Problemas con las euroórdenes de Alemania tras un revolcón de la Justicia europea

Un verdadero lío jurídico. Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea traen de cabeza estos días a la Audiencia Nacional, que se ha visto afectada por un revolcón de Luxemburgo a Alemania, el país que no avaló la entrega por rebelión de Carles Puigdemont y el resto de fugados del 'procés' y al que se reprocha —junto a otros países como Austria u Holanda— el carecer de independencia fiscal debido a que en sus estatutos se prevé la posibilidad de que los miembros del Ministerio Público reciban órdenes desde el Ejecutivo.

Las sentencias dictadas a finales del pasado mayo implican un cambio radical en la postura seguida hasta el momento por el TJUE. El tribunal consideró entonces que las autoridades puramente gubernativas, como los ministerios de Justicia, debían quedar excluidas de la emisión de órdenes europeas de detención. Diferenció claramente los poderes ejecutivo y judicial y precisó que "la autoridad judicial emisora" de las euroórdenes debe estar en condiciones de ejercer su función con objetividad y sin estar dispuesta al riesgo de ser objeto de instrucciones externas.

Opinión

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Eso no sucede en determinados Estados miembros. Y uno de ellos es Alemania. Un tribunal de este país denegó en octubre de 2018 la entrega de Puigdemont por uno de los dos delitos por los que le reclamaba el Supremo. En aquella resolución, el tribunal de Schleswig-Holstein admitió el encaje de la doble tipificación y explicó que la "alta traición" alemana es equiparable a la "rebelión" española. No obstante, llegó a la conclusión de que no es el caso: en ambas jurisdicciones hace falta que el delito se haya cometido "mediante violencia", y esta violencia está ausente de la actuación del expresidente de la Generalitat, a criterio germano. Sí aceptó la entrega por otro de los delitos por los que se reclamaba al 'expresident', la malversación. El juez instructor Pablo Llarena optó por dejar sin efecto la OEDE a nivel europeo e internacional y denunció en un auto "falta de compromiso" de este tribunal con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español.

Una de ellas se centra en concreto en el caso alemán. El Tribunal Superior de Irlanda se dirigió a la corte europea para consultar sobre la procedencia de una orden de detención emitida por la Fiscalía de Lübeck contra un lituano acusado de homicidio y lesiones y otra de la Fiscalía de Zwickau contra una persona de nacionalidad rumana por robo. Según explican fuentes jurídicas, sus defensas aportaron un dictamen jurídico elaborado por un letrado alemán que concluía que la Fiscalía germana no es autónoma o independiente, sino que está integrada en una jerarquía administrativa dirigida por el ministro de Justicia. Existe, por ello, "riesgo de injerencia política en los procedimientos de entrega", agrega.

Conclusión demoledora

La conclusión del TJUE fue demoledora. La Fiscalía de Alemania no puede ser considerada autoridad judicial porque esta debe estar en condiciones de ejercer esa función con objetividad. No le sirvió la alegación de los germanos, que indicaron que las posibles instrucciones individuales que pudieran darse de forma puntual no sobrepasan, en ningún caso, los límites de la ley y el derecho. La situación de Alemania es distinta a la de España, donde es el juez de instrucción el que tiene la competencia para emitir una euroorden.

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Las repercusiones del asunto se han hecho notar en las últimas semanas en la Audiencia Nacional, donde han quedado paralizadas toda una serie de órdenes emitidas desde este país y otros en situación similar. Se ha reclamado a los países afectados que subsanen el defecto y tramitan la petición de entrega formalizada por una autoridad judicial válida. El efecto en España se reproduce en el resto de Europa, donde ya se están llevando a cabo iniciativas similares.

El follón administrativo en la Audiencia Nacional coincide con otra sentencia europea, en este caso del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que acaba de condenar a Bélgica por no entregar a una etarra reclamada por España. Además, en el reciente auto en el que el tribunal del 'procés' remite al TJUE una cuestión prejudicial sobre la inmunidad de Junqueras, los siete magistrados hablan a las claras de un 'fracaso' del sistema que sustenta la orden europea de detención.

Asegura el Supremo que las decisiones sobre Puigdemont y el resto de huidos tomadas por Alemania y Bélgica han tenido "un impacto erosivo en los pilares sobre los que se asienta el principio de mutua confianza". "Solo así puede entenderse el desenlace de las euroórdenes de detención y entrega que fueron cursadas durante la fase de investigación. Su rechazo se ha basado en argumentaciones de difícil comprensión", añade.