El Gobierno aprueba la nueva ley de infancia y PSOE y UP pactan cambios en el Congreso

El Consejo de Ministros aprobará este martes la ley de infancia promovida desde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, que dirige Pablo Iglesias, junto a los departamentos de Justicia e Interior, liderados por Juan Carlos Campo y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente. Sin embargo, el texto sufrirá cambios durante la tramitación parlamentaria, según lo pactado entre PSOE y Unidas Podemos. Se trata del mecanismo elegido entre los socios del Gobierno de coalición para poder acelerar la aprobación de esta norma, dado que se basa en el anteproyecto que no llegó a aprobarse por la disolución de las Cortes antes de las elecciones y cualquier modificación ralentizaría el calendario al tener que volver a solicitarse informes jurídicos y someterse a otros trámites. Los cambios se realizarán así 'a posteriori', permitiendo al Gobierno ir retomando su agenda previa a la crisis del coronavirus. De hecho, la ley de infancia iba a ser el primer proyecto que se promovería desde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, pero la pandemia se interpuso en sus planes.

La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, a cuyo borrador ha tenido acceso este diario, pretende establecer un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado "frente a la vulneración de derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia". Concretamente, se busca realizar "una aproximación integral con la que dar respuesta a un problema que tiene una naturaleza multidimensional" y priorizar la prevención "como vía para evitar la violencia contra las personas menores de edad".

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La ley de infancia retrasará la prescripción de los delitos a menores hasta sus 30 años

Iván Gil

Entre las principales novedades que introduce, destaca la nueva regulación que se da a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños, niñas y adolescentes como sobre las personas de edad avanzada, e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales. Asimismo, se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años de edad. De esta forma, las víctimas de abusos pueden presentar acusación hasta que cumplen 45 años para los casos de delitos más graves.

Otro de los nuevos tipos delictivos que se introducen tiene que ve con evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, debido a que producirían graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social, como las que promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad.

Se generaliza también el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente, aun cuando no sea constitutiva de delito. Este deber de comunicación se configura de una forma más exigente para aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad. Por el contrario, la nueva norma concederá nuevos derechos de las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos sea una persona menor de 18 años, en línea con el estatuto de la víctima del delito.

El texto endurece las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de 16 años. Asimismo, se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor. Por otra parte, se introduce como posible sujeto activo en el tipo penal de sustracción de personas menores de edad el progenitor que únicamente tenga en su compañía a la persona menor de edad en un régimen de estancias.

En línea con lo previsto en el anteproyecto, la nueva norma, conocida también como 'ley Rhodes', obligará a la creación de la figura del "coordinador de bienestar y protección" en los centros educativos, impulsará unidades específicas en las fuerzas de seguridad y se dará formación a jueces, se realizarán nuevos protocolos de prevención de obligado cumplimiento y se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia. Con esta ley, se garantizará a los niños y adolescentes víctimas de violencia los derechos a la información, el asesoramiento y el apoyo, a una atención integral, incluida la atención terapéutica, y a personarse en los procedimientos judiciales que se sigan.