La ley de infancia retrasará la prescripción de los delitos a menores hasta sus 30 años

Venezuela ha desplazado de la sesión de control al Gobierno en el Senado el brote de coronavirus e incluso la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern, a menos de 24 horas de que se produzca la primera reunión. El líder de los populares en la Cámara Alta, Javier Maroto, ha priorizado preguntar a Pedro Sánchez sobre el denominado 'Delcygate' en la segunda sesión de control al Ejecutivo y la primera a la que asiste el presidente del Gobierno en esta legislatura, para interesarse sobre si ordenó al ministro José Luis Ábalos "reunirse" con la vicepresidenta venezolana. Un tenso primer cara a cara en el cual el líder del grupo popular criticó al presidente por "mentir a todos todo el tiempo" después de que este argumentase que Ábalos optó por evitar una crisis diplomática asistiendo al aeropuerto de Barajas, donde aterrizó el pasado 20 de enero el avión en el que viajaba Delcy Rodríguez. Los gritos de "dimisión, dimisión" volvieron a escucharse desde la bancada popular.

Maroto ha recordado que la Justicia está investigando el caso y ha puesto en entredicho que el ministro Ábalos no haya dimitido. Reprochó también al presidente que la "mentira le salga gratis", asegurando también que las instrucciones al ministro de Transportes se habrían realizado directamente por el presidente del Gobierno. "Mentir sale muy barato a cualquier miembro de su Gobierno porque quien lo preside ha hecho de la mentira la forma de hacer política", concluyó el portavoz de los populares.

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El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también se ha estrenado este martes en su primera sesión de control en el Senado, donde se le han planteado dos cuestiones seguidas relativas a los casos de explotación sexual de menores tuteladas en centros públicos en las Islas Baleares y sobre los problemas del campo. Respecto a lo primero, que calificó de gravísimo, mostró su deseo de que se depuren todas las responsabilidades y que las investigaciones abiertas tanto por Fiscalía como por el defensor del pueblo "lleguen hasta el fondo".

En este contexto, Iglesias aprovechó para anunciar que la primera medida de su vicepresidencia será una ley de protección de la infancia y la adolescencia contra todas las formas de violencia. En ella se incluirá, como ya estaba previsto en el anteproyecto que no llegó a aprobarse por la disolución de las Cortes antes de las elecciones, el deber de todos de los ciudadanos de denunciar de forma inmediata si existen indicios de violencia ejercida contra los menores; se creará una figura de "coordinador de bienestar y protección" en los centros educativos; se crearán unidades específicas en las fuerzas de seguridad y se dará formación a jueces, se realizarán nuevos protocolos de prevención de obligado cumplimiento, se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia, y, finalmente, se legislará para que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores se cuente a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años de edad.

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Con este cambio, que ya recogía el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, la víctima podrá presentar acusación hasta que cumpla 45 años para los casos de delitos más graves —con penas de hasta 15 años—, y no hasta los 33 como ocurre con la ley vigente. "Hace ya tiempo que en nuestro país era necesaria una ley como esta que proteja la dignidad y los derechos de todos los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables, que es algo que nos debería preocupar a todos independientemente del color político", ha defendido Iglesias en el Senado, aun sin aportar las fechas en las que se aprobará en el Consejo de Ministros.