El Gobierno corregirá la ley Rhodes sin elevar plazos de prescripción de delitos como el secuestro

El Ministerio de Derechos Sociales admite un error en la ley de protección de la infancia, y asegura que trabajará para corregirla. En concreto, el departamento de Ione Belarra asume una "errata" en la ley Rhodes, que afecta a los plazos a partir de los que empieza a contar la prescripción de los delitos. En el artículo 132 del Código Penal, se especifica que los tiempos para los delitos contra la libertad, como el secuestro de menores, empezarán a correr cuando la víctima cumpla los 18 años, pero también que correrán a partir de que cumpla los 35 años. El Gobierno reconoce así un nuevo error jurídico en plena crisis por las rebajas de penas a agresores sexuales tras la entrada en vigor del solo sí es sí, pero sostiene que, en este caso, no habrá efectos indeseados, porque el objetivo del legislador siempre fue mantener los 18 años como límite para que empezasen a correr los plazos.

El Ejecutivo corregirá la norma, pero lo hará dejando fuera del plazo ampliado a 35 años estos delitos, reservándolo para los delitos más graves, y manteniendo así los tiempos para que empiece la cuenta atrás hacia la prescripción en los 18 años. Como adelantó Infolibre y confirmaron juezas y juristas a El Confidencial, la redacción actual dejaba la puerta abierta a que los jueces interpretaran si el plazo debía correr a partir de los 18 o si en su lugar debía hacerlo desde los 35 años de la víctima. Los expertos consultados alertaban de que los jueces tendrían que interpretar en beneficio del reo, y, por tanto, contar que el plazo para que estos delitos prescribieran debería empezar a contar a partir de los 18 años. No han precisado plazos para abordar esta corrección.

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El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, afirmó este martes en rueda de prensa que "lo importante" es que este error no afectaba a la prescripción de los delitos sexuales contra menores. "Me dicen que lo importante es que el periodo de prescripción está blindado para delitos contra la libertad sexual de los menores, puede ser que haya algún otro elemento, pero para nosotros es lo importante", afirmó. Distintos grupos parlamentarios no han sabido dar detalles sobre el error, y ni siquiera han reconocido un fallo en la norma.

El proyecto de ley, una de las iniciativas estrella del entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2020, apenas seis meses después de la formación del Ejecutivo, ya en plena pandemia, y logró luz verde de las Cortes en mayo de 2021, con el único voto en contra de Vox. Fue Miguel Hurtado, un activista de referencia en la lucha contra los abusos a menores, quien identificó el error y advirtió a varios partidos políticos del fallo en noviembre de 2022.

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Hurtado, en conversación con este medio, critica que ninguno de los partidos a los que se dirigió en noviembre, y a los que ha vuelto a escribir en las últimas horas, le hayan facilitado alguna información. "Me estoy enterando por los medios", "alertamos de un error y no tienen la decencia de avisarnos", afea.

El activista está entre los fundadores de Ending Clergy Abuse, una organización que lucha contra la impunidad de los abusos a menores en el seno de la Iglesia católica, y pide que la modificación se introduzca en los cambios a la ley del solo sí es sí. Interpreta que el Gobierno no quiere hacerlo porque eso supondría poner el foco sobre este error. "Es vergonzoso que el Gobierno y el Congreso sean incapaces de detectar semejante chapuza (...) Ese era el plazo de la anterior ley, ni siquiera saben copiar y pegar sin equivocarse", abunda.

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A finales de noviembre, Hurtado avisó del fallo escribiendo a las direcciones de correo electrónico oficiales de diputados de una decena de formaciones: a Cuca Gamarra y otros ocho diputados del PP (28 de noviembre); Jaume Asens (Unidas Podemos, 29 de noviembre); tres diputadas de ERC (29 de noviembre); Inés Arrimadas y otros tres diputados de Ciudadanos (28 de noviembre); Mertxe Aizpurua y los otros cuatro diputados de Bildu (28 de noviembre); Mírian Nogueras y los otros tres diputados de Junts (28 de noviembre); los dos diputados de Más País, y Joan Baldoví, de Compromís (28 de noviembre). Todos ellos participaron en el pacto para modificar lo que toca a la prescripción de estos delitos.

A pesar de este error, el preámbulo de la norma especifica que el plazo de prescripción se extiende para los "delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad". Hurtado critica que haya delitos contra la infancia que queden fuera de este paraguas. El objetivo de elevar el límite era evitar que las víctimas quedaran despojadas del derecho a acudir a la Justicia tan temprano, ya que a menudo tardan años o décadas en poder dar este paso.