Cuando la trama del juez desterrado Presencia complicó el futuro de Eva Kaili

Hay pocas cosas más extrañas que la confluencia de dos tramas de corrupción, una europea y de repercusión mundial y otra nacional, prácticamente local y anecdótica. Es, sin embargo, lo que ha ocurrido con la instrucción del Qatargate —donde se investiga una trama de sobornos desde Qatar y Marruecos para ganar influencia en las instituciones de la Unión Europea— y la red vinculada al juez expulsado Fernando Presencia, al que se acusa de relacionar con actividades corruptas, sin prueba alguna y con datos completamente inventados a ministros, jueces del Supremo y todo tipo de personalidades.

La eurodiputada y exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra dos de los compañeros de Presencia en la asociación que preside, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), montada según la Audiencia Nacional para recaudar fondos para luchar contra prácticas irregulares y construida, en realidad, sobre mentiras, documentos falsos y mucha imaginación. Asegura que hicieron llegar a la Fiscalía Europea papeles falsos en los que se la acusaba de recibir transferencias del Gobierno de Qatar a través de una sociedad panameña.

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La denuncia fue presentada por el antiguo líder de la ultraderechista Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, Alberto Royuela, y Juan Martínez Grasa. Ambos se dirigieron al fiscal general de la European Public Persecutors Office, con sede en Luxemburgo, pidiendo protección y reserva sobre los términos de su denuncia y aseguraron que, gracias a su canal de YouTube Expediente Royuela, que mantienen para airear supuestamente asuntos ocultos (en realidad, el grueso del contenido tiende a la conspiranoia y el invent), habían recibido de forma anónima información relevante sobre prácticas oscuras de Kaili. La plataforma difunde teorías de la conspiración que apuntan a que una trama de políticos, jueces y fiscales corruptos han cometido y ocultado miles de crímenes en España. En el caso de la política griega, desbordaron las fronteras nacionales y dieron el salto a la UE.

En concreto, aseguraban que habían sabido que, de manera inminente, la exvicepresidenta iba a recibir transferencias del Gobierno catarí en esas sociedades pantalla panameñas. Remitieron al fiscal general un burofax desde Barcelona el 16 de diciembre de 2022 en el que aseguraban que las órdenes de ingreso de esas cantidades millonarias habían sido emitidas por la autoridad catarí y que dichas sociedades traspasarían después los fondos "a sus verdaderos destinatarios, que no serían otros que los funcionarios implicados y sus familiares". Adjuntar unos supuestos datos bancarios para dar mayor verosimilitud a su denuncia.

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La cuestión podría no haber pasado de la anécdota si hubiera sucedido en España. Royuela y el juez Presencia unieron sus destinos gracias a la asociación Acodap, que ha presentado en juzgados españoles decenas de denuncias de tenor similar. Han ido contra el expresidente Zapatero, ministras como Robles y Belarra, y magistrados como Cándido Conde-Pumpido o Pablo Llarena. También contra reconocidos periodistas y jefes policiales. La página se dedica a recaudar fondos desde la portada, donde urge a efectuar donaciones. "Necesitamos donaciones. Ayúdanos a apoyar al juez Presencia, un juez valiente que consiguió la dación en pago para los desahuciados. Venció a los bancos y no se lo perdonaron. Ahora van a por él y a por su familia", dice la web. Los juzgados en España conocen ya las prácticas de la asociación, que está bajo en foco de la Audiencia Nacional, pero no sucede lo mismo con Luxemburgo, donde la denuncia provocó efectos de forma inmediata.

Según asegura Kaili en su escrito, los datos que aportaron al fiscal europeo no solo son falsos, "sino que no se corresponden con ninguna realidad" y se aportaron para intentar generar "una apariencia de realidad que induzca a engaño" a las autoridades fiscales de la Unión Europea y al propio juzgado belga que la investiga. En resumen, la denuncia (en este caso previsiblemente falsa) le complicó su futuro procesal.

Alargó su estancia en prisión

La exvicepresidenta, a la que representa el abogado Gonzalo Boye, lo considera un acto difamatorio, una actuación que buscaba generar confusión en las autoridades fiscales y judiciales "induciéndoles a creer aquello que no existe" y engañar a terceros para conseguir financiar sus actividades. La denuncia generó toda una serie de comprobaciones que provocaron que se alargara su estancia en prisión provisional mucho más tiempo que el resto de investigados en su caso. Fuera de España, las prácticas de los autores de Expediente Royuela no se conocían.

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Precisamente este miércoles, el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ordenó el arresto de Presencia. Le había citado este miércoles para valorar su ingreso en prisión provisional, pero, tras no comparecer, fue detenido horas después. Gadea también envió a prisión provisional a Royuela, su hijo Santiago y Martínez Grasa.

La griega Kaili es una de las implicadas en el escándalo de sobornos conocido como Qatargate por el que el país del golfo y Marruecos pagaban a una red de eurodiputados y asistentes para ayudar a mejorar la imagen de ambos países. Fue puesta en libertad vigilada el pasado abril tras pasar casi cinco meses en prisión preventiva. Sus abogados consideraban que la Justicia belga estaba siendo excesivamente dura, ya que era la única, de entre todos los implicados, que todavía seguía en la cárcel. A Kaili no se le considera la pieza clave de la investigación, rol que ejerce Pier-Antonio Panzeri, un viejo eurodiputado socialista italiano que, tras abandonar la institución en 2019, se centró en la creación de una ONG a través de la cual se habrían gestionado los pagos. Su antiguo asistente, Francesco Giorgi, ahora pareja de Kaili y padre de su hija, habría sido el vínculo por el que la griega se habría visto implicada en la trama.