La Audiencia se harta de las denuncias 'spam' de un exjuez contra Zapatero, Delgado, Robles...

Cualquiera que tenga correo electrónico es susceptible de recibir comunicaciones de una plataforma llamada Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP). En ocasiones, sus iniciativas circulan por WhatsApp en forma de noticia 'fake' sin saber siquiera que detrás estaba la misma asociación. La integra un exjuez llamado Fernando Presencia que se dedica a presentar sin ton ni son querellas contra políticos, fiscales o magistrados. Se presenta como juez decano de Talavera de la Reina (Toledo), pero ya no es ni magistrado porque fue expulsado de la carrera. Jueces y fiscales se han cansado ya de sus actividades.

Desde hace tiempo, los periodistas y jueces que reciben sus anuncios se limitan a hacer clic en la pestaña de “eliminar” o desestimar sus peticiones. Pero ha llegado un punto en el que su manera de ejercer el derecho al acceso a la Justicia en forma de 'spam' empieza a molestar. Las fuentes consultadas se quejan de tener que destinar tiempo y recursos a atender estas denuncias y querellas teniendo trabajo pendiente en sus respectivos juzgados. La última la presentó hace unos días por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros, contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado García. Hace unas semanas lo intentó también con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hace meses contra uno de los jueces del tribunal que juzgó a los líderes del 'procés'. Estos son solo algunos ejemplos.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia que afectaba a Zapatero y a Delgado. Lo hizo a instancias de la Fiscalía. La asociación ACODAP corrió a informar del hecho subiendo varios tonos la decisión judicial y dando ya por imputados al exjefe del Ejecutivo y la exministra socialista. Falso. Algún medio minoritario compró la mercancía averiada, lo que bastó para que circulase en redes y grupos de WhatsApp. Esta semana, ha habido gente que se ha ido a la cama pensando que la Audiencia Nacional investiga a Zapatero y a Delgado por un presunto caso de blanqueo de capitales en Panamá. Seguramente haya sentido enfado por no verlo en los grandes medios. En la mayoría de redacciones, el comunicado terminó en la papelera.

"No permite descartar en absoluto la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada 'ex profeso"

Fuentes jurídicas informan de que la admisión a trámite de la denuncia tenía por objeto poder tomar medidas contra este exmagistrado. Así se traduce el auto dictado este miércoles por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. En apenas unos días, el juez Joaquín Gadea ha pasado de admitir a trámite a archivar de plano las pretensiones del juez Presencia sin hacer ninguna diligencia. Pero, además, pide trasladar las actuaciones al Juzgado Decano de Talavera de la Reina (Toledo) para su reparto, al que por turno corresponda, a los efectos oportunos. Es el primer paso para poder actuar contra este proceder. La localidad toledana es donde tiene fijado su domicilio fiscal la asociación.

Expulsado de la carrera

Presencia fue condenado en firme por prevaricación. En 2016, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le consideró autor de una resolución injusta al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Talavera de la Reina (Toledo). Dicha resolución injusta, según la sentencia, fue dictada por el magistrado para favorecer a un imputado en una causa de su juzgado con el que mantenía una relación de amistad. Fue condenado a 3.600 euros de multa y a la inhabilitación durante 10 años para el cargo de juez.

Contrasta este pasado con lo que proclama la página web de su asociación. Lo primero que aparece es una petición de donaciones para poder perseguir la corrupción en los tribunales. Fuentes jurídicas informan que hay gente que ha hecho aportaciones convencidos por la figura de un juez que dice luchar contra las prácticas irregulares. “Ayúdanos a apoyar al juez Presencia, un juez valiente que consiguió la dación en pago para los desahuciados. Venció a los bancos y no se lo perdonan, ahora van a por él y a por su familia”, dice la página de la asociación donde figura bien grande un número de cuenta.

En la web hay un buzón de denuncias donde de forma anónima se puede comunicar cualquiera para trasladar información. Ese fue el origen, según la propia asociación, de la denuncia contra Zapatero y Delgado que llegó a la Audiencia Nacional. Según destaca el auto del juez Gadea al que ha tenido acceso El Confidencial, “junto con la denuncia [unos días más tarde] se aportaron varios documentos escaneados, cartas manuscritas, sin fecha, sin firma, sin datos del remitente ni destinatario, acabadas con el texto 'poner fecha, pasar a limpio y enviar', y documentos mecanografiados, presuntamente de una entidad bancaria, sin sello, sin membrete, ni ninguna otra indicación que permita determinar su origen”.

Tanto el juzgado como la Fiscalía consideran que la denuncia “carece de un mínimo sustento y apoyo en elemento o principio de prueba”. Van más allá al decir que puede ser falsa e inventada: “La forma de transmitir la denuncia [o, como refiere la Fiscalía, “la burda composición de unas cartas”] no permite descartar en absoluto la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada 'ex profeso' para el hecho concreto que se denuncia, lo que no excluiría, desde la provisionalidad de este momento inicial, una ulterior actuación en orden a investigar el posible carácter espurio de las mismas”.

"No ha dejado de presentar diferentes escritos contra miembros del Gobierno, de la Judicatura y de otras altas instituciones del Estado"

El auto pone en evidencia el proceder de esta plataforma: “Tampoco podemos dejar de lado que la asociación denunciante no ha dejado de presentar diferentes escritos contra miembros del Gobierno, de la Judicatura y de otras altas instituciones del Estado sin mayor apoyo o base que 'presuntas denuncias' que llegan a su correo; es decir, siempre amparadas en un anonimato que impide cualquier actuación seria, rigurosa y respetuosa con el estado de derecho, entendido este en un sentido amplio y garantista”.

“El proceso penal —concluye el auto de la Audiencia Nacional— en ningún caso puede transmutarse en un instrumento de ataque contra determinadas personas con independencia de su posición institucional o cargo, sean anónimas o conocidas. No podemos olvidar que el hecho de dirigir el proceso penal contra una persona determinada comporta siempre graves consecuencias para esta”.