán posteriores al pacto de coalición, es el de una investidura que se vaya a mediados de noviembre, acercándose a la fecha límite.

En esta fase de las negociaciones entre los potenciales socios de gobierno, que se ha oficializado con una reunión este miércoles en el Congreso entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, se centrarán en los aspectos del programa. Cuestiones que, según reconocen fuentes de ambos partidos, van unidas a la definición de una estructura de Gobierno. Tras ello se debatirá sobre los nombres y el color de dichos ministerios, según ambas partes. Desde Sumar, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable del equipo de negociación con el PSOE, Nacho Álvarez, ha afirmado que hay "diferencias importantes" con el PSOE.

Los principales retos para la reedición de la coalición, en la que Sumar tomará el testigo de Unidas Podemos como socio minoritario, pasan por el encaje de los de Yolanda Díaz en un Ejecutivo con menos ministerios y un programa que los socialistas quieren descargar de la hiperactividad legislativa del anterior mandato. Menos cantidad de leyes, que en esta legislatura sobrepasaron los dos centenares, y profundizar en el camino ya emprendido. Además, los socialistas se inclinan ahora por recuperar Igualdad y se resisten a perder las competencias de vivienda, en las que ponen el foco.