Que el virus no pare la fiesta: se dispara el negocio de las discotecas en chalés privados

Una pista de baile abarrotada de gente saltando y gritando al ritmo de la música electrónica. Camareros sirviendo copas sin parar, unos con mascarilla y otros sin. Parece una discoteca pero no lo es. Es una fiesta privada en una villa en un lugar desconocido. No es algo excepcional, sino la moda del verano: a falta de discotecas en Baleares y en las zonas más fiesteras del Mediterráneo, varios promotores están aprovechando la zona gris de la ley para montar las ‘fiestas del covid’, eventos privados con un aforo limitado, generalmente 100 personas, y en los que pocas veces se respetan las medidas sanitarias.

Las fiestas que se han organizado entre junio y julio han sido un éxito de convocatoria. Los empresarios del ocio nocturno, que este año no podrán abrir sus discotecas y clubes, están que trinan, los ayuntamientos y organismos regionales andan a la búsqueda urgente de soluciones, mientras algunos organizadores de estos saraos aseguran que todo es legal.

En los últimos días, la policía ha tenido que intervenir en varias fiestas descontroladas en Mallorca e Ibiza. La más sonada, una 'pool party' masiva en un chalet con drogas y excesos etílicos organizada por los trabajadores de temporada de Magaluf, que este año están en la estacada por el cierre de los pubs y discotecas. Los organizadores habían instalado una barra de bar, set de música, disc-jockey y datáfono para las consumiciones. El precio de la entrada eran 35 euros con opción de pase VIP por 100 euros. Había un centenar de clientes de fiesta salvaje hasta que la policía local de Calvià apareció y fastidió la diversión.

La policía clausuró días atrás una fiesta salvaje en un chalet organizada por los trabajadores de temporada de Magaluf

En este caso, los agentes actuaron porque habían hecho un seguimiento de la convocatoria por Facebook y tenían argumentos para considerarlo un delito, pero no siempre es tan sencillo. Por norma, las fuerzas de seguridad no intervienen en una vivienda en la que no ocurre nada sospechoso sin una orden judicial. Así que si alguien alquila un chalet, invita a 100 personas libremente, ofrece bebida y música y en apariencia no cobra un céntimo, la policía no tiene argumentos para intervenir.

Pagos por móvil y argucias legales

La clave para los organizadores es tirar de picaresca: por ejemplo, cobrarlo todo a través de aplicaciones móviles. Así le recomendaba actuar un organizador a un cliente para no levantar la liebre: “Son 20 euros sin copa y 25 con copa. La gente que vaya a venir, me avisas y te pasaré un contacto para que hagan un Bizum [app de pagos móvil a móvil], no se puede pagar en puerta, y que escriban ‘concepto despedida’ y pongan el nombre. Empieza a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde o así”.

Otra trampa legal: solicitar una autorización para celebrar una boda aire libre. Esto es lo que hicieron los organizadores de una macro fiesta en Sa Pobla (Mallorca). El ayuntamiento se la denegó pero les dio igual: el pasado sábado juntaron durante toda la madrugada a unas 200 personas en una finca con música a todo volumen y alcohol. La Policía local y la Guardia Civil aparecieron al alba porque los vecinos denunciaron el ruido.

Las fiestas clandestinas no son algo nuevo. En Ibiza, principalmente, llevan años funcionando. Pero este verano, con todas las discotecas y pistas de baile cerradas, su cotización ha subido como la espuma. No hay otra forma de pegarse una buena fiesta si no es de este modo. “Te convocan en una ubicación secreta y dos y tres horas antes de que empiece la fiesta te dan las coordenadas. Es una tónica de muchos años que hemos denunciado cada verano, pero esta vez hablamos de un problema de salud pública y no hay control, los promotores están actuando de forma delictiva y los asistentes con una imprudencia asombrosa”, relata Jesús Sánchez, presidente de la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone) y vicepresidente de la patronal España de Noche.

Juntar a toda esa gente para una fiesta en plena pandemia. La gente se está muriendo y algunos parece que se ríen del mundo

“Esto es como la reventa de entradas, que te venden el boli y te regalan dos entradas, es una cosa un poco complicada de controlar pero nos parece totalmente ilegal”, afirma por su parte José Luis Benítez, gerente de la asociación Ocio de Ibiza. “Alquilan una vivienda para tantas personas y montan una fiesta saltándose el aforo y sin ninguna licencia de actividad. ¿Y si ocurre un incendio? ¿Y si hay un accidente por un exceso de consumo de alcohol y están en un monte perdido? ¿Y si los coches obstruyen el paso? Ya lo veíamos un peligro antes y ahora ni te cuento. Juntar a toda esa gente para una fiesta en plena pandemia. La gente se está muriendo y algunos parece que se ríen del mundo”.

