JxCAT arranca la campaña haciendo bandera de la desobediencia a los tribunales

El Tribunal Supremo. El Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En el último mes, distintos cargos vinculados a Junts per Catalunya (JxCAT) han optado por discutir, oponerse o directamente desobedecer decisiones de distintos tribunales, hasta el punto de que han convertido esta estrategia en una de sus principales marcas de campaña de cara a las municipales del 28-M. La última en subirse a esta tendencia ha sido Clara Ponsatí, que este lunes no acudió a la citación del instructor del procés, Pablo Llarena. Su gesto se une a los de Laura Borràs o la postura de la Mesa del Parlament sobre el voto delegado del huido Lluís Puig.

Las tres actuaciones suponen un desafío a distintas decisiones judiciales que se discuten o se cuestionan. En el caso de Ponsatí, la incomparecencia siguió a un regreso sorpresa a Cataluña en el que sabía que se exponía a una detención. Llarena mantenía, cuando la exconsellera se presentó en España, una orden de detención en su contra que ahora el Supremo puede ampliar. El magistrado comenzará, de momento, por recabar el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para después valorar si su inmunidad como europarlamentaria permite aplicar en su contra el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite convertir la orden de citación no atendida en una nueva orden de detención.

TE PUEDE INTERESAR

Clara Ponsatí ignora la citación del Supremo y se marcha a Bélgica: "Llueve en Flandes"

Pablo Gabilondo

Hace solo unos días, Ponsatí ya actuó para prevenir lo que sabía que sucedería. Desde que quedó libre a la espera de la citación, dejó traslucir sus intenciones. Por una parte, sugirió que no pensaba presentarse y por otra apeló de forma directa a la protección que su escaño le confiere. La eurodiputada presentó de forma casi inmediata un recurso al Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo reclamando un escudo efectivo contra la actuación de la Justicia española. Considera que el arresto violó sus derechos. El plante a Llarena supone así un nuevo paso que empleará en Bruselas como altavoz. Hasta hace bien poco, antes de la reforma que impulsó el Gobierno, se la acusaba de sedición. Su procesamiento ha quedado ahora en una desobediencia que no implica penas de prisión.

Aunque el gesto de la exconsellera es de los más vistosos, es otra decisión de los últimos días la que más se acerca a la comisión de un delito. La Mesa del Parlament de Cataluña confirmó hace solo unos días que continuaría permitiendo el voto telemático del diputado de Junts Puig, uno de los fugados. Con el apoyo de ERC en este caso, el órgano parlamentario oficializó una nueva desobediencia al TC que recuerda a tiempos anteriores. El Constitucional ve en esta decisión un desafío a sus resoluciones. El tribunal de garantías constitucionales anuló de forma expresa la posibilidad de que el huido participe a través de delegación de voto.

El origen, Borràs

La resistencia a las resoluciones judiciales o a su ejecución arrancó en esta fase con Laura Borràs. La pasada semana, de nuevo, la Mesa acordó —otra vez con apoyo de Esquerra— oponerse a la retirada de su escaño, iniciada después de que fuera condenada a cuatro años y medio por corrupción y a 13 de inhabilitación por esquivar las normas de contratación pública y adjudicar trabajos a un amigo íntimo mientras estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La Mesa acordó reclamar que mantenga el escaño hasta que la sentencia sea firme. Borràs ya ha anunciado que recurrirá.

TE PUEDE INTERESAR

Borràs imita a Torra y su rebeldía desgasta a ERC y JxCAT a las puertas del 28-M

Marcos Lamelas. Barcelona

Con esta estrategia, Junts aparece como la antítesis de ERC. Muestra que sus miembros sufren de forma más intensa "la represión judicial" que los del partido de Pere Aragonès y, de este modo, esgrimen ante su electorado una pureza ideológica y un compromiso con la independencia que los otros han perdido.

El origen del agravio comparativo lo dejó claro Carles Puigdemont una vez se vieron las consecuencias judiciales de la reforma legislativa que pactó Esquerra y Junts rechazaba. Es "un truco" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que no habrá "beneficio político" alguno para los políticos independentistas, avisó tras la aprobación. La malversación agravada que le atribuye el Supremo sigue impidiendo, al menos de momento, su regreso a España sin riesgo de entrada en prisión.