La Mesa del Parlament, de nuevo en el punto de mira del TC por desobediencia

La Mesa del Parlament de Cataluña confirmó este miércoles el voto telemático del diputado de Junts Lluís Puig, en contra de lo que pedían PSC, Cs y Vox. Esta decisión no ha pasado desapercibida en los despachos del Tribunal Constitucional que ven en la medida un desafío a sus resoluciones y un posible acto de desobediencia, según advierten a El Confidencial fuentes de este organismo. El exconseller Puig fue uno de los dirigentes independentistas que se fugaron tras el procés junto al expresidente Carles Puigdemont y todavía reside en Bélgica.

La decisión de la Mesa de la Cámara, que alega las “circunstancias personales” de Lluis Puig, se produce después de que el Tribunal Constitucional anulara la posibilidad de que participara a través de delegación de voto. El TC se mostró en contra a instancias de la petición que en ese sentido hizo el PSC. Ahora, los socialistas catalanes también se oponen a esta alternativa telemática aprobada por la Mesa. La portavoz del PSC, Alícia Romero, avanzó que su grupo estudiará llevar ante el TC la decisión porque, a su juicio, se trata de un subterfugio para desobedecer.

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“El independentismo busca astucias para no cumplir las leyes que aprueba este Parlament. Es grave y vuelve a poner las instituciones de Cataluña en una situación crítica", denuncia el PSC. El TC permanece vigilante, según las fuentes consultadas por este periódico. La semana pasada, el Constitucional estimó un recurso del PSC y anuló los acuerdos de la Mesa del Parlament que en julio de 2022 mantuvieron la delegación de voto del exconseller Puig.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a los miembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí) a 20 meses de inhabilitación por no acatar las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista. Existen otros precedentes sobre el modo de actuar del TC cuando entiende que desde la Mesa del Parlament se desobedecen sus decisiones.

A lo largo del año 2019, el tribunal advirtió hasta en tres ocasiones de manera formal al entonces presidente Roger Torrent de las consecuencias, incluso penales, que tendría convocar un Pleno para debatir sobre el derecho de autodeterminación, la pretendida soberanía del pueblo catalán o la reprobación al Rey Felipe VI. En enero de 2020, el Pleno del TC acordó dirigirse a la Fiscalía para que estudiase si procede abrir diligencias contra Torrent por un presunto delito de desobediencia por haber tramitado esas resoluciones que reiteraban la autodeterminación y la reprobación de la Monarquía tras conocerse la sentencia del 'procés'.

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Semanas después, el Constitucional reiteró esa petición a la Fiscalía que entonces dirigía María José Segarra. Hacía extensible la decisión al entonces vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, al secretario primero, Eusebi Campdepadrós y a la secretaria cuarta, Adriana Delgado. La Fiscalía Superior de Cataluña presentó una querella contra ellos en marzo de 2021. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite la querella y la Mesa terminó juzgada. En su caso, finalmente resultaron absueltos ya que los magistrados entendieron que "no se negaron abiertamente" a cumplir las órdenes del TC. Destacaron además que los procesados hicieron caso de las indicaciones de los letrados de la Cámara.

Ahora, de nuevo la sombra de la desobediencia se cierne sobre otra Mesa del Parlament tras el primer pleno desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a la presidenta suspendida, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a un amigo con presupuestos falsos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La Junta Electoral Central ha dado diez días al Parlament --plazo que expira a finales de la semana que viene-- para pronunciarse sobre el escaño de Borràs, y la Mesa ha acordado presentar alegaciones defendiendo no retirárselo hasta que la condena sea firme.