Las multas por botellones suben la alerta de la Policía de Madrid ante las Navidades

El botellón y las fiestas privadas forman parte ahora de la lista de prioridades del Ayuntamiento de Madrid. La ciudad ha experimentado una explosión de celebraciones clandestinas, tanto al aire libre como bajo el techo de domicilios privados, en los últimos meses, organizadas por jóvenes —en su mayoría— que tratan de esquivar las restricciones derivadas del real decreto del Gobierno de España del estado de alarma y de las normativas consiguientes tanto de la administración central como de la Comunidad de Madrid que llevaron al cierre de las discotecas y los locales de ocio nocturno para luchar contra la propagación del Covid.

Desde el consistorio explican que la Policía Municipal de Madrid ha duplicado el número de agentes dedicados a perseguir esta actividad, considerada ilegal desde la aprobación de las mencionadas medidas. Las operaciones que tienen la finalidad de desenmascarar estas fiestas irregulares desvelan que las personas que las organizan y participan en ellas incumplen sistemáticamente casi todas las restricciones, como la de portar mascarilla, respetar la distancia de seguridad, no agruparse demasiados individuos o ventilar adecuadamente las instalaciones.

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En los últimos cinco meses, la Policía Municipal ha impuesto 5.172 multas por consumo de alcohol en la vía pública en el marco del plan especial de la corporación puesto en marcha a finales de julio para evitar los botellones, considerados foco de contagio del coronavirus por las autoridades sanitarias. En el mismo periodo, los agentes han realizado casi 3.000 intervenciones en fiestas privadas en domicilios y locales nocturnos clandestinos, la inmensa mayoría durante los fines de semana y puentes del estado de alarma.

Solo el último fin de semana, la Policía Municipal actuó en 320 fiestas de este tipo. Algunas de ellas sobrepasaban considerablemente el aforo permitido, como la que destaparon los agentes en un local del distrito madrileño de Tetuán, donde se congregaron 166 personas sin mascarilla. La gran mayoría, además, compartía cachimbas con otros de los asistentes. Los funcionarios también desmantelaron otra reunión con medio centenar de personas en el barrio de Centro Sur y una tercera con más de 30 en Arganzuela. En todas ellas se incumplían las medidas establecidas por el estado de alarma.

La persecución de estas prácticas, consideradas de riesgo en el marco de la pandemia del covid, será también una prioridad para el Gobierno de Madrid en estas fechas navideñas e incluso en los próximos meses, en los que la Policía Municipal espera que sigan proliferando estas reuniones masivas que atentan contra la seguridad sanitaria. De ahí que el equipo dirigido por José Luis Martínez-Almeida comprara hace unos días por vía de urgencia material antidisturbios destinado a proteger a los Policías municipales de la Unidad de Apoyo a la Seguridad, la que está especializada en el control de masas y la vigilancia en grandes eventos. El Área de Seguridad y Emergencias del consistorio sacó a licitación un contrato de 270.000 euros para la compra de estos equipos, como mostró la Plataforma de Contratación del Estado.

Rearmar a los antidisturbios

Desde el consistorio, explican que la Junta de Gobierno fue notificada el pasado 26 de noviembre sobre esta contratación, que en realidad se hizo pocos días antes de esta comunicación oficial. Todo ese material, compuesto por cascos y escudos de protección, añaden las mismas fuentes, ya ha llegado y ha sido repartido entre los miembros de la Unidad de Apoyo a la Seguridad, los conocidos como antidisturbios municipales, que en ocasiones se enfrentan a individuos violentos durante las intervenciones que realizan para disolver estas fiestas ilegales y en los botellones descritos.

Según la memoria que justifica la tramitación de urgencia de la adquisición de los equipos, esta era necesaria para "dar respuesta a la evolución de la situación epidemiológica actual" derivada del incremento de contagios de coronavirus, extremo que prevé el Real Decreto 900/2020 que declaró el estado de alarma. "Actualmente, el número de intervenciones está aumentando, dado que se hace necesaria la presencia [de antidisturbios] en aquellos casos donde el número de personas presentes no están cumpliendo con las medidas sanitarias obligatorias derivadas de la pandemia", argumenta la resolución en referencia al mencionado incremento de botellones y fiestas clandestinas.

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El Ayuntamiento considera que la Unidad de Apoyo a la Seguridad (la que hace las labores de control del orden público en grandes eventos y espectáculos para evitar disturbios y proteger a otros agentes de la Policía Municipal de Madrid) está ahora actuando con más frecuencia de la habitual y que requiere de más elementos de protección que garanticen la seguridad de los funcionarios ante posibles altercados derivados de la actuación policial, que únicamente busca disolver importantes concentraciones de personas.

"Este número de actuaciones se está incrementando al estar cerrado el ocio nocturno", destaca el mencionado escrito, que aclara que las fiestas "se han desplazado hacia zonas verdes y viviendas particulares". "Para poder actuar con todas las garantías de seguridad, se hace necesaria la dotación a los componentes de la unidad de cascos y escudos de protección", sentencia la memoria. La prohibición de abrir discotecas, pubs y cualquier otro tipo de local por la noche ha provocado que los jóvenes acudan a este tipo de reuniones clandestinas para seguir congregándose con sus amigos.