Un juez embarga la cuenta del exjefe de Asuntos Internos investigado en Kitchen

El Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid ha dictado un decreto en el que ordena el embargo de la cuenta corriente del comisario de Policía Marcelino Martín Blas, para que haga frente al pago de 8.521,51 euros. Esa cantidad es el coste del proceso judicial que emprendió el mando policial a raíz de unas declaraciones vertidas en un programa de televisión que, a su juicio, atentaron contra su honor. El comisario perdió el pleito civil y ahora tiene que hacerse cargo de las costas. Marcelino Martín Blas dirigió la Unidad de Asuntos Internos de la Policía cuando estaba operativa la camarilla policial que integraba el polémico Villarejo y se encuentra entre los investigados en el caso Kitchen sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

“Se acuerda el embargo de los saldos en cuenta corriente que figuren a favor del ejecutado Marcelino Martín Blas en las entidades financieras adscritas al convenio firmado en estas y el CGPJ, hasta cubrir la cantidad de 6.555,01 euros en concepto de principal y 1.966,50 euros en concepto de intereses y costas procesales”, dice el decreto del juzgado, firmado el pasado 10 de abril, al que ha tenido acceso este periódico. El escrito da la opción a los abogados del comisario de presentar un recurso de revisión en un plazo de cinco días. El Confidencial se ha puesto en contacto con Martín Blas, ya jubilado, quien asegura no tener conocimiento de esta decisión del juzgado. Según dice, consultará con sus abogados, porque ahora mismo no tiene ese dinero y le gustaría poder pactar con la otra parte la manera de abonarlo a plazos sin que le embarguen la cuenta donde cobra su pensión de comisario retirado.

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El decreto del juzgado se produjo el mismo día que un auto firmado por el magistrado David Rodríguez Fernández-Yepes, en el que fijaba la cuantía y advertía de que “la resolución es firme y contra la misma no cabe recurso”. El comisario Martín Blas ha emprendido en los últimos años acciones judiciales contra periodistas o medios de comunicación por el contenido de sus opiniones o informaciones publicadas. El que fuera máximo responsable de la Unidad de Asuntos Internos entre 2012 y 2015 terminó enfrentado con Villarejo y cesado de su cargo en el marco de la guerra interna entre ellos. En ese conflicto, los responsables del cuerpo durante el Gobierno del PP se posicionaron del lado de Villarejo.

Martín Blas siempre ha negado su participación en las actividades de la llamada policía patriótica, a pesar de que tiene un pie en el banquillo de los acusados por el espionaje a Bárcenas, sufragado con fondos reservados junto a otros mandos y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En este caso, el comisario presentó una demanda en defensa de su honor contra el grupo Mediaset, la productora de televisión Cuarzo y el inspector de policía y portavoz del sindicato Unión Federal de la Policía (UFP), José María Benito. En una sentencia a la que también ha tenido acceso este periódico, el juzgado desestimó la demanda.

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La resolución judicial ni siquiera entró en el fondo de la cuestión y se limitó a señalar que al comisario se le había pasado el plazo para iniciar el pleito. Presentó su demanda el 30 de octubre de 2020 por unas declaraciones efectuadas el 19 de julio de 2016. La sentencia recuerda que eso son más de cuatro años después y, por tanto, se había superado el principio de caducidad (distinto al de la prescripción) que condiciona la posibilidad de emprender acciones legales.

El fallo del juez, en consonancia con la postura de la Fiscalía, absolvió a los acusados e impuso al demandante el pago de las costas procesales ocasionadas a los demandados. Fuentes jurídicas aseguran que la indemnización que pidió Martín Blas por las declaraciones ascendía a 100.000 euros.