La Justicia no cree a los municipales de Madrid que lesionaron a un detenido en la pandemia

Una jueza de Madrid ha absuelto a un ciudadano que fue arrestado por la Policía Municipal durante la pandemia. El joven, de 20 años de edad, se sentó en el banquillo de los acusados por un presunto delito de atentado contra la autoridad, pero la jueza no se cree la versión de los agentes, "faltando en su relato la claridad, precisión y detalle necesarios". La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid, Beatriz Suárez, considera que existe "una duda razonable sobre la denuncia formulada por los agentes".

Los hechos se produjeron pasada la medianoche del 12 de diciembre de 2020 en un conocido restaurante de la capital "sin que conste acreditado que el acusado tratara de menoscabar la autoridad de los agentes o agredir a los mismos". La sentencia dictada el 14 de julio a la que ha tenido acceso El Confidencial alude a un informe pericial aportado por la defensa en el que analiza las lesiones sufridas tanto por los agentes como por el acusado. Su conclusión es que las que presentan los funcionarios "son más de tipo traumático por un esfuerzo físico que por una agresión". En cambio, alega que las del arrestado "son más compatibles con una agresión que por un traumatismo".

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La jueza destaca que "las declaraciones de los agentes no permiten concluir de modo coherente y consistente cómo se producen los hechos, existiendo discrepancias". En el juicio, declararon cuatro policías municipales. Hay consenso en que acudieron al restaurante porque se estaba celebrando una fiesta privada fuera de horario, pero los detalles del caso no coinciden. Uno de ellos afirma que el arrestado corrió a avisar a las personas que estaban dentro del local y no cumplían las medidas contra el covid. Huyó de los agentes, según la versión policial, y luego se resistió a su arresto con "puñetazos y patadas".

Un testigo propuesto por el acusado da otra versión y dice que "un policía lo empotra contra la barra". El propio detenido declaró en el juicio que cuatro policías se presentaron sin uniforme y que entraron en el local a la fuerza porque era una fiesta privada. Dudó que fuesen agentes de paisano y corrió asustado. Según contó, le perseguían uno o dos, se chocó contra la puerta del sótano, se quedó agarrado al pomo y los agentes sacaron porras y le dieron "golpes en la espalda y lumbares", le retorcieron el dedo pulgar, le pusieron los "brazos atrás" y le subieron por las escaleras esposado. Narró también que le tiraron al suelo, le pusieron "una rodilla en el cuello "y "le estampan la cara".

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El acusado, defendido por el despacho Ospina Abogados, se enfrentaba a una pena de 18 meses de cárcel por el delito de atentado y a una multa de 1.080 euros por cuatro delitos leves de lesiones. La Fiscalía, que ejerció la acusación, terminó rebajando sus pretensiones a un delito de resistencia grave. La jueza sostiene que para el delito de atentado es necesaria una agresión con intimidación grave o violencia. Explica que si es un forcejeo en el marco de un arresto, se entiende como una desobediencia o resistencia grave.

Pero para la jueza estos hechos, si acaso, son una falta de respeto o desobediencia leve a la autoridad. Esto fue despenalizado en 2015 tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana —tachada en su momento por la oposición socialista como ley mordaza— y pasó a ser una sanción administrativa. Por eso, en el fallo absolutorio ordena, una vez sea firme la resolución, remitirla a la Subdelegación de Gobierno de Madrid "para que se depuren las correspondientes responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, en su caso".