pide personarse como acusación particular

El comisario enemigo de Villarejo deja la investigación del pequeño Nicolás

El exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, alega haber sido "objeto de todo tipo de conductas delictivas cometidas por los investigados durante el procedimiento judicial"

Foto: Francisco Nicolás Gómez Iglesias. (EFE)
Francisco Nicolás Gómez Iglesias. (EFE)

El exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, el comisario Marcelino Martín Blas, que ha dirigido desde el principio la investigación del caso Nicolás, ha solicitado abandonar las diligencias que le han mantenido ocupado a tiempo completo los últimos tres años. Así se lo ha comunicado el funcionario al aún instructor de la causa, el titular del Juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien será trasladado a la Audiencia Provincial a finales de mes, por lo que también dejará atrás el procedimiento que le ha puesto en el foco de la prensa desde octubre de 2014, cuando fue detenido el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

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Desde ese momento, lo que parecía un sencillo caso de alguien que se hace pasar por lo que no es —como hay tantos en los tribunales casi a diario— se convirtió en un culebrón que iba destapando luchas internas en el seno de la Policía como hasta el momento nunca se habían hecho públicas. Martín Blas logró que el juez imputara a su otrora amigo José Villarejo, comisario con el que había compartido polémicas indagaciones en Cataluña pero con el que se enemistó en el marco de la operación Emperador, tras tratar de involucrar al hijo de este último en las actuaciones, según contó el propio investigado ante el Juzgado número 2.

Martín Blas argumenta ahora para pedir su cese al frente de las diligencias el que durante los últimos meses ha sido "objeto de todo tipo de conductas delictivas cometidas en muchos casos por los investigados en el presente procedimiento, injurias y calumnias en los medios de comunicación y denuncias falsas". El comisario destaca la "interceptación, tergiversación y divulgación de conversaciones privadas que son objeto de la instrucción de la pieza separada número dos", que indaga la grabación del encuentro que mantuvo el exjefe de Asuntos Internos con otros dos policías y varios agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en que los funcionarios abordaban determinados aspectos de las pesquisas.

El mando policial, que se considera "directamente perjudicado" en este último asunto de la grabación, en el que entiende que ha sido víctima del delito de descubrimiento y revelación de secretos, añade en su escrito presentado el pasado 2 de marzo ante el juez Zamarriego que, una vez apartado de la investigación, pretende personarse en el procedimiento como acusación particular. Reclama hacerlo en este momento procesal para evitar que la causa prescriba o termine la fase de instrucción, momento en el que ya se tornaría imposible la personación. Martín Blas, que además se jubila el próximo abril, considera "necesario" apartarse de la función de investigador para defender su "derecho al honor y a la intimidad".

El cese de Martín Blas como responsable de la comisión judicial encargada de investigar el caso ya había sido reclamado por la defensa e incluso por la Fiscalía en varias ocasiones, peticiones que, sin embargo, en ningún momento ha atendido el titular del Juzgado número 2. Por contra, la confianza de Zamarriego en los investigadores ha sido ciega. Ni siquiera el hecho de que fuera relevado del cargo de jefe de Asuntos Internos —precisamente con motivo de la guerra interna que el comisario mantenía con Villarejo— frenó al magistrado, que decidió entonces responder a la destitución mediante la creación de la mencionada comisión judicial dirigida por Martín Blas y por el inspector Rubén López.

El exjefe de Asuntos Internos, además de pedir personarse como acusación particular en la citada pieza separada número 2, reclama en su escrito una serie de diligencias que, a su juicio, son necesarias para esclarecer cómo pudo salir a la luz la grabación del encuentro que mantuvo con otros agentes de la Policía y del CNI. En concreto, piden que declare como investigado el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, quien recientemente declaró ante la Audiencia Nacional por el 'pendrive' que apareció de repente en dependencias de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) con información sobre la causa de la familia Pujol.

Eugenio Pino, antes de declarar en la Audiencia Nacional en el marco del caso Pujol. (EC)
Eugenio Pino, antes de declarar en la Audiencia Nacional en el marco del caso Pujol. (EC)

Martín Blas considera que Pino incurrió en contradicciones cuando dijo, por un lado, que le había dado permiso para reunirse con personal del CNI y, sin embargo, luego afirmó "todo lo contrario". El aún jefe de la investigación —hasta que el juez se pronuncie— entiende que el exdirector adjunto de la Policía Nacional debe aclarar este aspecto así como la autoinculpación que hizo al reconocer que a finales de 2014 "escudriñó el tráfico telefónico de la antena que cubre la sede de Asuntos Internos" sin orden judicial. El comisario cree que Pino pudo incurrir en un delito de vulneración del secreto de las comunicaciones.

También reclama que declaren como investigados el inspector jefe José Ángel F. G., para que indique quién le mandó la grabación de la reunión a su correo, y el comisario Villarejo, para que especifique cuál es su cargo exacto dentro del catálogo de puestos de trabajo de la institución, dado que no existe el empleo de adjunto al DAO, y cuáles son "sus verdaderas relaciones" con 'Información Sensible', diario digital que se hizo eco del polémico encuentro entre policías y espías y que dirige su mujer, Gema Alcalá, también imputada en la causa.

Incluso los correos electrónicos enviados, recibidos y borrados que se encuentran en el buzón de José Ángel F. G. reclama el comisario que sean aportados a la causa, tanto por el Centro de Protección de Datos de la Policía Nacional como por Google y Microsoft, con el fin de "determinar la responsabilidad en la grabación, distribución y difusión" de la conversación que mantuvieron los agentes de la corporación con los miembros del CNI en octubre de 2014.

Pablo Iglesias contra Villarejo

Por otro lado, Podemos —formación personada en la causa bajo la misma defensa letrada de la Asociación de Policía Municipal Unificada— ha presentado un escrito ante el mismo Juzgado número 2 en el que se pronuncia contra la presencia de la asociación Transparencia y Justicia, vinculada a uno de los imputados, en el procedimiento como acusación popular. Argumenta el partido liderado por Pablo Iglesias que, como reveló El Confidencial, el letrado de la agrupación personada, David Macías, es socio de Desarrollos Empresariales Potes, dueña de 'Información Sensible', donde trabaja la esposa de Villarejo.

Además —alega Podemos en el escrito presentado el pasado 8 de marzo que pide la "expulsión" de la asociación—, el secretario de Transparencia y Justicia, Rafael Redondo, es asimismo "consejero o partícipe de algunas empresas relacionadas con el comisario", como Cenyt Consultoría Organizacional o Inversiones Estratégicas Sensibles, mercantiles que forman parte de la estructura societaria completa vinculada a Villarejo que ya fue publicada por el diario 'El País'.

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