La Fiscalía crea otro frente en la Eurocámara al abrir la caja de Pandora de las asignaciones

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, está viviendo una auténtica semana negra. El pasado viernes, las autoridades belgas lanzaron una serie de registros y de detenciones relacionados con una red de sobornos por parte de Qatar, de los cuales, días después, se ha descubierto que también fueron pagados por Marruecos. Entre los detenidos había un antiguo eurodiputado, Pier-Antonio Panzeri, y también una eurodiputada en activo, la por entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili.

Se han encontrado más de un millón de euros en efectivo, se han realizado más de 20 registros y la imagen del Parlamento Europeo ha quedado gravemente dañada. A pesar de que Metsola ha señalado que la Eurocámara es víctima de injerencias extranjeras, las voces críticas de la burbuja de Bruselas señalan que la institución lo ha permitido con la ausencia de mejores controles de las actividades de los eurodiputados.

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Ahora al Parlamento Europeo se le abre un nuevo frente. La Fiscalía europea (EPPO) ha pedido que se levante la inmunidad a Kaili, que se encuentra en prisión preventiva, así como a Maria Spyraki, una eurodiputada de Nueva Democracia que milita en las filas del Partido Popular Europeo (PPE). Se trata de un caso separado al del ‘Qatargate’: la EPPO señala que ha recibido un informe por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que apunta a que "existe la sospecha de fraude en perjuicio del presupuesto de la UE en relación con la gestión de la asignación parlamentaria y, en particular, con respecto a la remuneración de los asistentes parlamentarios acreditados".

Esta asignación parlamentaria son casi 27.000 euros al mes con que los eurodiputados cuentan para la contratación de personal, que puede estar en Bruselas o en una oficina local en la circunscripción del eurodiputado, y hasta un cuarto de estos gastos puede destinarse a un proveedor, por ejemplo una empresa que les lleve las redes sociales. Aunque desde 2009 los eurodiputados ya no pueden tener como empleados a sus familiares cercanos, en el Parlamento Europeo son muchos los que se quejan de la falta de control que hay también sobre cómo se usa esta asignación.

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En el informe de la Eurocámara de 2020, se señala que en ese ejercicio los servicios del Parlamento sí que realizaron 18 pesquisas en las oficinas de 12 eurodiputados, con más de 1,3 millones de euros en riesgo de haber sido utilizados de manera indebida. La tendencia es buena: los casos están ahí, siempre han estado, pero ahora se investigan más. En 2020, se investigó al doble de eurodiputados que el año anterior. El informe de descargo "elogia a los servicios del Parlamento por sus investigaciones a este respecto, al tiempo que señala la necesidad de seguir supervisando la evolución del número y los tipos de casos implicados".

En 2008, el Informe de auditoría interna, también conocido como Informe Galvin, en honor a la persona que lo elaboró, puso sobre la mesa las muchas maneras en que los eurodiputados conseguían encontrar la forma de acabar embolsándose dinero destinado a pagar a sus asistentes. Las normas han mejorado bastante desde entonces, pero han seguido encontrándose casos. Por ejemplo, en 2016 se sentenció a Peter Skinner a cuatro años de cárcel por haber desviado entre 2007 y 2009 más de 100.000 euros hacia sus familiares y hasta llegar a pagar un viaje a Hawái con esos fondos. Ese Informe Galvin fue clave para que a partir de 2009 se limitara precisamente la contratación de familiares cercanos. Pero muchas organizaciones piden todavía que el Parlamento Europeo mejore las reglas y sea más transparente en su control a los eurodiputados.

Una tendencia inversa

Aunque haya más investigaciones sobre el uso de la asignación parlamentaria a nivel interno desde hace unos años, la investigación de la EPPO abre el frente de que la Eurocámara se tenga que enfrentar al escrutinio de la Fiscalía europea, que es la encargada de garantizar el buen uso del presupuesto europeo. Y pone la cuestión en el objetivo de la OLAF.

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El problema es que muchas de estas investigaciones necesitan de denuncias de informantes, y el mismo informe de descargo de 2020 que aplaude a la Eurocámara por aumentar las investigaciones sobre el uso de la asignación parlamentaria criticó que la institución no protegía de manera adecuada a los informantes.

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Además de la asignación parlamentaria, que sí que está sometida a mayores controles y requisitos, los eurodiputados también cuentan con la cuenta general de gastos (GEA, por sus siglas en inglés), más de 4.700 euros mensuales para los que no tienen que ofrecer ninguna justificación, presentar facturas o explicar en qué se los gastarán. En principio, está pensada para gastos relacionados con la actividad parlamentaria, pero muchos eurodiputados critican que algunos de sus compañeros la usan como un sobresueldo.

Lejos de aumentar los controles, el Bureau de la Eurocámara, lo que en España sería la Mesa del Parlamento, diluyó en octubre todavía más la responsabilidad de la institución respecto al uso de esos fondos, que provienen del presupuesto europeo. A pesar de que el pleno del Parlamento ha solicitado más controles, y de hecho ha vuelto a votar a favor de ello este mismo jueves a raíz del Qatargate, la secretaría general y el Bureau han rechazado esas peticiones, defendiendo que provocarían un excesivo aumento del gasto, al tener que contratar a un equipo de personas centradas en chequear el uso que los eurodiputados realizan de esos miles de euros.