Decenas de investigaciones contra el narcotráfico, en vilo por una decisión de la UE

Los grandes narcotraficantes ya no hablan por teléfono. Desde hace años, se comunican a través de sofisticados programas de mensajería cifrada como EncrCchat o Sky ECC. Las fuerzas de seguridad de varias policías europeas iniciaron en 2017 una cruzada para acceder al corazón de estas herramientas. Solo en el caso de Sky ECC incautaron un billón de mensajes de bandas de crimen organizado que sirvieron para impulsar investigaciones en toda Europa, decenas de ellas en España. Sin embargo, un tribunal alemán advirtió el riesgo de que esas pruebas puedan ser anuladas y elevó hace meses una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los investigadores antidroga españoles y sus colegas europeos aguardan en vilo la decisión, que sería de obligado cumplimiento.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el encargado de unificar los criterios de interpretación jurídica en todos los Estados miembro. Es el mismo tribunal que en enero dio la razón al Supremo español frente a Bélgica y abrió de nuevo una vía para la entrada del expresidente catalán de Carles Puigdemont. Una cuestión prejudicial formulada por un juzgado madrileño elevó también al TJUE la viabilidad legal de la Superliga que impulsa Florentino Pérez en conflicto con la UEFA. Lo que determinan los juristas del TJUE es de obligado cumplimiento para todos los países que componen la Unión Europea.

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Fuentes de la Fiscalía antidroga aseguran que en la actualidad los tribunales mantienen abiertos un total de 34 procedimientos en los que hay evidencias extraídas de EncroChat, ya en desuso a raíz de la intervención. A ese dato hay que sumarle otros 37 casos abiertos tras haber accedido a otra plataforma digital posterior llamada Sky ECC, también desactivada. Los narcos se reinventan y cuando cae uno de estos sistemas de mensajería, se renuevan y diseñan otros más seguros. Actualmente, los especialistas en la lucha contra este tipo de delincuencia organizada coordinados por Europol tienen en el punto de mira al menos otras tres aplicaciones de reciente creación. Las fuentes consultadas evitan dar sus nombres porque están bajo investigación.

Las mismas fuentes advierten de que la información obtenida en estos sistemas de mensajería encriptada no son el origen de sus investigaciones, pero sí han ayudado. Eso quiere decir, a su juicio, que si el TJUE les impidiese usar esa documentación, afectaría parcialmente a las investigaciones, pero no necesariamente significaría la anulación total del procedimiento. Este tipo de comunicaciones cifradas son claves para los grupos dedicados al narcotráfico. Estas bandas ya no son clanes familiares y organizaciones cerradas, sino que con el tiempo han cambiado a cooperativas donde incluso se subcontratan servicios como el traslado, las labores de blanqueo y el almacenaje. La mensajería encriptada es necesaria para organizar envíos y coordinar estos departamentos estancos.

El Colegio de Abogados habla de "hackeo' masivo"

El problema deriva de las quejas de abogados defensores que aprecian un uso prospectivo de los mensajes desencriptados. Creen que se trata de una obtención de prueba masiva que no ha contado con la autorización judicial para cada caso de forma individualizada. La cuestión preocupa hasta el punto de que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) celebró el 9 de mayo una jornada centrada en esta cuestión. Basta apreciar la redacción del comunicado oficial del acto para apreciar los reparos en torno a la actuación de las autoridades en este asunto. Definen el caso Encrochat como “el hackeo masivo, por parte de policías de varios países europeos, de un sistema de comunicaciones encriptadas”. En el mismo evento, el ICAM afirmó situarse “a la vanguardia de lo que son la defensa de los derechos fundamentales y las garantías en los procedimientos penales”.

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Francia fue el país que lideró la ofensiva contra estos chats de mensajería encriptada. Para la Fiscalía antidroga española fue un alivio comprobar que la Justicia gala avaló el 11 de octubre del año pasado el uso de estos mensajes como prueba en los procedimientos contra los narcos. Fue mediante una sentencia de la Corte de Casación. En España, de momento, no se ha pronunciado el Tribunal Supremo porque todavía no ha llegado ningún caso hasta el alto tribunal en vía de recurso. Las fuentes consultadas advierten de que llegará antes al Tribunal Constitucional, donde ya se han presentado dos peticiones de amparo, una de ellas inadmitida.

"El funcionamiento del 'software' troyano es un secreto militar francés"

La tesis de los investigadores españoles es que, dentro de la colaboración entre estados de la UE, una prueba llegada de un tercer país es utilizable si ha sido aprobada por sus tribunales nacionales. En cualquier caso, la partida definitiva se juega en el TJUE. La cuestión prejudicial la presentó el 24 de octubre —apenas unos días después del aval de Francia— el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín (Landgericht Berlin). Relata que “estos teléfonos móviles, dotados de componentes especiales de seguridad, permitían, a través de un servidor en Roubaix (Francia), una comunicación cifrada de extremo a extremo, que no podía intervenirse con los métodos de investigación convencionales”.

380 usuarios en Francia y cerca de 4.600 en Alemania

Con autorización judicial, en 2018 y 2019, la policía francesa pudo hacerse con capturas de los datos del servidor. A partir de los conocimientos obtenidos, un equipo de investigación transnacional desarrolló un software troyano que se subió al servidor de Roubaix que alimentaba el EncroChat. Esta operación se hizo con la autorización del Tribunal de lo Penal de Lille y desde allí se instaló en los terminales mediante una actualización simulada. En total, esta medida afectó a usuarios en 122 países, entre ellos 380 usuarios en Francia y cerca de 4.600 en Alemania.

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Sin embargo, la cuestión prejudicial destaca que “no se conocen los detalles técnicos del funcionamiento del software troyano ni del almacenamiento, la atribución y el filtrado de los datos por parte de las autoridades francesas o por Europol”. “En principio, el funcionamiento del software troyano es un secreto militar francés”, añade. En ese sentido, el tribunal de Berlín plantea que el principio de un juicio justo se pueda ver “menoscabado en varios aspectos”. Cita, por ejemplo, “el hecho mismo de que los datos solicitados con la Orden Europea de Investigación (OEI) no puedan ser examinados por un experto técnico debido al secreto dispuesto en Francia”.

España puede intervenir

El Confidencial se ha puesto en contacto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para conocer el estado del procedimiento que lleva la numeración C-670/22. Un portavoz oficial de la institución afirma que el caso está en la fase escrita a la espera de que se fije una fecha para la vista pública, que se conocerá con varias semanas de antelación. Explica que, aunque sea una demanda de un tribunal alemán, como es una cuestión prejudicial, todos los Estados miembros y las instituciones pueden intervenir. Estas intervenciones no son obligatorias.

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La Comisión europea, como guardiana de los Tratados, interviene generalmente de oficio. España, como país miembro, también puede opinar por medio de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia. Al momento de publicar esta información, el departamento que dirige Pilar Llop no había contestado las preguntas de El Confidencial sobre si los servicios jurídicos del Estado ya han emitido su informe ante el TJUE y en qué sentido se han pronunciado. Fuentes de la Fiscalía antidroga añaden que, en caso de que se haya producido, nadie les ha informado. Tras la vista pública, el siguiente paso es conocer las conclusiones del abogado general. No son vinculantes, pero sí tienen peso sobre la sentencia del TJUE, que contestará a la demanda del tribunal alemán y será válida para toda la UE.