Sánchez promete "generosidad" ante una amnistía "refrendada" por el Congreso y el TC

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha aceptado el encargo para formar Gobierno y este mismo miércoles comenzará una ronda de reuniones con los portavoces de todos los grupos, menos Vox. Comenzará haciéndolo con Sumar, sus potenciales socios de coalición, con el objetivo de fijar una fecha "cuanto antes" a la espera de acercar posiciones. El líder de los socialistas rompe el guion y será él mismo quien se siente con los partidos soberanistas. Será la primera vez que lo haga con EH Bildu y Junts. En 2019 se encargaron de esta ronda los portavoces del grupo socialista y los encargados de la negociación.

Sin mencionar la amnistía, el líder de los socialistas sí ha prometido "generosidad" para seguir avanzando en la "misma senda" de la desjudicialización iniciada la pasada legislatura con "los efectos beneficiosos de los indultos". Una de las propuestas que "no pocos grupos piden", matizó. En último de caso, el acuerdo al que se llegue lo "refrendará" el Congreso. Asimismo, se tendrá que "pronunciar el Tribunal Constitucional", concluyó, para deslizar así que estaba refiriéndose a la amnistía sin llegar a pronunciar este concepto. Con todo, no se pronunciará sobre una ley de amnistía hasta escuchar a todos los portavoces y ha remarcado que se moverá dentro de la Constitución y el trabajo "en aras de la concordia y la convivencia".

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Los límites del PSOE en las negociaciones siguen siendo "el marco de la Constitución" y, sobre todo, un referéndum. "Lo que quieren los catalanes es pasar página y provocar el reencuentro entre catalanes e instituciones. Ahí es donde nos vamos a mover, por convicción política y compromiso constitucional".

Sánchez ha reconocido que ya hay conversaciones con los partidos independentistas catalanes, pero ha reclamado la máxima de la discreción y no hacer público ningún avance hasta cerrar un acuerdo. Tampoco ha señalado expresamente como una condición para la amnistía que se renuncie a la unilateralidad, a repetir otro 1-O, pero sí se ha referido a "superar el 2017". Decisiones en aras "del interés general" reiterando sus apelaciones a un camino de "concordia" y "convivencia". Los ejes del programa que presentará en su hipotética investidura se centran en el "progreso social", por un lado, y la "convivencia entre españoles y los pueblos de España".

En su comparecencia, Sánchez también ha insistido en vincular investidura y legislatura. En encontrar la forma que permita un Gobierno no para una investidura, sino para una legislatura. El Gobierno no se conforma solo con una investidura que no garantice la estabilidad para los próximos cuatro años de mandato. Es por ello por lo que los negociadores del PSOE, además de los acuerdos vinculados directamente a la investidura, están abordando también el apoyo a los próximos presupuestos. De lo que se trata, según ha avanzado la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, es de "consolidar un Gobierno para los próximos cuatro años".

No solo de hablar sobre "materias de la investidura, sino de profundizar en la tarea del Gobierno que se pueda desarrollar los próximos cuatro años", ha aclarado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al mismo tiempo que Pedro Sánchez salía de su reunión con Felipe VI en la segunda ronda de contactos para la investidura. Un encuentro que se ha prolongado durante una hora y 20 minutos, más de lo previsto, y en el que presidente del Gobierno en funciones ha trasladado su convencimiento de lograr los apoyos necesarios.

​Presupuestos

El departamento de Hacienda trabaja ya desde hace semanas en la elaboración de las cuentas para 2024, que debido al calendario no se aprobarán en tiempo y forma aunque se produzca una investidura en un corto plazo de tiempo. Lo primero será llevar al Congreso y al Senado los objetivos de estabilidad e informar sobre el techo de gasto. La mayoría del PP en la Cámara Alta ralentizará la aprobación de los objetivos de estabilidad. Al margen de esta complicación, la titular de Hacienda en funciones es consciente de que se producirá "un decalaje respecto a años anteriores" que obligará a prorrogar los actuales presupuestos, al menos, durante las primeras semanas de enero.

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La aritmética salida de las urnas obliga representa un sudoku de máxima dificultad por el que el Gobierno quiere vincular la investidura a la gobernabilidad de la legislatura. Sin posibilidad de geometría variable, la aritmética parlamentaria obligaría al Gobierno a cerrar acuerdos con todas las fuerzas del bloque soberanista para sacar adelante cada ley. A lo sumo, el Ejecutivo solo podría permitirse la abstención de uno de estos grupos en las votaciones que requieran mayoría simple si incorpora a Coalición Canaria a su bloque. Unas dificultades por las que el PP confía en un mandato corto, si Sánchez logra su investidura, y rearmarse como oposición en la calle y las instituciones.

Los presupuestos marcarán la duración de la legislatura con una aritmética que se basaría en los 152 diputados que sumarían los socios de coalición más los 26 o 27 (si se suma a CC) de los soberanistas. La aprobación de las cuentas para 2024 aseguraría a Sánchez un balón de oxígeno para acercarse al ecuador de la legislatura, al poder prorrogarlos un año más.

Todo ello bajo la sombra de una reclamación de los independentistas para avanzar en las bases de un referéndum, así como la petición de un mediador para seguir el cumplimiento de los acuerdos al que Junts todavía no ha renunciado. La existencia de un verificador de los acuerdos, similar a la que ya abocó a la repetición electoral de 2019 como ha reclamado Puigdemont, choca con la apuesta por la discreción de los socialistas y tampoco suena bien en Sumar.

En la Moncloa asocian la fecha de investidura a los pasos que den sus potenciales socios porque "siguen en posiciones de máximos"

La gobernabilidad descansará así en la compleja unidad de un heterogéneo bloque conformado por ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. Formaciones que compiten entre sí por la hegemonía electoral en sus territorios, con sustanciales diferencias ideológicas en política económica y social o que afrontarán comicios autonómicos en la primera mitad de la legislatura. A todo ello se añade la autonomía para negociar que reclaman los diputados de Podemos, integrados en el grupo plurinacional de Sumar, o el papel de freno legislativo que ejercerá la mayoría absoluta del PP en el Senado.

La segunda ronda de consultas iniciada este lunes, a la que no han acudido los independentistas, ha ratificado el no de UPN; la indefinición de Coalición Canaria, a la espera de sentarse con los socialistas, y la advertencia de Sumar sobre la falta de avances para un acuerdo de coalición. El Gobierno pretende una investidura cuanto antes, aunque fuentes de la Moncloa reconocen que no está en su mano, en referencia a las posiciones de sus potenciales socios, que en el caso de los independentistas siguen situando "en máximos".