De hecho, son los propios trabajadores del ocio los que potencian este negocio paralelo, a falta de trabajo en las discotecas este verano. Disc-jockeys, camareros, vigilantes de seguridad, gogós y todo el ‘staff’ de cualquier club de Ibiza. Este detalle molesta a los empresarios del ocio: “Los promotores intentan involucrar a los profesionales del ocio en estos negocios. Mi pregunta es: ¿El promotor de estas fiestas ha dado de alta en la Seguridad Social a esos trabajadores, o está usando a mis empleados a los que tengo ahora en un ERTE?”, se pregunta el responsable de Ocio de Ibiza. “Un disc-jockey es un trabajador autónomo, puede pinchar donde él quiera, pero si le veo participando en estas actividades ilegales me pensaré muy bien si le contrato en el futuro”, avisa.

Algunos defienden su legalidad

Igual que con las fiestas en A, también hay categorías en las fiestas en B. Están los botellones en polígonos industriales en el rango más bajo y las fiestas exclusivas en villas con zona ‘chill out’ y disc-jockeys internacionales en el más alto. The Secret Fiesta es un ejemplo de rango superior. Se promociona abiertamente a través de redes sociales, tiene su propia página web y promete una experiencia exclusiva, legal y que cumple los protocolos de prevención del covid-19.

“Suelen ser encuentros de tarde-noche donde el servicio 'host' te recibe y acompaña a tu reservado en la piscina al aire libre. Si es la primera vez que solicitas los servicios de uno de sus eventos recibirás una llamada personal de bienvenida donde se te preguntará por tus gustos preferidos para tenerlos en cuenta en los preparativos, música y atmósfera en general, ¿no es maravilloso?. Maridajes de vinos especiales, buffet-cena con servicio de 'catering' superior de la isla y, lo más importante, un DJ set en vivo de al menos una hora”, se promociona la autodenominada ‘start up’. Los precios arrancan en 55 euros por persona hasta los 300 euros para la experiencia más exclusiva.

Otros apuntan más alto incluso, hasta los 40.000 euros por fiesta súper exclusiva. “Este verano los clubes están cerrados y es obligatoria la distancia social. Por primera vez y solo durante la temporada de 2020 tu DJ favorito actuará para ti y tus amigos en tu villa. Reserva tu fiesta privada en casa y vive lo que nunca esperaste”, se presenta un organizador, según desvela Diario de Mallorca. También promete protocolos de seguridad frente al covid-19 y un aforo máximo de cien personas.

El promotor de The Secret Fiesta es un disc-jockey residente en Mallorca que rechaza exponer su punto de vista sobre el negocio, aunque subraya que simplemente ha encontrado una fórmula legal de ofrecer fiestas normales en domicilios privados y que por culpa de las fiestas ilegales, negocios como el suyo pagan las consecuencias. Los empresarios insisten: el promotor que organice una fiesta, aunque sea una fiesta privada en un domicilio con 50 amigos, necesita una licencia específica de actividad y tributar sus ingresos. En The Secret Fiesta responden: hay formas de hacer de esto un negocio legal y el político que niegue esa evidencia debería dimitir.

Baleares acota el negocio

El Govern balear ha reaccionado en las últimas horas a la inquietud de los empresarios y a las imágenes escandalosas de cientos de jóvenes amontonados en pistas de baile improvisadas. Desde ahora, limitará las reuniones a 70 personas en espacios abiertos y 30 personas en cerrados. No llevar mascarilla en un lugar público comportará multas de hasta 100 euros. También la policía local y la Guardia Civil tendrán más herramientas para actuar. Si ven una aglomeración de vehículos en un chalet, si oyen música más alta de lo habitual o si detectan cualquier indicio, podrán irrumpir en la vivienda y exigir que se cumplan las medidas de distanciamiento social y requerir, en su caso, la autorización de esa fiesta.

"Las fiestas privadas se han hecho durante años aprovechando un vacío legal, pero este verano tienen mucha más repercusión y hay que tomarlas muy en serio", indica Juan Miguel Costa, director de Turismo de Ibiza. "El decreto ley que ha hecho el gobierno balear era muy necesario. Hasta ahora, la potestad era de la policía local según las ordenanzas de cada municipio, y solo se intervenía en caso de lucro o de molestias en el vecindario. Y con este vacío legal se celebraban fiestas que duraban dos días. Y eso, este año, es una bomba de relojería".

El fenómeno, no obstante, se extiende por toda España. Es tan sencillo como alquilar un chalé en un lugar remoto e ‘invitar’ a decenas de personas, cientos incluso, y organizar la música y el servicio de bebidas. Controlar el distanciamiento social y el uso de mascarillas es imposible a menos que acuda la policía o alguien denuncie. Si el chalé o la villa se encuentra en un lugar aislado, el control se complica todavía más. Según los últimos datos, hay 73 brotes activos de coronavirus en España.