La Guardia Civil cuestiona las denuncias del exjuez Presencia: "Tienen idénticas erratas"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado a la Audiencia Nacional un informe en el que cuestiona el contenido de las denuncias que el exjuez Fernando Presencia ha presentado contra políticos, fiscales y magistrados. A través de su Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), Presencia ha acusado a altos cargos del Estado de ocultar dinero en paraísos fiscales, pero tras revisar "los documentos de aparente índole financiera" en los que basa sus querellas, la Guardia Civil advierte "particularidades" y destaca que se han detectado "idénticas erratas" entre unos y otros.

El informe incide en que "la valoración" final sobre su análisis corresponde a la autoridad judicial y que "todo lo expuesto ha de entenderse en términos de presunción", pero no duda en destacar algunos aspectos sospechosos. Este análisis refuerza la investigación del juez de la Audiencia Nacional Joaquín Elías Gadea, que en septiembre ya ordenó indagar en el posible "carácter falsario" de la "documentación económica y bancaria" que Presencia incorpora a sus denuncias.

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"En cada una de las supuestas denuncias analizadas, se adjuntan lo que se dice que son, sin acreditación alguna, documentos justificativos de los correspondientes extractos y de las indicadas, en cada caso, cuentas bancarias y depósitos a plazo asociados", explica la Guardia Civil. "Todos los documentos de aparente índole financiera que han sido visualizados, independientemente de que estos hayan sido emitidos por distintas entidades bancarias ubicadas además en diferentes puntos geográficos como Luxemburgo, Isla de Man, Ciudad de México o Panamá, se muestran de manera sistemática en un mismo formato".

En el caso de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y de la del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, las coincidencias llegan a tal punto que incluso "se han detectado idénticas erratas en los documentos" con los que Presencia trata de vincularlas con cuentas en paraísos fiscales. A estas similitudes se suman los datos que contienen los documentos sobre la supuesta existencia de depósitos en el extranjero, información que una vez más plantea dudas.

El exjuez se escuda en que "denunciar un delito no es solo un derecho, es también una obligación", pero la AN le mantiene imputado

"Se ha observado que la mayoría de las entidades que se indican en los documentos pertenecen a la zona SEPA (Single Euro Payments Area) y, de igual modo, hacen uso del código IBAN para operar financieramente entre países o, en su caso, del código BIC", resume el informe. "Sin embargo, entre los datos analizados no se han hallado numeraciones alfanuméricas que puedan corresponderse con los códigos anteriores ni otra serie de información como podría ser la dirección postal, email o el sello de las distintas entidades financieras".

La sospecha de que estos pudieran ser irregulares se ve además reforzada por las fechas que aparecen en los mismos. Según destaca la Guardia Civil, en "los supuestos extractos bancarios" se indica el día en que las entidades financieras habrían "informado del saldo que, en ese momento", había en la cuenta, pero al compararlo "con la fecha que figura en los sellos de las oficinas de correos estampados en algunas de las supuestas denuncias", llama la atención el "escaso espacio temporal". Sobre todo, si se tiene en cuenta que "los supuestos extractos bancarios han sido emitidos desde el extranjero".

El análisis de la Guardia Civil golpea así la supuesta lucha contra la corrupción de Presencia, que este mismo lunes volvió a enviar una nota de prensa para incidir en la misma idea a través de su asociación: "Jueces, fiscales, policías, funcionarios… Una lista interminable de denuncias por, presuntamente, ser titulares de cuentas en paraísos fiscales", sostenía en la misma. El exjuez se escuda para ello en que "denunciar un delito no es solo un derecho, es también una obligación", pero la Audiencia Nacional le mantiene imputado desde el pasado junio por un delito contra las altas instituciones del Estado y otro de injurias y calumnias.